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ISSN: 3028-8983
Vol. 3 N° 1, enero-junio 2025 (37-48)
37
Artículo de investigación
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en la competitividad
empresarial en Ecuador
Organic Law for the Defense of Consumers in business competitiveness in
Ecuador
Fredy Roberto Hidalgo Cajo*
Universidad Nacional de Chimborazo.
Riobamba-Ecuador.
fhidalgo@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6873-7250
Silvana Dolores Flores Padilla
Profesional Independiente.
Riobamba-Ecuador.
silvanafl12@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6575-3693
Alexis Roberto Rivera Andrade
Profesional Independiente.
Riobamba-Ecuador.
alexisrivera-91@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9223-6592
*Correspondencia: fhidalgo@unach.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Hidalgo, F., Flores, S., & Rivera, A. (2025).
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
en la competitividad empresarial en
Ecuador.
Perspectivas Sociales y
Administrativas, 3(1), 37-48.
https://doi.org/10.61347/psa.v3i1.75
Recibido: 16 de marzo de 2025
Proceso de evaluación:
17 de marzo al 16 de abril de 2025
Aceptado: 16 de abril de 2025
Publicado: 21 de abril de 2025
Resumen: La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador establece
regulaciones que buscan proteger los derechos de los consumidores, garantizando
prácticas comerciales justas y transparentes. La falta de capacitación, el desconocimiento
de la normativa y la burocracia pueden afectar la capacidad de las empresas para innovar
y diferenciarse en el mercado. El objetivo de esta investigación es evaluar la incidencia
de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en la competitividad empresarial,
considerando la relación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el desempeño
competitivo de las empresas. Se empleó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo,
apoyado de una revisión documental de literatura académica, normativas y datos
estadísticos secundarios obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2024)
junto con el análisis de leyes y reglamentos sobre la Ley Orgánica de defensa del
Consumidor en la Competitividad Empresarial en Ecuador. Los principales resultados
fueron: la evolución del IPC entre 2000 y 2024 refleja la influencia de factores
macroeconómicos y regulatorios en la estabilidad de precios y la competitividad
empresarial. Si bien la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha fortalecido la
transparencia y la confianza en el mercado, su impacto en la contención de la inflación
es limitado, lo que evidencia la necesidad de estrategias económicas complementarias.
Palabras clave: Competitividad empresarial, consumidor, defensa, índice de precios.
Abstract: The Organic Law on Consumer Protection in Ecuador establishes regulations that seek
to protect the rights of consumers, guaranteeing fair and transparent business practices. Lack of
training, ignorance of regulations, and bureaucracy can affect the ability of companies to innovate
and differentiate themselves in the market. The objective of this research is to evaluate the impact
of the Organic Law on Consumer Protection on business competitiveness, considering the
relationship between the Consumer Price Index (CPI) and the competitive performance of
companies. A mixed qualitative and quantitative approach is used, supported by a documentary
review of academic literature, regulations, and secondary statistical data obtained from the
National Institute of Statistics and Censuses (2024) together with the analysis of laws and
regulations on the Organic Law on Consumer Protection in Business Competitiveness in Ecuador.
The main results were: The evolution of the CPI between 2000 and 2024 reflects the influence of
macroeconomic and regulatory factors on price stability and business competitiveness. Although
the Organic Law on Consumer Protection has strengthened transparency and confidence in the
market, its impact on containing inflation is limited, which highlights the need for complementary
economic strategies.
Keywords: Business competitiveness, consumer, defense, price index.
Copyright: Derechos de autor 2025 Fredy
Roberto Hidalgo Cajo, Silvana Dolores
Flores Padilla,
Alexis Roberto Rivera
Andrade.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative
Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
La implementación y aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor representa un desafío
significativo para las empresas, ya que impone regulaciones destinadas a proteger los derechos de los
consumidores, pero al mismo tiempo afecta la competitividad empresarial. Si bien estas normativas
garantizan prácticas comerciales justas, mejoran la calidad de los productos y servicios, y fortalecen la
confianza del consumidor, su cumplimiento implica costos adicionales, adaptaciones operativas y
cambios en las estrategias comerciales (Viteri et al., 2024).
