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ISSN: 3028-8983
Vol. 3 N° 1, enero-junio 2025 (98-109)
98
Artículo de revisión
El impacto del conflicto armado interno en el derecho a la
educación infantil en Ecuador
The impact of the internal armed conflict on the right to education for children
in Ecuador
Esteban Patricio Cáceres Castro*
Profesional Independiente
Riobamba - Ecuador
estebancacerescastro@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-6606-9045
Lorena María Coba Quintana
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ambato - Ecuador
lmcoba@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9810-0074
Andrea Isabel Durán Goyes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ambato - Ecuador
aduran@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-6044-5393
Piedad del Rocío Chica Calle
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
piedad.chica@funcionjudicial.gob.ec
https://orcid.org/0009-0001-4661-1224
*Correspondencia:
estebancacerescastro@gmail.com
Cómo citar este artículo:
Cáceres, E., Coba, L., Durán, A., & Chica, P.
(2025).
El impacto del conflicto armado
interno en el derecho a la educación infantil
en Ecuador.
Perspectivas Sociales y
Administrativas, 3(1), 98-109.
https://doi.org/10.61347/psa.v3i1.80
Recibido: 5 de mayo de 2025
Proceso de evaluación:
7 de mayo al 10 de junio de 2025
Aceptado: 11 de junio de 2025
Publicado: 19 de junio de 2025
Resumen: Desde 2023, Ecuador vive un contexto inédito de conflicto armado interno
declarado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111, que reconoce la amenaza
del crimen organizado y su influencia en el deterioro de la seguridad nacional. Este
escenario ha provocado una creciente presencia militar en espacios civiles, incluidas las
escuelas, generando afectaciones directas al derecho a la educación. La violencia,
especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas y Manabí, ha provocado el cierre
de escuelas, el desplazamiento forzado de familias, el reclutamiento infantil y el
incremento de la inseguridad en entornos escolares. Estas situaciones vulneran
gravemente el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños, afectando su derecho
a una educación segura, continua y de calidad. A pesar de que este derecho está
garantizado por la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como la
Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, las respuestas estatales han sido insuficientes,
centradas en la seguridad y no en enfoques integrales que incluyan salud mental,
protección social y participación infantil. El artículo plantea la urgencia de políticas
públicas que respondan a esta crisis con una visión holística centrada en el interés
superior del niño.
Palabras clave: Conflicto armado interno, derecho a la educación, niñez, violencia
escolar.
Abstract: Since 2023, Ecuador has been experiencing an unprecedented context of internal armed
conflict, officially declared through Executive Decree No. 111, which acknowledges the threat
posed by organized crime and its influence on the deterioration of national security. This situation
has led to an increased military presence in civilian spaces, including schools, directly affecting
the right to education. Violence, particularly in provinces such as Esmeraldas, Guayas, and
Manabí, has resulted in school closures, forced displacement of families, child recruitment, and
growing insecurity in educational environments. These conditions severely undermine the
emotional, cognitive, and social development of children, jeopardizing their right to safe,
continuous, and qua
lity education. Although this right is guaranteed by the Ecuadorian
Constitution and international treaties such as the Convention on the Rights of the Child and the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, state responses have been
insufficient—focused mainly on security rather than on comprehensive approaches that include
mental health, social protection, and child participation. This article highlights the urgent need for
public policies that address the crisis through a holistic vision centered on the best interests of the
child.
Keywords: Childhood, internal armed conflict, right to education, school violence.
Copyright: Derechos de autor 2025 Esteban
Patricio Cáceres Castro, Lorena María Coba
Quintana, Andrea Isabel Durán Goyes,
Piedad del Rocío Chica Calle.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
Ecuador atraviesa desde 2023 un contexto inédito de conflicto armado interno, declarado oficialmente
por el Estado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111, en el que se reconoce la existencia de una amenaza
grave a la seguridad nacional debido al accionar de bandas criminales organizadas, muchas de ellas
vinculadas al narcotráfico y al crimen transnacional. Esta declaratoria, inusual en la historia reciente
del país, marcó un punto de inflexión en la política de seguridad nacional y tuvo como consecuencia
una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en espacios civiles, incluyendo comunidades y centros
educativos. El conflicto, lejos de limitarse a un escenario bélico tradicional, responde a dinámicas más
complejas que involucran redes delictivas, estructuras de poder paralelo y la disputa territorial entre
grupos criminales (Presidencia de la República del Ecuador, 2023).
