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ISSN: 3028-8983
Vol. 3 N° 1, enero-junio 2025 (110-121)
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Artículo de revisión
El derecho a la vivienda en el sector rural del Ecuador desafíos
estructurales para la equidad territorial
The right to housing in rural Ecuador: structural challenges for territorial
equity
José Ángel Rodríguez Ávalos*
Fundación Apoyando a Salir de la Pobreza -
Ecuador
Riobamba - Ecuador
presidencia@fundacionfaspe.org
https://orcid.org/0009-0004-5102-6558
Dennys Adrian Morales Echeverria
Profesional Independiente
Riobamba - Ecuador
abg.adrianmoralesecheverria@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-7798-353X
Catherine Belen Carvajal Granizo
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
catycarvajal1212@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2443-9336
*Correspondencia:
presidencia@fundacionfaspe.org
Cómo citar este artículo:
Rodríguez, J., Morales, D., & Carvajal, C.
(2025). El derecho a la vivienda en el sector
rural del Ecuador desafíos estructurales
para la equidad territorial. Perspectivas
Sociales y Administrativas, 3(1), 110-121.
https://doi.org/10.61347/psa.v3i1.82
Recibido: 27 de abril de 2025
Proceso de evaluación:
29 de abril al 14 de junio de 2025
Aceptado: 16 de junio de 2025
Publicado: 23 de junio de 2025
Resumen: En el sector rural del Ecuador, el derecho a una vivienda digna enfrenta
múltiples desafíos estructurales que profundizan la desigualdad territorial. Aunque la
Constitución de la República del Ecuador reconoce este derecho y existen marcos legales
como el COOTAD y la Ley de Vivienda de Interés Social, su cumplimiento sigue siendo
limitado. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y
electricidad afecta directamente a más del 50% de la población rural, donde además el
71,2% vive en pobreza multidimensional (INEC, 2025). La vivienda en el entorno rural
no solo cumple una función habitacional, sino que es el centro de la vida productiva,
social y cultural de las familias. Sin embargo, muchas viviendas están construidas con
materiales precarios, ubicadas en zonas de riesgo y carecen de condiciones mínimas de
habitabilidad. Esta situación evidencia la necesidad de una planificación territorial más
equitativa y de políticas públicas que respondan a las particularidades socioculturales
del campo. El Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025 plantea lineamientos para reducir
el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida rural, pero su implementación ha sido
desigual. Se requiere una visión integral del hábitat que articule infraestructura, acceso a
servicios, participación comunitaria y respeto por las formas de vida locales. Garantizar
una vivienda adecuada en el área rural no solo es una obligación legal, sino una estrategia
clave para superar la pobreza estructural, fomentar la cohesión social y avanzar hacia
una equidad territorial real y sostenible.
Palabras clave: Equidad territorial, pobreza estructural, ruralidad, vivienda.
Abstract: In rural areas of Ecuador, the right to adequate housing faces multiple structural
challenges that deepen territorial inequality. Although the Constitution of the Republic of
Ecuador recognizes this right and there are legal frameworks such as the COOTAD and the Law
on Social Interest Housing, their enforcement remains limited. The lack of access to basic services
such as drinking water, sanitation, and electricity directly affects more than 50% of the rural
population, where 71.2% also live in multidimensional poverty (INEC, 2025). Housing in rural
settings not only serves a residential purpose, but also functions as the center of families’
productive, social, and cultural life. However, many homes are built with precarious materials,
are located in risk-prone areas, and lack minimum habitability conditions. This situation
highlights the need for more equitable territorial planning and public policies that respond to the
sociocultural characteristics of rural areas. The 2024–2025 National Development Plan outlines
guidelines to reduce the housing deficit and improve rural quality of life, but its implementation
has been uneven. A comprehensive vision of habitat is needed—one that integrates infrastructure,
access to services, community participation, and respect for local ways of life. Ensuring adequate
housing in rural areas is not only a legal obligation but also a key strategy to overcome structural
poverty, foster social cohesion, and advance toward genuine and sustainable territorial equity.
Keywords: Territorial equity, structural poverty, rurality, housing.
