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ISSN: 3028-8983
229
Artículo de revisión
Afectaciones psicológicas derivadas de la violencia de género y
desafíos jurídicos para la protección integral de las víctimas
Psychological consequences of gender-based violence and legal challenges to the
comprehensive protection of victims
Andrea Anabel Vicuña Pardo*
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes
Ambato - Ecuador
cj.andreavp78@uniandes.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-4181-5251
Edison Germánico Ruiz Moreta
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ambato - Ecuador
eruiz@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-2815-899X
Ana Patricia Arcos Bombón
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro
Norte
Ambato - Ecuador
parcos@eeasa.com.ec
https://orcid.org/0009-0001-5884-181X
Richard Wladimir Ruiz Viera
Profesional Independiente
Ambato - Ecuador
ruizvierar@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-5370-6335
*Correspondencia:
cj.andreavp78@uniandes.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Vicuña, A., Ruiz, E., Arcos, A., & Ruiz, R.
(2026). Afectaciones psicológicas derivadas
de la violencia de género y desafíos
jurídicos para la protección integral de las
víctimas.
Perspectivas Sociales y
Administrativas, 4(2), 229-240.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i2.183
Recibido: 16 de julio de 2026
Aceptado: 19 de agosto de 2026
Publicado: 28 de agosto de 2026
Resumen: La violencia de género constituye una problemática multidimensional que
afecta la salud mental, la integridad personal y los derechos fundamentales de las
víctimas. La exposición a situaciones de violencia puede generar consecuencias
emocionales, cognitivas y conductuales como ansiedad, depresión, estrés postraumático,
miedo, baja autoestima y dependencia emocional, mientras que los sistemas jurídicos
enfrentan desafíos para garantizar una protección integral efectiva. El objetivo de la
presente investigación fue analizar las afectaciones psicológicas derivadas de la violencia
de género y los desafíos jurídicos asociados a la protección integral de las víctimas
mediante una revisión bibliográfica con enfoque interdisciplinario entre Psicología y
Derecho. La
metodología se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño
documental y alcance descriptivo, a partir del análisis de artículos científicos, revisiones
sistemáticas y documentos académicos obtenidos de bases de datos como Scopus,
SciELO, PubMed y Google Scholar. Los resultados evidenciaron que las principales
afectaciones psicológicas se relacionan con alteraciones emocionales, deterioro de la
autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales y limitaciones para recuperar
la autonomía personal. Desde la dimensión jurídica, se identificó que, aunque existen
avances normativos mediante instrumentos internacionales y legislación nacional,
persisten dificultades relacionadas con la aplicación efectiva de las normas, acceso a la
justicia, coordinación institucional y seguimiento de medidas de protección. Se concluye
que la protección integral requiere una respuesta interdisciplinaria que articule
mecanismos jurídicos, atención psicológica y acciones de reparación orientadas a
garantizar la seguridad, dignidad y recuperación integral de las víctimas.
Palabras clave: Afectaciones psicológicas, derechos humanos, desafíos jurídicos,
protección integral, violencia de género.
Abstract: Gender-based violence constitutes a multidimensional problem that affects the mental
health, personal integrity, and fundamental rights of victims. Exposure to situations of violence
can generate emotional, cognitive, and behavioral consequences such as anxiety, depression, post-
traumatic stress disorder, fear, low self-esteem, and emotional dependency, while legal systems
face challenges in ensuring effective comprehensive protection. The objective of this research was
to analyze the psychological consequences derived from gender-based violence and the legal
challenges associated with the comprehensive protection of victims through a bibliographic review
with an interdisciplinary approach between Psychology and Law. The methodology was developed
under a qualitative approach, with a documentary design and descriptive scope, based on the
analysis of scientific articles, systematic reviews, and academic documents obtained from
databases such as Scopus, SciELO, PubMed, and Google Scholar. The results showed that the
main psychological consequences are related to emotional disturbances, decreased self-esteem,
difficulties in interpersonal relationships, and limitations in recovering personal autonomy. From
the legal perspective, it was identified that, although progress has been made through
international instruments and national legislation, difficulties persist regarding the effective
application of regulations, access to justice, institutional coordination, and monitoring of
protection measures. It is concluded that comprehensive protection requires an interdisciplinary
response that integrates legal mechanisms, psychological care, and reparation actions aimed at
guaranteeing the safety, dignity, and integral recovery of victims.
Keywords: Comprehensive protection, gender-based violence, human rights, legal challenges,
psychological consequences.