Este fenómeno no ha surgido de manera espontánea. Durante las últimas dos décadas, el Ecuador ha
experimentado transformaciones socioeconómicas y geopolíticas que han favorecido la consolidación de
economías ilegales, especialmente en zonas fronterizas, puertos y corredores estratégicos para el tráfico
de drogas. A pesar de los esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad pública, el avance de las
bandas criminales ha desbordado las capacidades de respuesta del Estado, generando una crisis de
seguridad con implicaciones profundas en el tejido social (Lara et al., 2024).
La creciente violencia en Ecuador ha generado un grave deterioro de la seguridad ciudadana,
especialmente en provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En estos territorios,
escuelas han sido cerradas por amenazas, utilizadas como refugios o militarizadas, lo cual altera
profundamente la dinámica educativa. Docentes y estudiantes han sido testigos o víctimas de hechos
violentos, lo que ha provocado ausencias forzadas, alteración de contenidos curriculares y temor
generalizado (Pontón & Rivera, 2024). La proximidad de bandas criminales a centros escolares ha
comprometido la asistencia regular y afectado la calidad del aprendizaje. Los niños son los más
perjudicados, ya que su derecho a una educación continua y segura ha sido vulnerado. En contextos
de conflicto, la infancia sufre interrupciones en su desarrollo emocional y cognitivo, lo cual limita sus
oportunidades futuras. Además, se han documentado casos de reclutamiento forzado, desplazamiento
interno y violencia psicológica en el entorno escolar (InSight Crime, 2022). Estos fenómenos perpetúan
dinámicas de exclusión y desigualdad a largo plazo.
La educación, entendida como un derecho humano fundamental, tiene una función protectora en
contextos de violencia. El derecho a la educación está consagrado en la Constitución de la República del
Ecuador (2008), particularmente en sus artículos 26, 27 y 44, que reconocen a la educación como un
derecho irrenunciable y una prioridad del Estado, así como en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Estos instrumentos establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso a una
educación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad, incluso en situaciones de emergencia o conflicto.
No obstante, la violencia armada afecta el derecho a la educación de diversas maneras: daña la
infraestructura escolar, provoca deserción estudiantil, impide el desplazamiento seguro de estudiantes
y maestros, causa traumas psicológicos sin atención y distorsiona los procesos educativos.
Derecho a la educación y el interés superior del niño
La Constitución reconoce de manera explícita y garantista el derecho a la educación, vinculándolo con
el principio del interés superior del niño, esto quiere decir que los derechos de niños, niñas y
adolescentes es prioritario para el Estado, la educación forma parte de una adecuada formación y
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crecimiento de este grupo de personas, en un contexto de un conflicto armado en el país la ponderación
de sus derechos es de vital importancia para la correcta practica y respeto de los mismos. Los artículos
26, 27 y 44 constituyen el fundamento normativo esencial para comprender la dimensión jurídica del
derecho a la educación, especialmente en contextos de violencia como el que actualmente vive el país.
La violencia armada interfiere de manera significativa con el derecho fundamental a la educación,
provoca daños en la infraestructura educativa y afecta la movilidad segura de los estudiantes y
docentes. Esta situación también genera una alta tasa de deserción escolar y contribuye a la aparición
de traumas psicológicos no tratados, lo que distorsiona profundamente los procesos pedagógicos. La
vulneración de este derecho es especialmente grave en contextos de conflicto armado, donde la
educación se ve amenazada no solo por la violencia externa, sino por la falta de medidas adecuadas
por parte del Estado para garantizar la continuidad educativa (Almeida-Toral et al., 2020; Bazán-
Ramírez et al., 2021). El artículo 26 de la Constitución asegura el derecho a la educación a lo largo de
la vida y lo establece como una obligación ineludible del Estado. El artículo subraya que la educación
no está sujeta a condiciones y debe ser garantizada de manera universal, incluso en situaciones
excepcionales como las crisis o los conflictos armados.