Dávila (2024) menciona que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador en el artículo
302 se define como un marco normativo que busca regular y proteger los derechos de los consumidores
frente a proveedores de bienes y servicios. Esta ley debe adaptarse a las realidades cambiantes del
comercio y los patrones de consumo excesivo, promoviendo mecanismos y procedimientos idóneos y
eficaces para la defensa de los derechos de los consumidores. Su objetivo principal es regular las
relaciones entre proveedores y consumidores, proteger los derechos del consumidor, y promover la
equidad y seguridad jurídica en dichas relaciones (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000).
Algunos de los derechos fundamentales establecidos incluyen: derecho a la protección de la vida,
salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, derecho a recibir información adecuada, clara
y veraz sobre los bienes y servicios ofrecidos, incluyendo sus precios y características, derecho a un
trato no discriminatorio y equitativo por parte de los proveedores y derecho a la educación del
consumidor (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000).
Además, los consumidores tienen la responsabilidad de ejercer un consumo racional y responsable,
informarse sobre las condiciones de uso de los bienes y servicios, y no afectar el medio ambiente.
Asimismo, los productos durables deben estar garantizados por el proveedor para cubrir defectos de
fabricación y funcionamiento (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000).
Por otro lado, la competitividad empresarial se refiere a la capacidad de una empresa para ofrecer
productos o servicios que se comparen favorablemente con los de otras empresas en el mismo mercado,
para lograr así beneficios superiores y sostenibilidad a largo plazo. Se ve influenciada por factores
como la calidad de los productos, la eficiencia en la producción, la relación con los clientes, la
utilización de tecnologías emergentes y la capacidad para satisfacer las demandas del mercado
(Ramos-Rivadeneira & Jiménez-Toledo, 2024).
Según Sánchez y Parra (2024) la competitividad puede medirse a través de varios niveles,
incluyendo el macro (país), meso (sector o industria), meta (región) y micro (empresa). A nivel micro,
su determinación incluye aspectos como la gestión empresarial, la responsabilidad social, la
sostenibilidad ambiental, la productividad y la asociatividad empresarial. Esta noción implica que la
competitividad está influenciada por una combinación eficaz de circunstancias nacionales y estrategias
empresariales.
En este sentido, en el marco jurídico ecuatoriano, la competitividad empresarial se aborda desde
varias normativas y políticas públicas que fortalecen el desarrollo productivo y la sostenibilidad de las
empresas. La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su artículo 284 que la
política económica debe promover el desarrollo de una economía social y solidaria, fomentando la
competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad del aparato productivo. Además, el artículo 304
menciona que la política comercial debe estimular la producción nacional y la inserción estratégica en
la economía global.
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La normativa del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) en su artículo
302 establece incentivos fiscales, arancelarios y de financiamiento para mejorar la competitividad
empresarial. También promueve la innovación, la inversión extranjera y la simplificación de trámites
para facilitar el desarrollo de negocios. Por otra parte, la Ley de Emprendimiento e Innovación (2000)
en su artículo 302, fomenta la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
mediante incentivos tributarios, acceso a financiamiento y apoyo a la digitalización. Asimismo, La Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011) garantiza la libre competencia, evita
prácticas anticompetitivas y fomenta un mercado justo para todas las empresas.
Sumado a esto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide el promedio de
los precios de una canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares. Este índice refleja cómo
los cambios en los precios afectan el costo de vida de los consumidores y es utilizado para calcular la
inflación (Gaytán, 2021).
Para Martínez-Manrique (2020) este índice se utiliza ampliamente en el análisis económico y social,
ya que ayuda a medir la inflación, toma de decisiones económicas y diseñar políticas públicas. Se
calcula a partir de un conjunto definido de bienes y servicios considerados representativos del
consumo de la población, y se actualiza regularmente para reflejar cambios en los hábitos de consumo
y en los precios de mercado.
Desde un análisis del IPC, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor influye en la competitividad
empresarial al establecer normas sobre calidad, publicidad y fijación de precios, evitando distorsiones
que puedan afectar la estabilidad del mercado. Un entorno regulado y justo permite que las empresas
compitan en igualdad de condiciones, incentivando la eficiencia y la innovación. Un entorno regulado
y justo permite que las empresas compitan en igualdad de condiciones, incentivando la eficiencia y la
innovación. Además, el IPC, al medir la evolución de los precios de bienes y servicios, refleja cómo las
políticas de protección al consumidor y la competencia influyen en la inflación y el poder adquisitivo,
lo que impacta directamente en la demanda y rentabilidad de las empresas (Pérez, 2023).