Copyright: Derechos de autor 2026 Andrea
Anabel Vicuña Pardo, Edison Germánico
Ruiz Moreta, Ana Patricia Arcos Bombón,
Richard Wladimir Ruiz Viera.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
En los contextos sociales y jurídicos contemporáneos, la violencia de género constituye una
problemática multidimensional que afecta la integridad física, emocional y social de las víctimas.
Dentro de sus principales consecuencias destacan las afectaciones psicológicas derivadas de la
exposición continua a situaciones de violencia, las cuales pueden manifestarse mediante ansiedad,
depresión, miedo, estrés postraumático, baja autoestima y dificultades para recuperar la autonomía
personal. Estas alteraciones requieren un abordaje integral, debido a que su atención no depende
únicamente de intervenciones psicológicas, sino también de mecanismos jurídicos efectivos que
garanticen protección, reparación y acceso oportuno a la justicia (Ramírez-Cruz et al., 2022; Cruz-
López et al., 2024).
Las afectaciones psicológicas asociadas a la violencia de género comprenden alteraciones
emocionales, cognitivas y conductuales ocasionadas por experiencias traumáticas que afectan el
bienestar psicológico y la calidad de vida de las víctimas. Estas consecuencias pueden incluir síntomas
depresivos, ansiedad, sentimientos de culpa, desesperanza, estrés postraumático e ideación suicida,
especialmente cuando la violencia se mantiene durante períodos prolongados o ocurre dentro de
relaciones de dependencia emocional y afectiva (Prince, 2022; Pérez et al., 2026). Por ello, su análisis
requiere considerar tanto los factores individuales como los contextos sociales y familiares donde se
desarrolla la violencia.
La violencia de género representa una manifestación de desigualdad estructural basada en
relaciones asimétricas de poder que generan diversas formas de afectación contra las víctimas,
incluyendo violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Sus consecuencias
trascienden el daño individual, debido a que afectan la salud mental, la dinámica familiar y el ejercicio
pleno de derechos fundamentales. En este sentido, la violencia de género requiere respuestas
interdisciplinarias que articulen los aportes de la Psicología, el Derecho y las ciencias sociales para
garantizar procesos efectivos de prevención y protección (Porter & López-Angulo, 2022; Torres, 2024;
Moreno-Polo et al., 2025).
Desde la perspectiva jurídica, los desafíos para la protección integral de las víctimas se relacionan
con las limitaciones existentes en la aplicación normativa, la coordinación institucional y la respuesta
efectiva del sistema de justicia. Aunque Ecuador cuenta con instrumentos jurídicos orientados a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como la Constitución de la República
del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, persisten dificultades vinculadas con la implementación de medidas de
protección, acceso oportuno a la justicia y prevención de la revictimización (CRE, 2008; COIP, 2014;
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018).
Diversos estudios han examinado las consecuencias psicológicas y los desafíos jurídicos derivados
de la violencia de género. Hernández-Flórez et al. (2024) analizaron esta problemática desde un
enfoque interdisciplinario basado en derechos humanos, identificando que la violencia afecta la
integridad personal, la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia. Los autores destacan que
las víctimas pueden experimentar alteraciones psicológicas significativas, entre ellas ansiedad,
depresión, estrés postraumático y dificultades para romper los ciclos de violencia.
En el contexto ecuatoriano, Tapia et al. (2025) analizaron los avances y limitaciones en la protección
de las víctimas desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos. Sus resultados evidenciaron
que, pese a la existencia de mecanismos normativos, continúan presentes barreras relacionadas con el
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desconocimiento de derechos, temor a denunciar, dependencia económica y limitaciones
institucionales. Estos factores reducen la efectividad de las medidas de protección y dificultan la
garantía de una atención integral.
De manera complementaria, Mejía (2025) identificó que los sistemas jurídicos latinoamericanos
presentan avances en materia de sanción y protección frente a la violencia de género; sin embargo,
persisten desafíos relacionados con la aplicación efectiva de las normas y la articulación de políticas
públicas integrales. En esta misma línea, Bayas y Medina (2025) y Calva-Guaman y Villacrés-López
(2025) señalan que la existencia de un marco normativo no garantiza por sí misma una protección
efectiva, debido a que su impacto depende de la capacidad institucional para responder de manera
oportuna a las necesidades de las víctimas.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, Herrera et al. (2026) destacan que la protección integral
requiere la articulación entre Psicología, Trabajo Social y Derecho, debido a que la atención de las
víctimas implica evaluar el daño emocional, brindar acompañamiento psicológico y garantizar
mecanismos jurídicos de protección y reparación. No obstante, los autores identifican que la
fragmentación institucional y la limitada coordinación entre actores sociales constituyen obstáculos
para una respuesta efectiva frente a la violencia de género.