La violencia en zonas afectadas no solo dificulta el acceso a la educación, sino que evidencia la falta
de medidas estatales efectivas para garantizarla. Según el artículo 27 de la Constitución la educación
debe promover el desarrollo humano integral y formar ciudadanos capaces de enfrentar la violencia.
Este mandato implica una responsabilidad estatal en la planificación y gestión del sistema educativo,
por lo que la interrupción educativa en contextos de conflicto también refleja fallas estructurales del
Estado (Cárdenas-Yánez, 2021).
Según Barrera et al. (2022), la educación debe actuar como un refugio frente a la violencia,
promoviendo valores como la paz, la justicia y la equidad; sin embargo, la violencia armada desafía la
capacidad del sistema educativo para cumplir este rol, lo que exige un enfoque integral que contemple,
además de la seguridad, la protección social y la salud mental. En esta línea, el artículo 44 de la
Constitución establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar de manera prioritaria
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos,
entre ellos la vida, la educación y la salud, lo que implica crear entornos seguros y políticas públicas
orientadas al bienestar integral de la infancia.
Este artículo refuerza el principio del interés superior del niño, que tiene un rango
supraconstitucional, dado que también está contemplado en la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas. Según este principio, cualquier decisión que afecte a los menores, ya sea
en política de seguridad, asignación presupuestaria o movilización de fuerzas de orden, debe priorizar
su bienestar y desarrollo. Este enfoque exige que se antepongan las necesidades de los niños a otros
intereses en todas las situaciones que los involucren, garantizando que sus derechos sean siempre la
principal consideración (Organización de las Naciones Unidas, 1989). Además, Jaramillo-Ayala &
Salazar-Orozco (2023) destacan que este principio debe ser considerado fundamental en la toma de
decisiones que afecten directamente a la niñez, asegurando su bienestar en todos los contextos.
En consecuencia, una política pública que limite el acceso o la calidad de la educación en zonas de
conflicto constituye una violación al principio del interés superior del niño, especialmente si no
contempla mecanismos de protección, atención psicosocial, educación alternativa o reubicación
segura, lo que vulnera el derecho a una educación adecuada y el desarrollo integral de los menores
(Morales, 2022). En el contexto del conflicto armado interno declarado en 2023, la violencia cercana a
escuelas, el temor al desplazamiento, el riesgo de reclutamiento forzado y los cierres escolares reflejan
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una desconexión entre la normativa constitucional y la realidad de los niños ecuatorianos, lo que exige
fortalecer políticas públicas integrales que aseguren la educación como herramienta de resiliencia y
restitución de derechos (Basantes et al., 2025).
Normativa internacional sobre el derecho a la educación en contextos de conflicto
El derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes está protegido tanto por la Constitución
ecuatoriana como por instrumentos internacionales ratificados por el país, como la Convención sobre
los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la
Declaración sobre Escuelas Seguras, que obligan al Estado a garantizar este derecho incluso en
contextos de violencia armada.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989 y ratificada por Ecuador en
1990, es el principal instrumento internacional sobre derechos de la infancia. Su artículo 28 garantiza
el acceso gratuito y obligatorio a la educación primaria, y promueve el acceso a la educación secundaria
y superior. Además, el artículo 29 establece que la enseñanza debe fomentar el desarrollo integral del
niño, así como el respeto por los derechos humanos, la paz y la tolerancia, valores esenciales en
contextos de violencia (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017).
Además, el artículo 38 de la CDN obliga a los Estados a proteger a los menores afectados por conflictos
armados, incluyendo contextos de violencia interna como el que enfrenta Ecuador. Además, el artículo
3 establece el principio del interés superior del niño, que exige priorizar su bienestar en todas las acciones
estatales, garantizando especialmente la continuidad educativa en situaciones de crisis.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por
Ecuador en 1974, reconoce en su artículo 13 el derecho a la educación basado en los principios de
disponibilidad, accesibilidad y calidad, los cuales deben cumplirse sin discriminación ni regresión. En
contextos de violencia, la accesibilidad exige condiciones que permitan la asistencia segura y continua
de los estudiantes (Artunduaga, 2023; Robles & Sandoval, 2024).