Copyright: Derechos de autor 2025 José
Ángel Rodríguez Ávalos, Dennys Adrian
Morales Echeverria,
Catherine Belen
Carvajal Granizo.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
La vivienda es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución de la
República del Ecuador (2008), específicamente en el artículo 30, el cual asegura a cada individuo el
acceso a un hogar digno. Este principio es también respaldado por diversas normativas
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual reconoce la
necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado que contemple, además de la salud y el bienestar,
el acceso a una vivienda que cumpla con ciertos estándares de calidad (Naciones Unidas, 1948). De
acuerdo con este enfoque, el derecho a la vivienda no solo abarca la provisión de un espacio físico, sino
que también se refiere a la calidad de ese espacio, asegurando que sea seguro, adecuado y que
favorezca el desarrollo integral de las personas.
A pesar de la existencia de un marco legal que promueve el derecho a la vivienda, las zonas rurales
de Ecuador enfrentan grandes obstáculos en cuanto al acceso a una vivienda adecuada. La falta de
infraestructura básica, como agua potable, electricidad y saneamiento, es una de las principales
barreras que afecta a estas comunidades. Además, las políticas públicas destinadas a mejorar las
condiciones de vida en estas áreas a menudo no logran abordar de manera efectiva las desigualdades
estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión social. Esta situación resalta la necesidad urgente
de políticas más inclusivas y sostenibles que garanticen la equidad territorial y el acceso a servicios
básicos en todo el país (Montiel & Morales, 2024).
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022, más del 50% de la población rural en el
Ecuador no tiene acceso a condiciones adecuadas de agua potable, alcantarillado ni electricidad, lo que
afecta de manera directa la calidad de vida de estas comunidades y perpetúa las desigualdades
existentes entre las zonas urbanas y rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2022).
Esta desigualdad territorial es un reflejo de las profundas brechas que aún existen en el acceso a
servicios básicos y en la distribución de los recursos, lo que limita el ejercicio de derechos
fundamentales para los habitantes de estas áreas.
La desigualdad rural en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino que es un patrón que se repite en
varias zonas rurales de América Latina, donde la pobreza y la exclusión social son factores
determinantes para el acceso a viviendas adecuadas. Según Vásquez, (2022) la falta de infraestructura
adecuada, la discriminación económica y la inadecuada distribución de recursos son causas
estructurales que afectan directamente a las comunidades rurales, profundizando la brecha entre los
centros urbanos y las áreas periféricas. Estos factores contribuyen a que las comunidades rurales
permanezcan rezagadas en términos de desarrollo urbano y social.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024–2025 enfatiza la
urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales del país, especialmente en
lo relativo a la vivienda y el acceso a servicios básicos. Este plan destaca la importancia de la equidad
territorial, que debe garantizar el derecho a una vivienda digna no solo en las áreas urbanas, sino
también en las rurales, donde la población más vulnerable continúa enfrentando importantes
obstáculos para acceder a este derecho. Mediante políticas públicas inclusivas, el Estado ecuatoriano
busca cerrar la brecha entre las zonas urbanas y rurales, promoviendo la sostenibilidad y la resiliencia
territorial (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda [MIDUVI], 2023).
Este estudio tiene como objetivo principal analizar los desafíos estructurales que enfrenta el
Ecuador rural en la garantía del derecho a la vivienda digna, mediante la revisión del marco normativo
nacional, el examen de las políticas públicas vigentes y la interpretación de los indicadores sociales que
reflejan las condiciones de pobreza, desigualdad y déficit habitacional en estas zonas. El propósito es
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identificar las barreras persistentes que limitan el cumplimiento efectivo de este derecho fundamental
y proponer enfoques integrales que fortalezcan el acceso universal a viviendas adecuadas y servicios
básicos en contextos rurales, promoviendo así una mayor equidad territorial.
En este marco, los objetivos secundarios permiten abordar el problema desde diferentes
dimensiones. En primer lugar, se plantea analizar el alcance del principio de equidad territorial en el
marco legal ecuatoriano, con énfasis en su aplicación en la distribución de recursos y servicios públicos
en las zonas rurales. Este análisis busca identificar las limitaciones estructurales que impiden una
implementación efectiva de este principio y que contribuyen a la persistencia de disparidades
territoriales.
En segundo lugar, se propone examinar las políticas públicas relacionadas con la vivienda rural que
han sido formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025. Se pretende evaluar su orientación
estratégica, cobertura territorial e implementación práctica, con el fin de establecer en qué medida estas
políticas responden a las necesidades habitacionales de la población rural y si promueven un
desarrollo justo y sostenible.
