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Vol. 3 N° 2, julio-diciembre 2025 (56-66)
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Artículo de revisión
Acceso a la educación superior en Ecuador: una deuda de la
administración pública
Access to higher education in Ecuador: a debt of the public administration
Evelyn Karina Castillo Lluguay*
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
evelyn.castillo@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-6135-4510
Martha Lucía Romero Flores
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
martharomero@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6354-5321
*Correspondencia:
evelyn.castillo@unach.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Castillo, E., & Romero, M. (2025).
Acceso a
la educación superior en Ecuador: una
deuda de la administración pública.
Perspectivas Sociales y Administrativas, 3(2),
56-66. https://doi.org/10.61347/psa.v3i2.93
Recibido: 6 de junio de 2025
Proceso de evaluación:
7 de junio al 10 de julio de 2025
Aceptado: 12 de julio de 2025
Publicado: 18 de julio de 2025
Resumen: En Ecuador, el acceso a la educación superior sigue siendo condicionado por
profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales, lo que revela una deuda
pendiente de la administración pública para garantizar este derecho de manera
equitativa. La carencia de políticas efectivas, la insuficiente inversión y la falta de apoyo
a poblaciones vulnerables limitan las oportunidades educativas y profundizan las
brechas estructurales, impactando negativamente el desarrollo nacional. El presente
estudio tiene como objetivo analizar las barreras que obstaculizan el acceso a la educación
superior en Ecuador, con un enfoque particular en el papel y la responsabilidad de la
administración pública para asegurar la efectiva garantía de este derecho. Para ello, se
empleó un enfoque cualitativo y documental, basado en el análisis de normativas, datos
oficiales y literatura académica provenientes de entidades como la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de Educación Superior
y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Los principales
hallazgos indican que, pese a los avances normativos y los esfuerzos institucionales
realizados, persisten significativas brechas territoriales, deficiencias en el financiamiento
y mecanismos de admisión que resultan excluyentes. En consecuencia, el acceso a la
educación superior sigue siendo una asignatura pendiente para la administración
pública ecuatoriana, lo cual demanda la implementación de políticas más integrales,
inclusivas y sostenibles.
Palabras clave: Acceso a educación, administración pública, deuda, educación superior.
Abstract: In Ecuador, access to higher education continues to be conditioned by deep social,
economic, and territorial inequalities, revealing a pending debt owed by the public administration
to equitably guarantee this right. The lack of effective policies, insufficient investment, and a lack
of support for vulnerable populations limit educational opportunities and deepen structural gaps,
negatively impacting national development. This study aims to analyze the barriers that hinder
access to higher education in Ecuador, with a particular focus on the role and responsibility of the
public administration in ensuring the effective guarantee of this right. To this end, a qualitative
and documentary approach was employed, based on the analysis of regulations, official data, and
academic literature from entities such as the Secretariat of Higher Education, Science, Technology,
and Innovation, the Higher Education Council, and the Higher Education Quality Assurance
Council. The main findings indicate that, despite regulatory advances and institutional efforts,
significant territorial gaps, deficiencies in funding, and exclusionary admissions mechanisms
persist. Consequently, access to higher education remains a pending issue for the Ecuadorian
public administration, which demands the implementation of more comprehensive, inclusive, and
sustainable policies.
Keywords: Access to education,
debt, higher education, public administration.
Copyright: Derechos de autor 2025 Evelyn
Karina Castillo Lluguay, Martha Lucía
Romero Flores.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
El acceso a la educación superior en Ecuador constituye una problemática estructural que evidencia
las limitaciones de la administración pública para garantizar este derecho de forma equitativa e
inclusiva. A pesar de ciertos avances normativos y políticos, persisten barreras significativas que
restringen la igualdad de oportunidades, limitan la movilidad social y afectan el desarrollo sostenible
del país. Esta situación representa una deuda histórica del Estado con los sectores más vulnerables de
la población (Delgado et al., 2021).