Además, PIDESC obliga a los Estados a emplear todos los recursos disponibles, incluso mediante
cooperación internacional, para garantizar los derechos sociales, sin que crisis fiscales o de seguridad
justifiquen el incumplimiento de sus compromisos educativos. Ante emergencias como la destrucción
de escuelas o el reclutamiento infantil, se deben tomar medidas inmediatas, ya que estos actos
constituyen violaciones graves del pacto (Mena et al., 2024; Hidalgo et al., 2025).
La Declaración sobre Escuelas Seguras, suscrita por Ecuador en 2021, representa un compromiso
político para proteger a las comunidades educativas en contextos de conflicto armado. Aunque no es
jurídicamente vinculante, exige aplicar las Directrices del Comité Internacional de la Cruz Roja, que
promueven evitar el uso militar de escuelas, garantizar el acceso a la educación durante la violencia y
sancionar los ataques contra instalaciones educativas (GCPEA, 2014; Ministerio de Educación del
Ecuador, 2022). La adhesión de Ecuador a la Declaración sobre Escuelas Seguras conlleva obligaciones
internas, como adecuar leyes y políticas a estándares internacionales, y garantizar atención psicosocial,
reubicación educativa y financiamiento adecuado; y externas, como rendir cuentas ante organismos
como el Comité de Derechos del Niño y el CDESC. En el contexto del conflicto armado interno, el
incumplimiento de estas responsabilidades puede constituir una violación de derechos humanos
sujeta a escrutinio internacional o litigio ante la Corte Interamericana (Atencio-González, 2021).
Conceptualización del conflicto armado interno y su repercusión en los derechos fundamentales
El conflicto armado interno no se ha limitado a generar un estado de conmoción social y militar; ha
tenido repercusiones concretas y directas en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en
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aquellos que protegen a los grupos más vulnerables, como los infantes. La violencia armada,
protagonizada por grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico, ha penetrado
profundamente en el tejido comunitario y ha trastocado el sistema educativo nacional, con efectos
documentados y crecientes (Paredes, 2025).
Una de las consecuencias más alarmantes del conflicto armado interno en Ecuador ha sido el cierre
de escuelas por amenazas, enfrentamientos armados o presencia de grupos criminales, especialmente
en provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí y zonas urbanas cercanas a centros penitenciarios.
Más de 1600 instituciones educativas se encuentran en áreas de riesgo, y miles de estudiantes han sido
forzados a continuar su educación de forma virtual, pese a las limitaciones tecnológicas en contextos
vulnerables. Esta situación ha afectado la asistencia y el rendimiento académico, obligando a las
familias a modificar sus rutinas y generando un fuerte impacto emocional en niños y adolescentes
(Primicias, 2024; Ecuavisa, 2024).
Además, el conflicto ha provocado desplazamientos internos, afectando la continuidad educativa
de niños que migran sin documentos ni acceso inmediato a nuevas escuelas. Aunque el Estado ha
emitido directrices para facilitar su inclusión, persisten obstáculos administrativos y la falta de
protocolos efectivos. Esta exclusión escolar incrementa el riesgo de que los menores se vinculen a
dinámicas informales o delictivas, profundizando su vulnerabilidad y perpetuando ciclos de pobreza
e inseguridad (Macías, 2023; Párraga, 2024).
Uno de los impactos más graves y menos visibilizados del conflicto armado en Ecuador es el
reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados irregulares, especialmente en zonas
donde el Estado tiene escasa presencia institucional. En estos territorios, las organizaciones criminales
ejercen control y captan a adolescentes principalmente varones como mensajeros, vigías,
microtraficantes o sicarios. Según Vicuña et al. (2024), este fenómeno responde a factores estructurales
como la pobreza extrema, la falta de acceso a educación de calidad, la desintegración familiar y la
normalización de la violencia. Los menores, muchos de ellos entre los 11 y 13 años, son atraídos
mediante promesas de poder o manipulación, y progresivamente se les asignan tareas más peligrosas.