Finalmente, se busca interpretar los indicadores de pobreza, desigualdad y déficit habitacional en
las zonas rurales del Ecuador, a fin de comprender cómo estas condiciones estructurales afectan el
ejercicio del derecho a la vivienda digna y perpetúan la inequidad territorial. Este objetivo permitirá
relacionar los datos estadísticos disponibles con las brechas existentes en el ámbito rural,
proporcionando evidencia empírica que respalde propuestas de mejora en la política pública y la
gestión territorial del entorno rural.
Equidad Territorial
La equidad territorial es un principio fundamental que busca garantizar una distribución justa y
equilibrada de los recursos, servicios y oportunidades entre las diversas regiones de un país,
promoviendo así el desarrollo sostenible y la cohesión social (Lopez-Mallama et al., 2023). En el
contexto ecuatoriano, este principio está respaldado por un marco normativo robusto que establece
directrices claras para su implementación. La carta magna, consagra la equidad territorial como un
componente esencial del Estado, el artículo 238 establece que los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) se rigen por principios como la solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Estos principios orientan la organización y funcionamiento de los GAD, asegurando que todas las
regiones del país tengan acceso equitativo a los recursos y servicios necesarios para su desarrollo.
Complementando lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (2010) desarrolla mecanismos
específicos para promover la equidad territorial. El artículo 2 del COOTAD señala como uno de sus
objetivos la organización territorial del Estado ecuatoriano de manera equitativa y solidaria, buscando
compensar las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las distintas circunscripciones
territoriales. Asimismo, el artículo 3 establece el principio de equidad interterritorial, garantizando que
la organización territorial del Estado, así como la asignación de competencias y recursos, aseguren el
desarrollo equilibrado de todos los territorios y el acceso igualitario a los servicios públicos (Pantaleón,
2024).
Para operacionalizar estos principios, el COOTAD introduce el Modelo de Equidad Territorial, un
mecanismo que regula la asignación de recursos del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD). Según el artículo 189, los GAD reciben el 21 % de los ingresos
permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del presupuesto nacional. Estos recursos se
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distribuyen entre los GAD en función de criterios establecidos en el artículo 192, que incluyen: tamaño
de la población, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, avances en la mejora de los
niveles de vida, esfuerzo fiscal, capacidad administrativa y cumplimiento de metas. Estos criterios
buscan garantizar una distribución equitativa de los recursos, tomando en cuenta las particularidades
y necesidades de cada territorio.
Además, la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece varios principios
fundamentales relacionados con el Buen Vivir. En el artículo 12 se reconoce al Buen Vivir (Sumak
Kawsay) como el objetivo supremo del Estado, orientado a la realización integral de las personas y
comunidades. Por su parte, el artículo 15 garantiza a todas las personas el acceso a servicios básicos,
promoviendo la equidad territorial y el desarrollo sostenible. Estos principios se fortalecen con la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo establecido por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (2018), que establece que todas las decisiones relacionadas con el
territorio deben buscar garantizar la igualdad de oportunidades para aprovechar opciones de
desarrollo sostenible y acceso a servicios básicos, asegurando así el Buen Vivir. Este marco integral
pretende promover un desarrollo equilibrado y sostenible en todas las regiones del país, en
consonancia con los principios constitucionales de equidad y bienestar social.
En regiones especiales como provincias insulares, zonas fronterizas, territorios amazónicos y
aquellas con condiciones geográficas, ambientales y socioeconómicas particulares, se han establecido
mecanismos específicos para garantizar la equidad territorial. Por ejemplo, en la provincia de
Galápagos opera el Fondo de Equidad Territorial, creado mediante el Acuerdo Ministerial 059 del
Ministerio de Economía y Finanzas (2023). Este fondo tiene como propósito asegurar una asignación
justa de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) locales. Anualmente, su cálculo
se realiza mediante una fórmula que considera criterios como la población, el cumplimiento de metas
de desarrollo sostenible y la calidad de los servicios básicos. Estos mecanismos buscan asegurar que
las áreas con desafíos únicos o limitaciones estructurales reciban los recursos necesarios para fomentar
un desarrollo integral, inclusivo y sostenible (Muñoz-Torres, 2023).