A partir de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la promulgación de la Ley Orgánica
de Educación Superior (2010), se establecieron lineamientos orientados a democratizar el acceso y
mejorar la equidad en el sistema universitario. Estas reformas promovieron una mayor cobertura, la
gratuidad y la reducción de barreras de ingreso (Burneo & Godoy, 2020). No obstante, si bien se
incorporaron criterios de inclusión y justicia social, los resultados no han sido del todo satisfactorios.
La calidad, el acceso y la equidad continúan siendo desafíos estructurales que las políticas públicas no
han logrado superar (Moreno et al., 2023).
El sistema de admisión, basado en exámenes estandarizados, ha generado una aparente igualdad
formal, pero no una igualdad material. La evaluación exclusivamente intelectual no considera las
condiciones socioeconómicas, habilidades diversas ni el contexto territorial de los aspirantes, lo que
profundiza la inequidad y limita las posibilidades reales de acceso para estudiantes de sectores rurales
e indígenas (Mila et al., 2020). A esto se suma un sistema de asignación automática de cupos que ignora
vocaciones y preferencias, acentuando la desconexión entre oferta académica y necesidades
individuales.
Desde el plano jurídico, el marco constitucional vigente reconoce a la educación como un derecho
fundamental y establece al presupuesto público como instrumento para garantizar su cumplimiento.
Los artículos 26, 27 y del 350 al 356 de la Constitución de 2008 definen los principios que deben guiar
la asignación de recursos públicos, exigiendo transparencia, sostenibilidad fiscal y prioridad a los
derechos sociales (Montaño, 2025). A nivel internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales también reconocen la educación superior como un
derecho inherente, imponiendo al Estado la obligación de garantizar su disponibilidad, accesibilidad,
calidad y aceptabilidad (Zambrano et al., 2022).
Durante la pandemia de COVID-19, el Estado adoptó medidas para sostener la continuidad
educativa mediante recursos tecnológicos y estrategias de enseñanza virtual. Sin embargo, estas
acciones evidenciaron limitaciones estructurales como la brecha digital, la desigualdad regional y la
dependencia de plataformas privadas que condicionaron las prácticas pedagógicas, poniendo en
tensión el principio de igualdad en el acceso (Romero & Ojeda, 2024).
La problemática del acceso también está fuertemente condicionada por la gestión financiera del
sistema universitario. Los recortes presupuestarios y el predominio del gasto operativo que representa
aproximadamente el 78% del presupuesto universitario han limitado severamente la inversión en
investigación, innovación y desarrollo académico, que apenas alcanza el 5.2% (Carpio-Vanegas et al.,
2025). Esta distribución ineficiente restringe la calidad y sostenibilidad del sistema, impidiendo
responder adecuadamente a las demandas del mercado laboral y al desarrollo científico del país.
A su vez, la dependencia del financiamiento estatal, sumada a problemas estructurales como la
corrupción, la burocracia y la débil fiscalización del gasto, ha generado altos niveles de déficit
presupuestario y deuda pública. Esto compromete la sostenibilidad financiera de las universidades y
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debilita su capacidad de expansión y mejora de la infraestructura y servicios (Álvarez-Álava &
Chiriboga-Mendoza, 2023).
Las políticas de asignación de cupos limitados, diseñadas para gestionar la demanda frente a las
capacidades físicas de las instituciones, también han contribuido a perpetuar la desigualdad social.
Estudiantes de secundaria enfrentan presiones adicionales, como la preparación previa para exámenes
competitivos y la necesidad de recursos extraacadémicos, lo cual favorece a quienes cuentan con mayor
capital económico y cultural (Morales & Galarza, 2024).
En el contexto de reformas regionales, la LOES y sus modificaciones posteriores en 2018 reflejan un
proceso de creciente intervención estatal en la gobernanza universitaria. Estas reformas fortalecieron
organismos como el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, limitando la autonomía de las universidades y promoviendo mecanismos de
evaluación, regulación y control de calidad (Tandazo-Ren et al.,2025).
Si bien estos sistemas de evaluación buscan introducir criterios meritocráticos, en la práctica pueden
reproducir desigualdades existentes. La participación en procesos de acreditación y mejora depende
muchas veces de los recursos institucionales, lo que favorece a universidades mejor posicionadas y
genera una competencia desigual. Además, la implementación de estas reformas puede estar
condicionada por intereses políticos o económicos, lo cual limita su efectividad en garantizar una
verdadera equidad (Moreno & Muñoz, 2020).