El estudio revela que el 78 % proviene de zonas urbanas marginales y advierte que la ausencia de
políticas públicas eficaces y la inacción estatal perpetúan su vulnerabilidad y la violación de sus
derechos fundamentales.
La violencia permanente ha afectado gravemente la salud mental y el desempeño académico de los
estudiantes. El miedo, la ansiedad y la exposición a hechos traumáticos han provocado estrés
postraumático, dificultades de concentración, ausentismo y bajo rendimiento escolar. Lo que debería
ser un entorno seguro -la escuela-, es percibida por muchos niños como una fuente de angustia, los
conflictos armados generan efectos psicológicos en distintas etapas, desde ansiedad anticipatoria hasta
depresión y trastornos de adaptación, afectando el desarrollo integral y la capacidad de aprendizaje
de los menores (Piñeros-Ortiz et al., 2021).
Los docentes también han sido profundamente afectados por el conflicto armado. Además de
enfrentar amenazas directas o extorsiones, deben lidiar con aulas emocionalmente impactadas,
pérdida de estudiantes y sobrecarga laboral. Muchos no cuentan con formación en contención
emocional ni con apoyo institucional para afrontar crisis o duelos escolares, lo que compromete su
estabilidad profesional y personal. El conflicto no solo deteriora la infraestructura educativa, sino que
altera las condiciones subjetivas del aprendizaje, debilitando el tejido social de las comunidades
escolares. Estas, lejos de ser espacios seguros de formación y ciudadanía, se ven marcadas por el miedo,
la fragmentación y la desesperanza (Redacción Vistazo, 2023; Vite, 2025).
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Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto del conflicto armado interno en el derecho a la
educación infantil en Ecuador, considerando fenómenos como el reclutamiento, el desplazamiento
forzado, el cierre de escuelas y la violencia en entornos educativos. Se busca identificar sus principales
consecuencias educativas como la deserción, el bajo rendimiento y la afectación emocional, así como
evaluar las respuestas del Estado frente a estas problemáticas. Además, se examina cómo la
normalización de la violencia debilita el rol protector de la escuela y cómo se proponen lineamientos
para una política pública integral que garantice el acceso y la continuidad educativa en contextos de
conflicto, conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
2. Metodología
Este estudio adoptó una metodología cualitativa y documental, basada en el análisis crítico de
normativas, tratados internacionales, informes oficiales, artículos académicos y reportes periodísticos.
El enfoque permitió comprender cómo el conflicto armado interno en Ecuador afecta el derecho a la
educación de los niños, articulando aspectos jurídicos, sociales y educativos. Se reconoce que la
información disponible presenta limitaciones propias en contextos de violencia, se reconocen
restricciones en el acceso a información completa y confiable, lo que refuerza la necesidad de fortalecer
sistemas de registro sensibles a los derechos de la infancia. El propósito del estudio no es agotar el
tema, sino visibilizar una problemática urgente y aportar elementos analíticos que sustenten el diseño
de políticas públicas orientadas a proteger el derecho a una educación segura, continua y
transformadora para la niñez ecuatoriana.
3. Resultados
A continuación, la tabla 1 resume los principales fenómenos vinculados al conflicto armado interno en
Ecuador y sus impactos directos en el ámbito educativo infantil.
Tabla 1
¿Cómo influye la violencia en la educación de los niños?
Fenómeno Descripción Consecuencias educativas Fuente Año
Reclutamiento
infantil
Los grupos armados organizados
reclutan a menores en zonas vulne-
rables aprovechando la falta de
oportunidades.
Abandono escolar, exposi-
ción a violencia, afectación
psicológica.
IRC (2024);
ACNUR (2024)
2024
Desplazamiento
forzado
Familias huyen por amenazas, ho-
micidios o extorsión,
abandonando sus comunidades.
Interrupción de la trayecto-
ria educativa; dificultad
para reinsertarse en nuevas
escuelas.
IRC (2024);
ACNUR (2024)
2024
Cierre de
escuelas
En zonas de alto riesgo como
Esmeraldas o Guayaquil, algunas
escue
las cierran por amenazas o
violencia directa.