Asimismo, investigaciones recientes han evidenciado que las consecuencias de la violencia de
género pueden extenderse al entorno familiar, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes
expuestos directa o indirectamente a estas situaciones. Flores et al. (2026) sostienen que la protección
integral debe superar intervenciones aisladas y promover estrategias basadas en derechos humanos
que consideren las necesidades psicológicas, sociales y jurídicas de todas las personas afectadas.
A partir de los antecedentes analizados, se identifica que la violencia de género constituye una
problemática compleja en la que convergen consecuencias psicológicas profundas y desafíos jurídicos
relacionados con la protección efectiva de las víctimas. Si bien existen avances normativos y estrategias
de atención, permanecen dificultades vinculadas con la implementación de medidas de protección, la
atención interdisciplinaria y la prevención de nuevas formas de vulneración. En consecuencia, resulta
necesario fortalecer el análisis conjunto entre Psicología y Derecho para comprender las limitaciones
actuales y promover respuestas integrales.
En función de esta problemática, la presente investigación tiene como objetivo analizar las
afectaciones psicológicas derivadas de la violencia de género y los desafíos jurídicos asociados a la
protección integral de las víctimas mediante una revisión bibliográfica, con la finalidad de identificar
las principales consecuencias emocionales, los mecanismos legales existentes y las limitaciones
institucionales que condicionan una respuesta efectiva. De esta manera, el estudio busca aportar
elementos teóricos para fortalecer un abordaje interdisciplinario orientado a la prevención, atención,
protección y reparación integral desde una perspectiva de derechos humanos.
2. Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño documental y
alcance descriptivo, mediante el análisis e interpretación de literatura científica relacionada con las
afectaciones psicológicas derivadas de la violencia de género y los desafíos jurídicos asociados a la
protección integral de las víctimas. Para ello, se revisaron artículos científicos, revisiones sistemáticas
y documentos académicos obtenidos de bases de datos especializadas como Scopus, SciELO, PubMed
y Google Scholar, considerando estudios pertinentes al campo de la Psicología y el Derecho.
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La selección y organización de la información recopilada se efectuó mediante una matriz de análisis
documental que incorporó datos relacionados con autores, año de publicación, objetivo, metodología,
población estudiada y principales hallazgos. Este procedimiento permitió sistematizar la evidencia
científica disponible e identificar los principales aportes relacionados con las consecuencias psicológicas
de la violencia de género y los mecanismos jurídicos orientados a la protección de las víctimas.
Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de los estudios seleccionados con la finalidad de
identificar coincidencias, diferencias y tendencias respecto a las manifestaciones psicológicas asociadas
a la violencia de género, los factores de vulnerabilidad y las limitaciones presentes en los sistemas de
protección jurídica. Este proceso permitió integrar los aportes provenientes de la Psicología y el
Derecho desde una perspectiva interdisciplinaria.
Finalmente, la información analizada permitió establecer una interpretación crítica sobre la relación
existente entre el daño psicológico generado por la violencia de género y la capacidad institucional
para garantizar medidas de prevención, atención, protección y reparación integral. De esta manera, la
metodología aplicada contribuyó a generar una comprensión amplia del fenómeno estudiado desde
un enfoque basado en derechos humanos.
3. Desarrollo
Afectaciones psicológicas derivadas de la violencia de género
La evidencia científica ha demostrado que la violencia de género constituye una problemática
multidimensional que afecta significativamente el bienestar psicológico, social y personal de las
víctimas. Este fenómeno puede manifestarse mediante diversas formas de violencia, entre ellas
psicológica, física, sexual, económica y simbólica, generando consecuencias emocionales y cognitivas
que pueden mantenerse incluso después de finalizar la situación de violencia. Entre las principales
afectaciones identificadas destacan la ansiedad, depresión, estrés postraumático, miedo persistente,
deterioro de la autoestima y dificultades para la recuperación emocional (Ramírez-Cruz et al., 2022;
Cruz-López et al., 2024; Pérez et al., 2026).