En las zonas rurales y periféricas del Ecuador, los estudiantes enfrentan serias limitaciones para
acceder a la educación superior debido a la escasa presencia de instituciones, la falta de conectividad
digital, y la ausencia de programas de apoyo económico. Esta realidad evidencia la limitada capacidad
de la administración pública para implementar políticas focalizadas que respondan a las necesidades
específicas de estas poblaciones.
El presente estudio tiene como objetivo analizar las limitaciones del acceso a la educación superior
en Ecuador, examinando el papel y la responsabilidad de la administración pública en la garantía
efectiva de este derecho. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: en primer lugar, evaluar las
políticas públicas adoptadas por el Estado ecuatoriano entre los años 2014 y 2024 en relación con el
acceso equitativo a la educación superior; en segundo lugar, identificar las principales barreras
estructurales y socioeconómicas que dificultan el ingreso y la permanencia de los estudiantes en las
instituciones de educación superior; y, finalmente, examinar el grado de cumplimiento por parte de la
administración pública de su obligación constitucional de asegurar un acceso universal, gratuito y de
calidad a este nivel educativo.
2. Metodología
Este estudio adopta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico, basado en una revisión
documental de fuentes secundarias relevantes. Se analizaron normativas nacionales, literatura
académica y documentos oficiales emitidos por organismos como la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (2024), el Consejo de Educación Superior (2024) y el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2024). La información fue organizada
temáticamente en torno a las barreras de acceso a la educación superior, las políticas públicas
implementadas y el cumplimiento del marco legal, permitiendo una comprensión integral del rol de
la administración pública en la garantía de este derecho.
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3. Resultados
La Figura 1 presenta de forma cronológica los principales avances fomentados por la administración
pública para fortalecer el acceso, permanencia y calidad en la educación superior. Esta línea de tiempo
sintetiza las reformas normativas, los cambios en los sistemas de admisión, las políticas de acción
afirmativa, los programas de financiamiento focalizado y los procesos de evaluación institucional
desarrollados entre 2014 y 2024.
Figura 1
Reformas educativas en Ecuador periodo 2014-2014
En 2014 se instauró el examen ENES como mecanismo obligatorio de ingreso, el cual fue unificado
en 2017 con el examen “Ser Bachiller”, generando un sistema estandarizado de evaluación que cumplía
una doble función: graduación del bachillerato e ingreso universitario (Santana & Santana 2021). Sin
embargo, este modelo fue objeto de crítica por sus efectos excluyentes, lo que derivó en la propuesta
post 2020 de reemplazarlo por un sistema más integral que considerara tanto las calificaciones
escolares como las condiciones de vulnerabilidad, aunque su implementación se postergó por la
pandemia (Morales & Galarza, 2024). En paralelo, se avanzó en la formulación de políticas de acción
afirmativa y cuotas, como lo establece el acuerdo SENESCYT 2015-194, priorizando a poblaciones
históricamente discriminadas mediante el otorgamiento de becas calculadas sobre el costo real
promedio de la carrera. Este enfoque se consolidó con las reformas a la LOES en 2018, que eliminaron
esquemas de categorización excluyentes y promovieron una admisión basada en mérito, gratuidad y
equidad (Ruiz et al., 2024). Asimismo, durante 2018 y 2019, el CACES inició procesos de evaluación y
acreditación institucional bajo nuevos estándares que sustituyeron la categorización A/B/C por
parámetros de calidad en docencia, investigación, infraestructura y vinculación con la sociedad (Otero-
Potosi, 2023).