Pérdida de acceso a educa-
ción formal; aumento de
brechas de aprendizaje.
ACNUR (2024);
Teleamazonas
(2024)
2024
Violencia en
entornos
escolares
Infiltración de bandas en
institucio
nes educativas;
amenazas a docentes y alumnos.
Deserción escolar; desmoti-
vación; deterioro del clima
escolar.
IRC (2024);
Escobar et al.
(2024)
2024
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Crisis
institucional
Debilidad del Estado para garanti-
zar servicios educativos en zonas
afectadas por GDO y narcotráfico.
Falta de continuidad en po-
líticas educativas; ineficien-
cia en protección a niños en
riesgo.
Sarmiento &
Trelles (2024)
2024
Afectación
psicosocial
Traumas por exposición a violen-
cia, ansiedad y miedo generali-
zado.
Bajo rendimiento acadé-
mico; ausentismo; necesi-
dad de apoyo emocional no
atendido.
IRC (2024);
ACNUR (2024)
2024
Normalización
de la violencia
Percepción de violencia como
parte del entorno cotidiano en
comunidades afectadas.
Desvalorización del rol
edu
cativo; mayor
vulnerabilidad a dinámicas
delictivas entre
adolescentes.
Escobar et al.
(2024); BBC
Mundo (2024)
2024
4. Discusión
Los resultados de este estudio permiten afirmar que el conflicto armado interno en Ecuador ha tenido
un impacto sistémico, directo y acumulativo sobre el derecho a la educación de los niños, evidenciando
una grave crisis humanitaria que compromete su desarrollo presente y futuro. A partir del análisis
documental y normativo, se constata que la violencia armada, especialmente en territorios con alta
presencia del crimen organizado, ha alterado profundamente el funcionamiento del sistema educativo,
afectando su continuidad, seguridad y calidad. Casos de reclutamiento forzado, desplazamientos
internos, cierres de escuelas, violencia en el entorno escolar, afectaciones psicosociales y pérdida del
sentido social de la educación se presentan como expresiones distintas pero interrelacionadas de una
misma crisis estructural (Álvarez & Jiménez, 2020; Estrada, 2025).
La tabla 1 permite visualizar cómo estos fenómenos afectan múltiples niveles: individual, familiar,
comunitario e institucional. El reclutamiento de menores por grupos armados vulnera los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma, colocándolos en
situaciones de riesgo físico y emocional. El desplazamiento forzado interrumpe sus trayectorias educativas
y dificulta su reingreso a nuevas instituciones debido a la falta de documentación, cupos o mecanismos
flexibles de adaptación. Estas dinámicas no solo interrumpen la escolarización, sino que perpetúan
desigualdades estructurales y refuerzan la exclusión social (Morales & Asprilla, 2024; ACNUR, 2024).
El cierre de más de 1600 escuelas y la militarización de instituciones educativas en provincias como
Esmeraldas, Guayas o Manabí han comprometido seriamente el acceso a la educación y generado un
ambiente de miedo e inseguridad para estudiantes y docentes (Primicias, 2024; Ecuavisa, 2024). Las
amenazas, extorsiones y violencia psicológica contra profesores han generado desmotivación,
ausentismo docente y un deterioro del clima escolar. Según Argüello (2022), estos entornos favorecen
la aparición de trastornos emocionales como ansiedad, depresión y estrés postraumático, lo que afecta
directamente el rendimiento académico y el desarrollo psicosocial de los estudiantes, sin embargo, es
importante recordar que el sistema educativo, en mayor o menor medida, contribuye al tratamiento
de la aparición de trastornos en los niños. No obstante, muchas veces carece de los profesionales
adecuados para brindar esta ayuda, especialmente en el ámbito de la educación pública. Esta
deficiencia no solo afecta el ámbito educativo, al impedir que los niños ejerzan plenamente su derecho
a la educación, sino que también impacta en el entorno familiar y social. El desarrollo integral de un
niño depende en gran parte de los factores e influencias externas y culturales que lo rodean. Por ello,
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si su entorno está distorsionado o corrompido, su situación tenderá a deteriorarse, lo que dificulta un
crecimiento sano y equilibrado.