Por otra parte, la regulación económica se define como una técnica del Estado moderno que forma
parte de sus funciones de policía administrativa, consistente en la utilización de un conjunto de normas
e instrumentos jurídico-económicos para lograr el adecuado funcionamiento de actividades o sectores
esenciales de una comunidad. Esta regulación busca establecer un equilibrio entre los intereses de las
partes involucradas y no puede dejarse completamente al libre juego del mercado (Carbajales, 2019).
Esta regulación puede abarcar diversas áreas, incluyendo la protección al consumidor, la
preservación de la competencia, la supervisión de los mercados financieros y la regulación de sectores
específicos como la energía, telecomunicaciones, y servicios públicos. En esencia, la regulación
económica busca equilibrar los intereses de los diversos actores económicos como empresas y
consumidores y asegurar que se mantengan condiciones equitativas y transparentes en el
funcionamiento del mercado (Gutiérrez, 2024).
La regulación económica para impulsar la competitividad empresarial se vincula con el IPC al
garantizar condiciones equitativas en el mercado. Esta normativa protege a los consumidores contra
prácticas abusivas, promoviendo una competencia justa entre empresas y evitando la especulación de
precios que pueda distorsionar el IPC. Al regular la calidad, la publicidad y la fijación de precios, la
ley incentiva la transparencia y eficiencia empresarial, lo que se traduce en una mayor estabilidad en
los precios de bienes y servicios. De esta manera, el equilibrio entre la protección del consumidor y la
libre competencia contribuye a un mercado más dinámico y sostenible, favoreciendo el crecimiento
económico y la confianza de los consumidores (Gómez-Apac, 2024).
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En este contexto, el estudio realizado por Urdaneta-Montiel y Zambrano-Morales (2024) en la
provincia de El Oro, Ecuador, revela que la Ley del Consumidor parte del marco regulatorio bancario,
tiene un impacto significativo en la competitividad de las pymes al fomentar condiciones más
equitativas para el acceso al financiamiento. Esta legislación protege los derechos de los prestatarios,
lo que incrementa la confianza de los empresarios al facilitar la transparencia en las condiciones
crediticias, llevando a tasas de interés más competitivas y mejores opciones de financiamiento.
Además, al mitigar las desigualdades que enfrentan las pymes frente a las grandes empresas, se
fomenta un entorno propicio para la innovación y diversificación de sus productos y servicios.
Por su parte, Fuentes (2022) muestra que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor impacta
considerablemente en la competitividad empresarial. Al exigir que las empresas ofrezcan productos y
servicios de óptima calidad con información veraz, la ley fomenta un mercado más justo. Esto obliga
a las empresas a mejorar sus estándares y atención al cliente, lo que resulta en una mayor satisfacción
y lealtad de los consumidores. Sin embargo, se destaca que la efectividad de estas medidas depende
de la adecuada aplicación de las leyes; la falta de implementación puede dificultar su objetivo y afectar
la competitividad de las empresas que no se adaptan. Por ende, es importante una revisión periódica
de las normativas para que se alineen con las nuevas realidades del comercio, especialmente en el
contexto digital.
Además, Tapia et al. (2018) analizan cincuenta empresas miembros del Consorcio Ecuatoriano para
la Responsabilidad Social (CERES). Los resultados destacan que el 97 % de estas empresas se centra en
ofrecer productos y servicios de calidad para atraer más clientes, lo que sugiere que la Ley del
Consumidor juega un papel importante en la competitividad empresarial. Al cumplir con las
expectativas de los consumidores y mantener altos estándares de calidad, las empresas no solo mejoran
su imagen corporativa, sino que se posicionan favorablemente en un mercado cada vez más exigente,
y reflejan de esta manera cómo las políticas de RSE influyen en el desempeño empresarial y la
sostenibilidad en el contexto de regulaciones de consumo.
Asimismo, Campaña (2019) revela que, aunque la ley busca proteger los derechos del consumidor,
su desalineación con los principios y directrices internacionales genera un entorno normativo incierto
que afecta la competitividad empresarial. El incremento en los conflictos judiciales y la eliminación de
procedimientos especiales en reformas recientes han complicado la resolución de disputas,
desincentivando la inversión y afectando la planificación estratégica de las empresas. Además, la falta
de protección adecuada para consumidores en situaciones vulnerables mina la confianza en el
mercado, lo que no solo afecta la percepción de los consumidores hacia las empresas, sino que
desanima a los inversores extranjeros.
