La garantía de motivación en la Constitución de la República del Ecuador como fundamento esencial del debido proceso: un análisis de sentencia

Resumen

El debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, se reconoce como un derecho fundamental que garantiza actuaciones judiciales y administrativas racionales, justas y susceptibles de control. Inmerso en sus garantías, la motivación de las decisiones públicas se erige como un elemento esencial para prevenir la arbitrariedad, asegurar la transparencia y fortalecer la tutela judicial efectiva. Una resolución motivada debe identificar las normas aplicables, justificar su pertinencia frente a los hechos acreditados y exponer un razonamiento claro que revele el itinerario argumentativo del juzgador. No obstante, diversos estudios han mostrado una brecha entre el mandato constitucional y la práctica judicial, en la que aún persisten decisiones con motivación aparente. En este escenario, la Sentencia No. 379-17-EP/22 de la Corte Constitucional constituye un referente para examinar el alcance de la garantía de motivación. El propósito de este artículo es analizar cómo el tribunal conceptualiza y aplica este requisito como componente estructural del debido proceso, reconstruyendo su sustento doctrinal y normativo, revisando los estándares constitucionales empleados y delimitando los criterios operativos que se proyectan hacia la judicatura y la litigación constitucional. El análisis muestra que la Corte reafirma la motivación como un elemento sustantivo para la validez de las decisiones y como parámetro central del control constitucional. Se evidencia, además, que la falta de motivación afecta la tutela judicial efectiva, habilita la acción extraordinaria de protección y obliga a la emisión de nuevas decisiones debidamente fundamentadas, asegurando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.