La equidad territorial en Ecuador está respaldada por un sólido marco normativo que establece
principios fundamentales y mecanismos concretos para su aplicación efectiva. Instrumentos jurídicos
como la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,
junto con otras normativas complementarias, proporcionan las bases legales para avanzar hacia un
desarrollo equilibrado y equitativo en todas las regiones del país. Este marco jurídico asegura que
todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso justo y equitativo a los
recursos, oportunidades y servicios esenciales para mejorar su calidad de vida y alcanzar el bienestar
general.
Políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo
Las políticas públicas en Ecuador dirigidas al acceso a la vivienda se sustentan en diversos
instrumentos normativos y planes estratégicos, con el propósito principal de reducir las brechas
históricas que afectan a las zonas rurales del país. La Constitución de la República del Ecuador
reconoce el derecho a una vivienda digna como fundamental, destacando la responsabilidad del
Estado de garantizar condiciones habitacionales adecuadas para todos los ciudadanos. Estas políticas
están diseñadas para abordar de manera integral las necesidades habitacionales, enfrentando desafíos
históricos y promoviendo un desarrollo urbano y rural equilibrado que asegure el acceso universal a
viviendas adecuadas y dignas (Mora et al., 2024).
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El derecho a una vivienda adecuada está reconocido en el artículo 30 de la Constitución de la
República del Ecuador y se encuentra respaldado por leyes como el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (2010), la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo (2018) y la Ley de Vivienda de Interés Social (2010). Sin embargo,
el cumplimiento efectivo de este derecho continúa siendo desigual. Las zonas rurales enfrentan
múltiples desafíos estructurales que limitan el acceso a condiciones de vida dignas, como lo evidencian
los datos del INEC: el 43,3 % de la población rural vive en pobreza por ingresos, el 50,8 % presenta al
menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), y el 71,2 % se encuentra en situación de pobreza
multidimensional. Estos indicadores reflejan la persistente desigualdad territorial y la urgente
necesidad de fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso universal a la vivienda y a
servicios básicos esenciales en contextos rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC],
2025).
En respuesta a esta problemática, el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025 establece lineamientos
estratégicos para garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente en sectores rurales y de
bajos recursos. Dentro del eje de bienestar, la Política 1.8 tiene como objetivo principal ampliar el acceso
a soluciones habitacionales adecuadas mediante la implementación de normas técnicas para
asentamientos humanos, instrumentos de planificación territorial y mecanismos de articulación
interinstitucional. Las estrategias vinculadas a esta política buscan mejorar el acceso físico y legal a la
vivienda, así como promover el uso sostenible del suelo y una gestión territorial que respete los
contextos locales y sus dinámicas específicas (Landázuri-Espinoza, 2024).
Más allá del marco nacional, diversos estudios científicos destacan que las políticas de vivienda
rural deben abordarse de manera integral, considerando no solo factores estructurales, sino también
sociales, culturales y ambientales. Égüez-Valdivieso y Durán-Chávez (2024) señalan que el concepto
de vivienda digna no puede limitarse a la construcción física, sino que debe incluir el acceso efectivo y
sostenible a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, energía, conectividad digital y
espacios saludables. Esta visión sistémica permite comprender la vivienda como parte de un hábitat
más amplio, que impacta directamente en el bienestar, la productividad y la salud de las comunidades
rurales.
Por su parte, López (2021) sostiene que el rezago habitacional en el ámbito rural no solo se debe a
carencias económicas, sino también a una prolongada debilidad institucional, caracterizada por la falta
de planificación territorial efectiva, la escasa coordinación entre niveles de gobierno y la ausencia de
políticas públicas diferenciadas. En este sentido, se propone un enfoque territorial que incluya la
participación activa de las comunidades, la planificación multinivel y la incorporación de criterios de
equidad estructural para superar las desigualdades históricas.
A nivel internacional, organismos como ONU-Hábitat (2020) y el Banco Mundial (2021) han
señalado que el desarrollo habitacional en zonas rurales debe integrarse dentro de un enfoque integral
de desarrollo territorial. Esto implica considerar la interrelación entre vivienda, movilidad, medios de
vida, gestión de riesgos, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. En particular, se
resalta la necesidad de diseñar soluciones culturalmente adecuadas para poblaciones indígenas y
campesinas, cuyas formas de vida requieren modelos habitacionales distintos a los urbanos.