La Ley del Consumidor establece regulaciones que impactan la fijación de precios, la calidad de los
productos y la protección de los derechos del consumidor. Sin embargo, su aplicación puede influir en
el IPC, ya sea mediante restricciones en la fijación de precios, costos de cumplimiento normativo o
medidas de control de calidad. Esto plantea el desafío de analizar cómo la implementación de la Ley
del Consumidor afecta la competitividad empresarial en relación con las variaciones del IPC y cómo
las empresas pueden adaptarse para mantener su rentabilidad sin afectar la accesibilidad de los
productos para los consumidores.
El objetivo general de esta investigación es evaluar la incidencia de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor en la competitividad empresarial, analizando la relación entre el IPC y el desempeño
competitivo de las empresas. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: analizar la evolución del
IPC en sectores claves y su vínculo con la aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor;
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examinar cómo las regulaciones de protección al consumidor influyen en la estructura de precios y la
rentabilidad empresarial y comparar la competitividad de las empresas que cumplen con la normativa
frente a aquellas que han sido sancionadas por su incumplimiento.
2. Metodología
El estudio adoptó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo para evaluar la incidencia de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor en la competitividad empresarial, considerando la relación entre
el IPC y el desempeño competitivo de las empresas. Se utilizó una revisión documental de literatura
académica, normativas y datos estadísticos secundarios obtenidos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2024). Se examinaron estudios, artículos científicos e informes técnicos, junto
con el análisis de leyes y reglamentos sobre la Ley Orgánica de defensa del Consumidor en la
competitividad empresarial en Ecuador.
3. Resultados
El IPC entre 2000 y 2024 muestra una tendencia creciente, pasando de 46.25 en el año 2000 a 111.86 en
2024. Este incremento refleja la inflación acumulada y el aumento sostenido en los precios de bienes y
servicios. Entre 2000 y 2014, el IPC prácticamente se duplica, alcanzando los 100.64 en 2014, mientras
que en los años siguientes el crecimiento es más moderado, con cierta estabilidad entre 2017 y 2020,
antes de experimentar un nuevo repunte a partir de 2021.
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor tiene como objetivo proteger a los ciudadanos contra
prácticas comerciales abusivas y garantizar precios justos y transparencia en el mercado. Si bien el IPC
ha mantenido una tendencia al alza, algunos periodos de estabilidad, como el de 2017-2020, podrían
estar relacionados con controles de precios y regulaciones de mercado que ayudaron a contener la
inflación. Sin embargo, el incremento registrado entre 2021 y 2024 sugiere presiones inflacionarias
recientes vinculadas con la reactivación económica postpandemia, aumentos en los costos de
producción y ajustes en la oferta y demanda.
Desde una perspectiva histórica, el periodo 2000-2014 muestra un crecimiento sostenido del IPC, lo
que indica un aumento progresivo en los costos de bienes y servicios esenciales como alimentación,
transporte y vivienda. Durante este tiempo, la aplicación de la Ley del Consumidor pudo haber
influido en la estabilización de ciertos precios, aunque no evitó el incremento general. Entre 2015 y
2020, el IPC se mantiene relativamente estable con fluctuaciones menores, lo que sugiere una mejor
regulación del mercado, posibles controles de precios o menor presión inflacionaria. A partir de 2021,
el IPC vuelve a aumentar significativamente, lo que podría estar relacionado con el contexto económico
global y local.
El aumento del IPC afecta directamente el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente
en sectores esenciales como alimentos, transporte y vivienda. Factores como los costos de producción,
las importaciones y las regulaciones del mercado pueden haber influido en la variación de precios. La
evolución del IPC en las últimas dos décadas muestra una tendencia creciente con periodos de relativa
estabilidad y nuevas alzas recientes. Aunque la Ley del Consumidor ha podido mitigar algunos
impactos, la inflación sigue siendo un desafío importante.
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Figura 1
Evolución del Índice de Precios al Consumidor
Regulaciones de protección al consumidor y la rentabilidad de las empresas
Las regulaciones de protección al consumidor juegan un papel medular en la estructura de precios y
la rentabilidad de las empresas, ya que imponen normas que garantizan la transparencia, calidad y
equidad en las transacciones comerciales. El cumplimiento de estas regulaciones puede generar costos
adicionales asociados con certificaciones, controles de calidad y garantías, lo que influye en la
determinación de precios y en los márgenes de ganancia. Al mismo tiempo, el respeto a estas
normativas puede fortalecer la confianza del consumidor, incrementar la lealtad de los clientes y
mejorar la competitividad en el mercado (Vélez-Crespo & Reyes-Idrovo, 2023).