En cuanto al financiamiento focalizado, desde 2017 se ejecutaron programas como las Becas
“Naciones”, dirigidas a grupos prioritarios, mientras que en 2024 se lanzó el programa de becas
“Nuevo Ecuador”, que incluye iniciativas como Becas Futuro Femenino y TIC, orientadas a mujeres
vulnerables y pueblos originarios. Paralelamente, se fortaleció la gratuidad universitaria mediante el
financiamiento estatal, junto con la expansión territorial de la oferta académica a través de estrategias
interculturales como el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) y la creación
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de instituciones como la Universidad Nacional de Educación (UNAE). También se desarrolló el
sistema dual, que articula formación técnica con el sector productivo, facilitando el acceso territorial y
la inserción laboral (Quichimbo et al., 2023). Estas acciones reflejan un esfuerzo progresivo del Estado
ecuatoriano por garantizar el acceso equitativo, territorialmente distribuido y de calidad a la educación
superior, aunque persisten desafíos estructurales relacionados con la sostenibilidad financiera, la
implementación efectiva de políticas interculturales y la reducción de brechas socioeconómicas.
Principales barreras estructurales y socioeconómicas en la Educación Superior
La Figura 2 representa de forma conceptual las distintas barreras que limitan el acceso a la educación
superior en Ecuador, diferenciando entre obstáculos visibles e invisibles. En la parte superior, se
identifican las barreras visibles, correspondientes a obstáculos inmediatos como los exámenes de
admisión o la limitada disponibilidad de cupos. Estas dificultades, aunque evidentes, solo constituyen
la parte superficial del problema. Debajo de la superficie, se encuentran barreras mucho más profundas
y estructurales que, aunque menos visibles, son determinantes en la reproducción de la desigualdad
educativa.
Figura 2
Barreras para el acceso a la educación superior
Las barreras estructurales, ubicadas en el nivel intermedio de la figura, se refieren a problemáticas
sistémicas en la oferta educativa. Entre ellas destaca la desigualdad territorial, ya que la mayoría de las
universidades e institutos se concentran en zonas urbanas de la región Sierra y Costa, mientras que los
estudiantes de sectores rurales, amazónicos o insulares enfrentan obstáculos logísticos y económicos
para acceder a la formación presencial (Álvarez-Gamboa & Jácome- Barona, 2022). A esto se suma la
limitada capacidad institucional, que impone un número reducido de cupos en universidades públicas,
especialmente en carreras de alta demanda, provocando exclusión incluso entre aspirantes que
obtienen puntajes aceptables.
Así también, existe un déficit de articulación entre el bachillerato y la educación superior,
evidenciado en la falta de competencias básicas como lectura crítica o razonamiento lógico, lo que
afecta el rendimiento y la permanencia estudiantil (Campoverde et al., 2025). Finalmente, el acceso
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desigual a tecnologías, agudizado durante la pandemia de COVID-19, limita la participación plena de
estudiantes vulnerables en modalidades virtuales o híbridas (Nikolova, 2021).
En un nivel más profundo se encuentran las barreras socioeconómicas, relacionadas con
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad social. Muchos estudiantes se ven forzados a
abandonar sus estudios por la necesidad de trabajar y contribuir al ingreso familiar, mientras que los
costos indirectos (transporte, alimentación, conectividad) siguen representando un obstáculo, a pesar
de la gratuidad en la matrícula (De Sancho & Moreno, 2021). La falta de apoyo estatal sostenido, con
becas que no siempre cubren los gastos reales o que llegan de forma tardía, dificulta la planificación
educativa a largo plazo, además, persisten desigualdades de género y roles de cuidado, que afectan
particularmente a mujeres jóvenes, quienes asumen cargas domésticas o enfrentan maternidades
tempranas. A ello se suma la discriminación y exclusión social hacia estudiantes indígenas,
afroecuatorianos, personas LGBTIQ+ o con discapacidad, quienes pueden encontrar entornos
universitarios poco inclusivos, tanto a nivel físico como simbólico (Gerbaudo-Suárez, 2025).
En la base de la figura se sitúan las barreras culturales o simbólicas, que reflejan creencias y valores
que impactan negativamente la búsqueda educativa. En ciertos contextos familiares o comunitarios, la
educación superior no se percibe como una vía viable de movilidad social, especialmente cuando los
títulos universitarios no garantizan empleos dignos (Troiano et al., 2021). Asimismo, la falta de
orientación vocacional genera decisiones desinformadas al momento de escoger una carrera, lo cual
incrementa el riesgo de abandono académico.