Las políticas públicas dirigidas a la vivienda rural en Ecuador deben ir más allá de la simple
provisión de infraestructura y adoptar un enfoque integral de hábitat. Esto requiere fortalecer la
coordinación institucional, modernizar las metodologías para medir el déficit habitacional, incorporar
estándares internacionales como los de ONU-Hábitat, y aplicar modelos de intervención con enfoque
territorial, intercultural y participativo. Solo de esta manera será posible garantizar el acceso efectivo
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a una vivienda digna como derecho humano y como pilar fundamental para el desarrollo sostenible
del país.
Vivienda y pobreza rural
La relación entre vivienda y pobreza rural constituye una de las manifestaciones más evidentes de la
desigualdad estructural en América Latina y, en particular, en Ecuador. En el contexto rural, la
vivienda no solo cumple una función habitacional, sino que también es el núcleo de las actividades
productivas, sociales y culturales de las familias. Por ello, su calidad, ubicación y acceso a servicios
básicos inciden directamente en las condiciones de vida, la salud, la seguridad alimentaria y la
capacidad productiva de los hogares rurales (López, 2023).
En Ecuador, las cifras oficiales revelan una situación crítica: el 50,8 % de la población rural presenta
al menos una necesidad básica insatisfecha y más del 71 % se encuentra en situación de pobreza
multidimensional, lo que implica privaciones en salud, educación, trabajo digno y acceso a servicios
como agua potable y saneamiento (INEC, 2025). Además, el déficit habitacional rural es especialmente
grave en términos cualitativos, pues muchas viviendas están construidas con materiales precarios,
carecen de condiciones mínimas de habitabilidad y se ubican en zonas de difícil acceso o con riesgo
geológico (INEC, 2025; Toro, 2020).
La pobreza rural, en este sentido, no puede abordarse de forma aislada respecto a la problemática
habitacional. Numerosos estudios señalan que la vivienda adecuada es un determinante social clave
del desarrollo humano, pues influye en la capacidad de las personas para estudiar, trabajar, cuidar su
salud y protegerse frente a los efectos del cambio climático (García-Vélez & Contreras, 2019). Por lo
tanto, garantizar el acceso a una vivienda digna en zonas rurales no solo mejora las condiciones físicas
de los hogares, sino que actúa como una plataforma para superar la pobreza y promover la equidad
territorial. Asimismo, la falta de inversión sostenida en infraestructura y servicios rurales ha
perpetuado ciclos de exclusión, agravando la brecha urbano-rural. Según Proaño-Escandón et al.
(2020), la vivienda rural debe ser entendida como parte de un sistema territorial más amplio que
incluye caminos, servicios de salud, escuelas, conectividad digital y acceso a mercados. Sin estas
condiciones complementarias, las intervenciones en vivienda corren el riesgo de ser insuficientes o
insostenibles en el tiempo.
El Estado ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales, ha reconocido
esta realidad e intenta establecer mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda con un enfoque
territorial. Sin embargo, aún persisten retos importantes en cuanto a la implementación efectiva, la
participación comunitaria en los procesos de planificación y la generación de modelos habitacionales
adaptados a las culturas y necesidades locales. La evidencia internacional sugiere que los programas
exitosos de vivienda rural son aquellos que integran financiamiento asequible, asistencia técnica en
autoconstrucción, y que respetan los patrones culturales y ambientales de las comunidades (Waters et
al., 2020).
Abordar la pobreza rural en Ecuador implica ir más allá de la entrega de viviendas. Se requiere una
visión del hábitat rural, basada en la sostenibilidad, la equidad y la participación, donde la vivienda
funcione como un eje articulador del desarrollo humano y territorial. Garantizar condiciones
habitacionales adecuadas en el ámbito rural no es solo una obligación legal y ética, sino también una
estrategia necesaria para romper los ciclos de pobreza persistente que afectan a miles de familias
campesinas e indígenas en el país.
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2. Metodología
La metodología empleada en este artículo es de carácter mixto, sustentada en un análisis estadístico,
documental y descriptivo. Se realizó una revisión sistemática de fuentes secundarias, que incluyó
legislación vigente, planes estratégicos como el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025, datos
estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI). Además, se incorporaron estudios científicos de diversos autores y
documentos de organismos internacionales como ONU-Hábitat y el Banco Mundial. Esta revisión
permitió construir una visión integral sobre las brechas estructurales que afectan el acceso a la vivienda
en zonas rurales y evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
3. Resultados
La tabla 1 presenta un resumen de indicadores clave sobre pobreza, desigualdad y déficit habitacional
en Ecuador, con énfasis en el área rural. Estos datos evidencian las marcadas brechas territoriales y
permiten comprender cómo las condiciones estructurales afectan el ejercicio del derecho a la vivienda
digna en el país.