Las regulaciones de protección al consumidor pueden influir significativamente en la estructura de
precios y la rentabilidad de las empresas de diversas maneras, tanto positivas como negativas. Muñoz
et al. (2024) detallan algunos de los principales efectos. Las regulaciones de protección al consumidor
pueden incrementar los costos operativos y limitar la fijación de precios, también pueden generar
beneficios al fortalecer la confianza y fidelización de los clientes, impulsando una demanda más estable
y sostenible. La clave para las empresas radica en encontrar un equilibrio entre el cumplimiento
normativo y la optimización de su estructura de costos (Ochoa & Freire, 2024).
0,00
20,00
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60,00
80,00
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Figura 2
Principales efectos de las regulaciones de protección al consumidor
Competitividad de empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
La competitividad empresarial en los mercados regulados está estrechamente vinculada con el
cumplimiento normativo y la percepción del consumidor. En el caso de la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor, las empresas que se adhieren a sus disposiciones no solo evitan sanciones legales,
sino que fortalecen su reputación, generando confianza y lealtad en su clientela. Por otro lado, aquellas
que han recibido sanciones enfrentan desafíos adicionales, como la pérdida de credibilidad, costos
legales y restricciones comerciales que pueden afectar su posicionamiento en el mercado (Salazar-
Pazmiño, 2023).
Carrasco et al. (2021) indican que el cumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
no solo es un requisito legal, sino una estrategia clave para la competitividad empresarial. Las
empresas que respetan los derechos del consumidor tienen mayores posibilidades de crecimiento
sostenible, mientras que aquellas que enfrentan sanciones pueden ver afectada su estabilidad y
desempeño en el mercado. Entre estos se destacan:
Restricciones en la fijación de precios: algunas regulaciones pueden limitar la capacidad de las empresas para
establecer precios libremente, como ocurre con los controles de precios en sectores regulados (energía,
medicamentos, telecomunicaciones) o la prohibición de prácticas como la publicidad engañosa o las cláusulas
abusivas en contratos.
Mejora en la confianza del consumidor y demanda: las regulaciones pueden generar un entorno más seguro para
los consumidores, aumentando su confianza en los productos y servicios. Esto puede traducirse en mayor lealtad,
repetición de compra y, en algunos casos, una mayor disposición a pagar por productos certificados o con garantía de
calidad, lo que puede compensar los costos adicionales de cumplimiento.
Impacto en la competencia y estrategias de mercado: las regulaciones pueden beneficiar a las empresas que ya
cumplen con estándares elevados, dificultando la entrada de competidores que no pueden asumir estos costos. Sin
embargo, también pueden afectar negativamente a pequeñas empresas con menor capacidad financiera para adaptarse
a normativas estrictas, favoreciendo la concentración del mercado en grandes corporaciones.
Riesgo de sanciones y costos legales: el incumplimiento de regulaciones puede derivar en multas, demandas o
incluso la prohibición de operar en ciertos mercados. Para evitar estos riesgos, las empresas deben invertir en asesoría
legal y cumplimiento normativo, lo que puede reducir su rentabilidad si no se gestiona adecuadamente.
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Figura 3
Beneficios para las empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
Cumplir con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador proporciona a las empresas
múltiples beneficios en términos de competitividad. Este cumplimiento mejora la percepción del
cliente, ya que garantiza un servicio justo y transparente, lo que lleva a una mayor retención de clientes
y recomendaciones, creando una ventaja competitiva sostenible. Además, un alto porcentaje de
consumidores están dispuestos a pagar más por un excelente servicio al cliente, lo que puede resultar
en mayores ingresos. Además, adherirse a esta normativa ayuda a evitar sanciones severas que podrían
afectar la economía y la reputación de la empresa, protegiéndola así de posibles pérdidas (Guerrero,
2024).
Al contrario, las empresas que no cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en
Ecuador pueden enfrentar diversas sanciones administrativas, civiles y, en algunos casos, penales.