Por otra parte, la limitada capacidad de respuesta del Estado, evidenciada en la ausencia de
protocolos de emergencia, mecanismos de reubicación educativa y atención psicosocial, cuestiona el
cumplimiento efectivo de los compromisos constitucionales e internacionales. A pesar de que la
Constitución garantiza el acceso universal y continuo a la educación incluso en contextos de crisis, las
medidas adoptadas se han enfocado en la seguridad, descuidando dimensiones pedagógicas,
emocionales y sociales esenciales. Esta desconexión entre norma y realidad es especialmente grave
cuando se contrasta con el principio del interés superior del niño, que obliga a priorizar su bienestar
en toda decisión pública (Samaniego-Bailón & Zambrano-García, 2022).
Además, se evidencia una progresiva normalización de la violencia en las comunidades afectadas,
que debilita la función social de la educación como espacio de transformación, ciudadanía y protección.
Niños y adolescentes que conviven con el crimen organizado, abandonan sus estudios o ven en los
grupos armados una salida económica, son víctimas de una ruptura institucional que erosiona su
confianza en el sistema educativo. Vicuña et al. (2024) destacan que el 78 % de los menores reclutados
en Guayaquil proviene de sectores marginales, revelando que el reclutamiento es un fenómeno
estructural vinculado a la pobreza, la exclusión y la ausencia del Estado (Andrade-Vásquez, 2024).
Esta situación no puede abordarse únicamente desde el ámbito educativo. La educación en
contextos de conflicto está interrelacionada con otros derechos fundamentales como la seguridad, la
salud mental, la identidad cultural y la participación infantil. Negar o limitar el acceso a una educación
plena en estas circunstancias implica también vulnerar estos derechos conexos. Por ello, es
imprescindible que el Estado ecuatoriano implemente políticas públicas integrales que articulen
educación, protección social, atención emocional, justicia y seguridad. La escuela debe consolidarse
como un eje de resiliencia y reconstrucción del tejido social, y no como una víctima más del conflicto
armado. No actuar con decisión frente a esta crisis educativa representa una deuda jurídica, moral y
política con las infancias del país (Romero et al., 2023; Izquierdo- Chávez et al, 2025).
5. Conclusiones
El conflicto armado interno vulnera gravemente el derecho a la educación, la violencia generada por
bandas criminales ha provocado el cierre de escuelas, el desplazamiento de estudiantes, el
reclutamiento forzado de menores y una crisis institucional que impide garantizar una educación
continua, segura y de calidad.
El sistema educativo no está preparado para contextos de emergencia prolongada, pues las
respuestas del Estado han sido mayormente reactivas y centradas en la seguridad, sin estrategias
integrales que incluyan protección social, atención psicosocial, reubicación escolar y mecanismos
flexibles de adaptación.
La infancia es el grupo más afectado por la ruptura del entorno educativo, los niños sufren
afectaciones psicoemocionales, interrupciones en su desarrollo cognitivo y exclusión social, lo que
perpetúa ciclos de violencia, pobreza y desigualdad estructural a largo plazo.
Se requiere una política pública integral y centrada en el interés superior del niño para enfrentar
esta crisis educativa, el Estado debe implementar medidas coordinadas que articulen educación,
seguridad, salud mental y justicia, reconociendo a la escuela como un espacio clave de resiliencia y
reconstrucción social.
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El acceso a la educación ha sido históricamente una de las principales dificultades para los niños.
Esta situación se ha agravado con la reciente declaratoria de conflicto armado, lo que ha incrementado
significativamente las barreras para ejercer este derecho. Se evidencia así que, en el intento por
enfrentar un problema nacional como la inseguridad, se ha relegado el derecho de los niños a una
educación libre, equitativa y de calidad.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés que influyan en la objetividad de este estudio.
Fuente de financiamiento
No se recibieron fondos financieros de ninguna organización que pudiera tener interés en los
resultados presentados.
Contribución de autoría
Esteban Patricio Cáceres Castro: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis
formal, investigación, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Lorena María Coba Quintana: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, recursos.
Andrea Isabel Durán Goyes: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos.
Piedad del Rocío Chica Calle: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