Tabla 1
Pobreza, Desigualdad y Déficit Habitacional en Ecuador
Categoría Indicadores clave y resultados principales Fuente documental
Pobreza por ingresos
Nacional: 28%. Mayor pobreza en zonas
rurales (43,3%) frente a urbanas (20,9%).
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2025).
Pobreza extrema
Nacional: 12,7%. En zonas rurales alcanza
27%, significativamente superior al urbano
(6%).
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2025).
Desigualdad de ingresos
Índice de Gini nacional: 0,463; desigualdad
alta tanto en áreas urbanas (0,446) como
rurales (0,463).
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2025).
Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)
Nacional: 32,4%; urbano: 23,8%; rural:
50,8%, mostrando una marcada disparidad
territorial.
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2025).
Pobreza multidimensional
Nacional: 40,8%. Zonas rurales en situación
crítica (71,2%), muy superior a las zonas
urbanas (26,6%).
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2025).
Déficit habitacional
Total nacional: 56,71% en 2023.
Mayoritariamente déficit cualitativo
(42,48%); déficit cuantitativo (viviendas
irrecuperables) de 14,23%.
Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda [MIDUVI] (2024).
Marco normativo sobre
vivienda
Constitución de la República del Ecuador,
COOTAD, LOOTUGS y Ley Orgánica de
Vivienda de Interés Social respaldan
vivienda digna, hábitat seguro, acceso
equitativo y desarrollo territorial integral.
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Metodología déficit
habitacional
Metodología actual limitada al stock
habitacional; ignora nuevos hogares y
presenta alta subjetividad. Propuesta
recomienda estándares internacionales
(ONU-Hábitat, 2020).
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2024)
Recomendaciones clave
Fortalecer coordinación institucional,
implementar metodologías técnicas
mejoradas y actualizar constantemente
políticas habitacionales con enfoque
territorial y sostenible.
Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda [MIDUVI] (2024);
Instituto Nacional de Estadística y
Censos [INEC] (2024).
4. Discusión
Los resultados obtenidos evidencian las profundas desigualdades estructurales que persisten en el
acceso a la vivienda en las zonas rurales del Ecuador. A pesar del reconocimiento constitucional del
derecho a una vivienda digna (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y de la existencia de
marcos normativos complementarios como el COOTAD, la LOOTUGS y la Ley de Vivienda de Interés
Social, el cumplimiento efectivo de este derecho continúa siendo limitado. Estudios recientes indican
que la planificación territorial y la distribución de recursos han sido insuficientes para revertir el rezago
habitacional estructural en estas áreas (Arteaga, 2023; Égüez-Valdivieso & Durán-Chávez, 2024). El
déficit habitacional, que alcanza un 56,71 %, principalmente de carácter cualitativo, refleja la
precariedad de las viviendas y la baja efectividad de las políticas implementadas (MIDUVI, 2024).
Asimismo, los indicadores de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas (NBI)
revelan una marcada disparidad entre lo urbano y lo rural. El 71,2 % de pobreza multidimensional en
zonas rurales refleja privaciones acumuladas en dimensiones como salud, educación, trabajo y acceso
a servicios básicos (INEC, 2025). Según Medeiros (2020), el acceso a una vivienda digna es un factor
determinante del bienestar integral, pues influye directamente en la capacidad de las personas para
estudiar, trabajar y mantener su salud física y mental. En este sentido, la vivienda no debe considerarse
de manera aislada, sino como parte de un sistema de hábitat que requiere intervenciones
multisectoriales.