Cumplimiento constitucional del acceso a la educación superior
La Constitución ecuatoriana reconoce a la educación como un derecho fundamental y establece que el
Estado debe garantizar el acceso universal, gratuito y de calidad a todos los niveles educativos,
incluida la educación superior (Arts. 26, 27, 350–356). Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento de
este mandato enfrenta diversas limitaciones.
La universalidad de la educación superior, a pesar de los esfuerzos realizados con la creación de
nuevas instituciones como la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y la implementación de
modelos interculturales para ampliar la cobertura, sigue enfrentando el desafío de que muchas personas
aún no pueden acceder a ella. Las universidades e institutos se concentran mayormente en zonas urbanas
de la Sierra y la Costa, lo que dificulta el ingreso de estudiantes de sectores rurales, amazónicos e
insulares. Además, la oferta limitada de cupos y los sistemas de admisión estandarizados siguen
excluyendo a aspirantes que, aunque capacitados, no logran ingresar debido a barreras estructurales.
En cuanto a la gratuidad, si bien el Estado ha promovido el acceso gratuito a las universidades
públicas, esta gratuidad no cubre todos los costos reales. Muchos estudiantes deben afrontar gastos
como transporte, alimentación o acceso a internet, que afectan especialmente a quienes viven en
condiciones de pobreza. Las becas estatales, aunque existen, no siempre alcanzan a cubrir estos costos
y, en algunos casos, llegan de forma tardía o insuficiente (De Sancho & Moreno, 2021).
En lo referente a la calidad, se han implementado procesos de evaluación y acreditación para
mejorar la educación superior, pero su aplicación ha sido desigual. Las universidades con mayores
recursos han podido adaptarse mejor a estos estándares, mientras que las instituciones más pequeñas
o con menos apoyo estatal enfrentan dificultades para cumplirlos. Además, la gestión pública ha
estado marcada por problemas como la falta de inversión en investigación (solo el 5.2% del
presupuesto) y una alta dependencia del financiamiento estatal, lo cual limita el desarrollo académico
y científico (Carpio-Vanegas et al., 2025).
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Por otro lado, la excesiva burocracia y los recortes presupuestarios han afectado la capacidad de las
universidades para responder a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. La administración
pública, aunque ha avanzado en el diseño de políticas y reformas, no ha logrado implementar de
manera efectiva acciones sostenidas que garanticen el cumplimiento integral del derecho a la
educación superior.
4. Discusión
Los resultados obtenidos evidencian que, pese al reconocimiento constitucional del acceso a la
educación superior como un derecho fundamental, la administración pública ecuatoriana no ha
logrado garantizar su cumplimiento pleno, universal y equitativo. Aunque se han desarrollado
importantes reformas legales y políticas públicas a partir de la Constitución de la República del
Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), persisten brechas estructurales,
económicas y territoriales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente para los
sectores históricamente marginados.
Desde el plano normativo, la administración pública ha desempeñado un papel central en el diseño
e implementación de políticas orientadas a ampliar la cobertura y promover la inclusión. Entre 2014 y
2024 se adoptaron medidas como la unificación de los sistemas de admisión, la implementación de
políticas de acción afirmativa, la distribución de becas focalizadas y la expansión territorial de la oferta
educativa (Ruiz et al., 2024) & (Quichimbo et al., 2023). Estas acciones reflejan una voluntad
institucional por atender la demanda creciente de acceso y disminuir la desigualdad educativa.
Sin embargo, los resultados del estudio muestran que el accionar de la administración pública ha
sido limitado en su capacidad de ejecución y seguimiento. La concentración geográfica de las
universidades e institutos en zonas urbanas continúa excluyendo a estudiantes de regiones rurales,
amazónicas e insulares, quienes enfrentan barreras logísticas, económicas y socioculturales para
ingresar y permanecer en el sistema de educación superior (Álvarez-Gamboa & Jácome-Barona, 2022).
Esta situación revela una falta de planificación territorial efectiva por parte del aparato estatal.