Estas sanciones son impuestas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) y
otras entidades de control. Algunas de las sanciones más comunes incluyen:
Figura 4
Sanciones para las empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
Las empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no están sujetas a
sanciones, ya que actúan conforme a las normativas establecidas para garantizar los derechos de los
consumidores. Sin embargo, en caso de incumplimiento, las sanciones pueden incluir multas, clausura
temporal o definitiva del establecimiento, y hasta la obligación de indemnizar a los consumidores
Mejora en la satisfacción del cliente
: al
cumplir con la Ley del Consumidor, las
empresas pueden ofrecer productos de
calidad que satisfagan las necesidades de
los clientes, lo que puede traducirse en una
mayor lealtad y repetición de compra.
Acceso a nuevos mercados: la adherencia
a las regulaciones puede abrir
oportunidades en nuevos mercados donde
el cumplimiento normativo es un requisito
para operar.
Reducción de riesgos legales: c
de sanciones y litigios, lo que puede evitar
costos adicionales y daño a la reputación.
Mejora de la imagen corporativa:
e
mpresas que actúan de manera ética y
cumplen con las normativas pueden
fortalecer su marca y reputación,
atrayendo así a más clientes.
Competitividad sustentable
: las
empresas que se alinean con las leyes y
estándares tienen más probabilidad de ser
sostenibles a largo plazo, mejorando su
posición competitiva frente a aquellas que
no lo hacen.
Multas económicas: s
e pueden imponer
multas proporcionales a la gravedad de la
infracción, que pueden ir desde una
cantidad fija hasta un porcentaje de los
ingresos brutos de la empresa. En casos
graves, las multas pueden alcanzar hasta
50 salarios básicos unificados (SBU).
Cierre temporal o definitivo del
establecimiento: s
i la empresa reincide
en
prácticas abusivas contra los
consumidores, las autoridades pueden
ordenar la suspensión temporal o
definitiva de sus actividades.
Retiro de productos del mercado: s
i un
producto representa un riesgo para la
salud o seguridad de los
consumidores, la
empresa puede verse obligada a retirarlo
del mercado, asumir costos de reembolso
o reparación y emitir alertas de seguridad.
Indemnización a los consumidores
afectados: l
os consumidores pueden
demandar a la empresa y solicitar
compensaciones por daños y perjuicios,
incluyendo la devolución del dinero o la
reposición del producto o servicio.
Sanciones por publicidad engañosa: si
una empresa utiliza publicidad falsa o
engañosa, puede ser obligada a corregir la
información, indemnizar a los
consumidores afectados y pagar multas
adicionales.
Procesos penales en casos de fraude o
afectación a la salud pública: s
i se
determina que una empresa ha incurrido
en fraude, falsificación de productos o ha
puesto en riesgo la salud de los
consumidores, los responsables pueden
enfrentar sanciones penales, incluyendo
prisión.
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afectados. Estas buscan asegurar prácticas comerciales justas y proteger a los ciudadanos de posibles
abusos, promoviendo un mercado transparente y equitativo (García & Redrobán, 2024).
4. Discusión
Se evidencia que la aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha contribuido a la
protección de los ciudadanos y a la regulación del mercado, promoviendo la transparencia y la
competitividad empresarial. Sin embargo, su impacto en la contención de la inflación es limitado frente
a factores macroeconómicos más amplios. Concordando con el estudio realizado por Campaña (2019),
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador revela que, aunque busca proteger los
derechos del consumidor, su desalineación con los principios y directrices internacionales genera un
entorno normativo incierto que afecta la competitividad empresarial.
Las empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor obtienen una ventaja
competitiva sostenible al fortalecer su reputación, generar confianza en los consumidores y asegurar
su permanencia en el mercado. Este cumplimiento les permite acceder a nuevos mercados, minimizar
riesgos legales y fomentar la lealtad de sus clientes, impactando positivamente en su rentabilidad y
crecimiento. En esta línea, Urdaneta-Montiel y Zambrano-Morales (2024) destacan que la Ley del
Consumidor influye significativamente en la competitividad de las pymes, al crear condiciones más
equitativas para el acceso al financiamiento. La legislación protege los derechos de los prestatarios,
aumentando la confianza empresarial y promoviendo mayor transparencia en las condiciones
crediticias, lo que se traduce en tasas de interés más competitivas y mejores oportunidades de
financiamiento.