El análisis del principio de equidad territorial muestra que, aunque la legislación ecuatoriana
contempla mecanismos redistributivos como el Modelo de Equidad Territorial (COOTAD, 2010), su
aplicación práctica ha sido desigual. Ferro et al. (2023) sostiene que la utilización de criterios técnicos
para la asignación de recursos no ha sido suficiente para superar las condiciones de exclusión histórica
que afectan a los territorios rurales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de
planificación intergubernamental y la participación ciudadana. En este sentido, Loja-Llano y Castillo-
Ortega (2024) destacan que la descentralización debe estar respaldada por recursos adecuados y
capacidades institucionales locales para alcanzar resultados efectivos en términos de equidad
territorial.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025 representa un avance normativo al incorporar una política
específica sobre vivienda rural digna, con un enfoque en sostenibilidad, planificación del suelo y
articulación interinstitucional. Sin embargo, Égüez-Valdivieso y Durán-Chávez (2024) advierten que
persisten vacíos en la implementación efectiva de estas estrategias, debido a la fragmentación
institucional, la baja cobertura de los programas y la falta de modelos habitacionales diferenciados. Por
su parte, Vélez-Tamay et al. (2021) señalan que el concepto de vivienda digna debe incluir el acceso
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sostenible a agua, saneamiento, energía y conectividad digital, aspectos cruciales en contextos rurales
para garantizar un hábitat funcional y seguro.
Desde una perspectiva crítica, Rodríguez (2021) sostiene que el rezago habitacional no es solo
consecuencia de la pobreza, sino también de una histórica debilidad institucional, caracterizada por la
escasa coordinación entre niveles de gobierno y la falta de un enfoque territorial diferenciado. En este
contexto, Rodríguez y Rodríguez (2025) argumentan que las soluciones deben adaptarse a los contextos
culturales y geográficos de cada territorio, integrando infraestructura, movilidad, salud y educación
como componentes esenciales de la vivienda rural. De lo contrario, las intervenciones corren el riesgo
de ser ineficaces o insostenibles a largo plazo.
A nivel internacional, ONU-Hábitat (2020) y Waters et al. (2020) recomiendan un enfoque integral
de desarrollo territorial que considere la vivienda como eje central del bienestar. Estos organismos
destacan que los programas exitosos de vivienda rural combinan la participación comunitaria, el
financiamiento accesible, la autoconstrucción asistida y el respeto por las prácticas culturales. En este
sentido, Ecuador puede aprender de experiencias comparadas en América Latina, donde se han
implementado modelos adaptados a contextos rurales e indígenas.
Garantizar el derecho a la vivienda en el Ecuador rural requiere una visión integral del hábitat,
basada en políticas públicas sostenibles, participativas y culturalmente pertinentes. La vivienda debe
concebirse como un derecho humano que articula diversas dimensiones del desarrollo humano y
territorial. Para superar las brechas actuales, es necesario fortalecer la gobernanza multinivel,
actualizar el marco normativo y asegurar un compromiso político que priorice la inversión pública en
territorios históricamente excluidos (Guerrero, 2024; Rodriguez-Camacho, 2024).
5. Conclusiones
Persisten brechas estructurales en el acceso a la vivienda rural, a pesar del reconocimiento constitucional del
derecho a una vivienda digna y de la existencia de marcos normativos como el COOTAD, la LOOTUGS y la
Ley de Vivienda de Interés Social. La pobreza multidimensional, el déficit habitacional y las necesidades
básicas insatisfechas continúan afectando a gran parte de la población rural.
La equidad territorial, aunque está contemplada en la legislación ecuatoriana, no se ha
materializado plenamente en la distribución de recursos y servicios públicos, debido a una
implementación deficiente, limitada articulación intergubernamental y falta de capacidades técnicas y
financieras en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025 constituye un avance importante al incluir políticas
específicas para la vivienda rural, sin embargo, su efectividad se ve comprometida por la baja cobertura
de los programas, la fragmentación institucional y la escasa adaptación de las soluciones habitacionales
a los contextos socioculturales y geográficos locales.
Garantizar el derecho a la vivienda en contextos rurales exige un enfoque integral de hábitat, que
incluya acceso a servicios básicos, participación comunitaria, planificación territorial, sostenibilidad
ambiental y respeto a las culturas locales. Esto requiere voluntad política, financiamiento suficiente, y
la adopción de modelos basados en buenas prácticas internacionales.
En trabajos futuros, se analizará la construcción de viviendas en el Ecuador, en los periodos
presidenciales desde 1988 hasta el 2024 ¿verdades incómodas? Además, se realizará una propuesta
acerca de solución de la construcción de las viviendas en el Ecuador, ¿Cómo utilizar todos los recursos
que no han sido considerados por parte del estado?
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
José Ángel Rodríguez Ávalos: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, recursos, supervisión.
Dennys Adrian Morales Echeverria: Conceptualización, software, validación, análisis formal,
investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos, supervisión.
Catherine Belen Carvajal Granizo: Conceptualización, metodología, software, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