En términos económicos, la administración pública ha promovido la gratuidad de la matrícula en
las universidades públicas como política estructural. No obstante, esta medida resulta insuficiente si
no se acompaña de mecanismos que cubran los costos indirectos asociados al proceso educativo, como
transporte, conectividad o alimentación. Las becas estatales, si bien focalizadas, no siempre son
entregadas a tiempo ni en montos suficientes, lo cual afecta de manera significativa la permanencia de
estudiantes en situación de vulnerabilidad (De Sancho Alonso & Moreno, 2021). Esto pone en evidencia
debilidades en la gestión y sostenibilidad de las políticas de apoyo económico diseñadas por el sector
público.
Respecto a la calidad, los procesos de evaluación y acreditación promovidos por organismos
públicos como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2024) han
buscado establecer estándares institucionales mínimos (Otero-Potosi, 2023). Sin embargo, como
advierten Moreno y Muñoz (2020), estas iniciativas pueden reforzar desigualdades existentes si no se
acompañan de políticas diferenciadas de fortalecimiento institucional. La administración pública, en
este caso, enfrenta el reto de equilibrar las exigencias de calidad con la necesidad de garantizar
condiciones mínimas equitativas entre universidades con diferentes capacidades técnicas y
presupuestarias.
Además, la distribución del financiamiento público revela una gestión ineficiente. Un 78% del
presupuesto universitario se destina a gastos operativos, mientras que solo el 5.2% se invierte en
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investigación e innovación (Carpio-Vanegas et al., 2025), limitando el desarrollo científico, la
actualización curricular y la mejora de la calidad educativa. A ello se suman problemas estructurales
asociados a la burocracia, la débil fiscalización del gasto público y la centralización de decisiones,
factores que comprometen la eficiencia y eficacia de la administración estatal (Álvarez-Álava &
Chiriboga-Mendoza, 2023; Tandazo-Ren et al., 2025).
En este sentido, la administración pública ha demostrado avances en la formulación de políticas
educativas con enfoque inclusivo, pero enfrenta serias dificultades en su implementación efectiva,
evaluación continua y ajuste contextual. Como señalan Delgado et al. (2021), la inclusión educativa no
puede limitarse a un marco legal formal, sino que requiere estrategias integrales y sostenidas que
transformen las condiciones sociales, institucionales y culturales que generan exclusión.
5. Conclusiones
Las políticas públicas desarrolladas por la administración estatal entre 2014 y 2024 han representado
un esfuerzo progresivo por democratizar el acceso a la educación superior, mediante reformas al
sistema de admisión, acciones afirmativas, programas de becas y ampliación territorial de la oferta
académica. No obstante, si bien estas medidas han tenido impactos positivos en términos de cobertura
y normatividad, su implementación ha sido desigual y limitada frente a las condiciones estructurales
de exclusión.
El acceso a la educación superior en Ecuador continúa fuertemente condicionado por barreras
estructurales y socioeconómicas que reproducen desigualdades históricas. Entre estas destacan la
concentración geográfica de las instituciones, la escasa articulación entre educación media y superior,
la limitada capacidad institucional y la persistente brecha digital. A ello se suman factores económicos
como los costos indirectos de estudiar, la insuficiencia de becas y las responsabilidades familiares, que
afectan especialmente a mujeres, estudiantes rurales y de pueblos originarios.
Pese al mandato constitucional que establece el acceso universal, gratuito y de calidad como un
derecho garantizado, la administración pública no ha logrado cumplir de manera plena con esta
obligación. Si bien se ha avanzado en el plano legal y programático, los mecanismos de
implementación, financiamiento y evaluación presentan debilidades significativas. La alta
concentración del gasto en operaciones básicas, la baja inversión en investigación, y la aplicación
desigual de los procesos de evaluación de calidad han limitado la efectividad de las políticas. En
consecuencia, el acceso a la educación superior sigue siendo una deuda pendiente del Estado con
amplios sectores de la población ecuatoriana.
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ISSN: 3028-8983
Vol. 3 N° 2, julio-diciembre 2025 (56-66)
Perspectivas Sociales
y Administrativas
https://perspectivas.esprint.tech
Evelyn Karina Castillo Lluguay, Martha Lucía Romero Flores 66
Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Evelyn Karina Castillo Lluguay: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis
formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original,
redacción - revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, supervisión.
Martha Lucía Romero Flores: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, recursos, supervisión.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