De manera similar, el estudio de Tapia et al. (2018) destaca el papel fundamental de la Ley del
Consumidor en la competitividad empresarial. Cumplir con las expectativas de los consumidores y
mantener altos estándares de calidad no solo fortalece la imagen corporativa, sino que mejora el
posicionamiento en un mercado cada vez más exigente. En contraste, las empresas sancionadas
enfrentan pérdidas económicas, restricciones comerciales y un deterioro en su reputación, lo que
compromete su estabilidad y competitividad.
Las regulaciones de protección al consumidor tienen un impacto considerable en la estructura de
precios y en la rentabilidad de las empresas, ya que establecen normas que aseguran la equidad y la
transparencia en el mercado. Aunque pueden generar costos adicionales derivados de certificaciones,
controles de calidad y cumplimiento normativo, también contribuyen a fortalecer la confianza del
consumidor y fomentar su fidelización, lo que resulta en una demanda más estable y sostenible. Según
Fuentes (2022), la efectividad de estas medidas depende de su correcta implementación; la falta de
aplicación adecuada obstaculiza su propósito y afecta la competitividad de las empresas que no logren
adaptarse.
La aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador ha contribuido a la
protección de los ciudadanos y a la regulación del mercado, promoviendo la transparencia y
competitividad empresarial, aunque su impacto en la contención de la inflación es limitado frente a
factores macroeconómicos más amplios. Las empresas que cumplen con la ley logran una ventaja
competitiva al fortalecer su reputación, generar confianza y asegurar su permanencia en el mercado,
mientras que las pymes se benefician de condiciones más equitativas para acceder a financiamiento.
Sin embargo, la desalineación de la ley con principios internacionales genera un entorno normativo
incierto, lo que afecta la competitividad empresarial (Vélez-Crespo & Reyes-Idrovo, 2023).
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5. Conclusiones
La evolución del IPC entre 2000 y 2024 refleja un incremento sostenido, con períodos de estabilidad y
repuntes recientes vinculados con factores económicos como la reactivación postpandemia y el
aumento en los costos de producción. La aplicación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha
contribuido a la protección de los ciudadanos y a la regulación del mercado, promoviendo la
transparencia y la competitividad empresarial. Sin embargo, su impacto en la contención de la inflación
es limitado frente a factores macroeconómicos más amplios. Aunque la ley ayuda a mitigar las
distorsiones del mercado, el crecimiento del IPC demuestra la necesidad de estrategias
complementarias para garantizar la estabilidad de precios, proteger el poder adquisitivo y fomentar
un entorno económico equilibrado y sostenible.
Las regulaciones de protección al consumidor impactan significativamente en la estructura de
precios y la rentabilidad de las empresas, al establecer normas que garantizan la equidad y
transparencia en el mercado. Si bien pueden generar costos adicionales debido a certificaciones,
controles de calidad y cumplimiento normativo, también fortalecen la confianza del consumidor y
fomentan la fidelización, lo que puede traducirse en una demanda más estable y sostenible. Además,
estas regulaciones pueden limitar la fijación de precios y dificultar la entrada de nuevos competidores,
beneficiando a empresas consolidadas, pero afectando a aquellas con menor capacidad financiera. En
este sentido, las empresas deben encontrar un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la
optimización de su estructura de costos para maximizar su rentabilidad y competitividad en el
mercado.
Las empresas que cumplen con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor logran una ventaja
competitiva sostenible al fortalecer su reputación, mejorar la confianza del consumidor y garantizar su
permanencia en el mercado. Estas compañías pueden acceder a nuevos mercados, reducir riesgos
legales y fomentar la lealtad de sus clientes, lo que impacta positivamente en su rentabilidad y
crecimiento. En contraste, las empresas que han recibido sanciones enfrentan pérdidas económicas,
restricciones comerciales y un deterioro en su imagen, lo que afecta su estabilidad y competitividad.
La comparación entre ambas situaciones demuestra que el cumplimiento normativo no solo es una
obligación legal, sino una estrategia necesaria para la sostenibilidad empresarial y el éxito en mercados
regulados.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés que influyan en la objetividad de este estudio.
Fuente de financiamiento
No se recibieron fondos financieros de ninguna organización que pudiera tener interés en los
resultados presentados.
Contribución de autoría
Fredy Roberto Hidalgo Cajo: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Silvana Dolores Flores Padilla: Conceptualización, software, validación, análisis formal, investigación,
gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Alexis Roberto Rivera Andrade: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.