El plano no explorado de la seguridad jurídica en Bolivia: Del debido proceso al ordenamiento económico constitucional

Resumen

La Constitución boliviana de 2009 incluye la seguridad jurídica entre los principios que articulan la economía plural, ubicación que la separa de su función procesal tradicional y que no ha recibido tratamiento en la literatura jurídica nacional. El artículo revisa críticamente la producción normativa, jurisprudencial y doctrinal sobre ese principio, con el objetivo de analizar el contenido del principio en su dimensión económico-constitucional y de establecer el estado del desarrollo normativo del artículo 306.III entre 2009 y 2025. La revisión adoptó un enfoque cualitativo documental, apoyado en el método dogmático jurídico y en el análisis de contenido, sobre un corpus organizado en cuatro estratos, normativo, jurisprudencial, académico y metodológico, seleccionado mediante criterios explícitos de inclusión y codificado en cuatro categorías analíticas. Los resultados muestran que la jurisdicción constitucional reconoció dos planos del principio, uno procesal y otro económico, y que solo el primero recibió contenido delimitado, destinatarios identificados y régimen de exigibilidad definido. La Ley N.º 516 de Promoción de Inversiones incorporó el principio a su catálogo reproduciendo la fórmula acuñada por la jurisprudencia para el plano procesal, sin fijar procedimientos, responsables ni consecuencias por incumplimiento. Las entidades territoriales autónomas departamentales ejercen competencias exclusivas sobre promoción de la inversión privada sin criterios que permitan verificar la observancia del principio ni comparar prácticas entre departamentos. Se concluye que el plano económico constitucional de la seguridad jurídica constituye un objeto de estudio delimitable, aún sin tratar, y operacionalizable a escala departamental.