Las investigaciones recientes evidencian que el impacto psicológico de la violencia de género no
depende únicamente del tipo de agresión experimentada, sino también de factores relacionados con la
duración de la exposición, el contexto familiar, la vulnerabilidad social y la disponibilidad de redes de
apoyo. En este sentido, las consecuencias psicológicas pueden afectar la autonomía, las relaciones
interpersonales y la capacidad de las víctimas para reconstruir su proyecto de vida. La tabla 1 sintetiza
los principales hallazgos de estudios recientes sobre las manifestaciones de violencia de género, las
afectaciones psicológicas asociadas y sus repercusiones en los ámbitos personal, familiar y social.
Tabla 1
Afectaciones psicológicas derivadas de la violencia de género según estudios recientes
Autor Tipo de violencia de género
Afectación psicológica
principal
Consecuencias en la vida familiar,
social y personal
Hernández-
Flórez et al.
(2024)
Violencia psicológica, física,
sexual y económica asociada a
relaciones de desigualdad y
asimetría de poder.
Daño emocional, miedo,
sufrimiento psicológico,
vulnerabilidad emocional y
afectación de la integridad
personal.
Deterioro del bienestar integral,
pérdida de seguridad personal,
limitación del desarrollo individual y
reproducción de condiciones de
desigualdad.
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Tourné et al.
(2024)
Violencia ejercida por la pareja
mediante agresiones
psicológicas, físicas y otras
formas de maltrato.
Ansiedad, estrés crónico,
malestar psicológico y
deterioro persistente de la salud
mental.
Disminución de la calidad de vida,
afectación del entorno familiar y
repercusiones en la salud física,
psicológica y social.
Mejía (2025)
Violencia física, psicológica y
sexual analizada desde los
sistemas de protección jurídica
latinoamericanos.
Alteraciones emocionales
asociadas al trauma,
vulnerabilidad psicológica y
exposición prolongada a
situaciones violentas.
Restricción de la participación social,
dificultades para acceder a
mecanismos de protección y
permanencia de condiciones de
vulnerabilidad.
Tapia et al.
(2025)
Violencia física, psicológica,
sexual, económica y simbólica
contra mujeres en Ecuador.
Miedo, dependencia emocional
y económica, afectación
emocional y permanencia en
ciclos de violencia.
Abandono de denuncias, incremento
de vulnerabilidad, dificultades de
acceso a protección y continuidad de
la violencia.
Pérez et al.
(2026)
Violencia de género
transfronteriza en contextos de
conflicto armado y
vulnerabilidad migratoria.
Trastorno de estrés
postraumático (TEPT),
síntomas depresivos, ansiedad,
riesgo suicida y alteraciones
cognitivas.
Cronicidad del trauma, dificultades
de adaptación social, afectación
familiar y necesidad de intervención
interdisciplinaria.
Castillo-
Gonzáles y
Terán-Andrade
(2026)
Violencia en relaciones de
pareja jóvenes (dating
violence), principalmente
psicológica, física y sexual.
Ansiedad, depresión, síntomas
psicosomáticos y dificultades
en el funcionamiento social.
Deterioro de la salud mental,
afectación de relaciones
interpersonales y disminución del
bienestar personal en estudiantes
universitarios.
Lanchimba et
al. (2026)
Exposición a violencia física,
sexual, psicológica y
económica en relaciones
familiares o de pareja.
Síntomas depresivos, estrés
percibido, soledad y afectación
emocional asociada a la
violencia.
Mayor vulnerabilidad emocional,
necesidad de apoyo psicológico y
social, y dificultades en la adaptación
personal.
Marco legal ecuatoriano e internacional para la protección integral de las víctimas
El reconocimiento de la violencia de género como una vulneración de los derechos humanos, y no
como un asunto perteneciente exclusivamente al ámbito privado, ha sido consolidado mediante
instrumentos internacionales orientados a garantizar la igualdad y la protección integral de las
mujeres. En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer establece la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas, administrativas
y políticas destinadas a eliminar prácticas discriminatorias y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1979).
De manera complementaria, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, reconoce el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia y establece la responsabilidad estatal de actuar con debida
diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones. Este instrumento promueve
la implementación de mecanismos judiciales y administrativos eficaces que permitan brindar una
respuesta oportuna frente a las situaciones de violencia (Organización de los Estados Americanos
[OEA], 1994).
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En el ámbito nacional, la Constitución de la República del Ecuador establece el marco jurídico
fundamental para la protección de las víctimas mediante principios de igualdad, no discriminación y
garantía efectiva de derechos. El Art. 11 reconoce que los derechos constitucionales son de aplicación
directa e inmediata, prohibiendo cualquier forma de discriminación basada en condiciones personales
o sociales, incluido el género (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008).
Asimismo, el Art. 35 de la Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria a las personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, incluyendo aquellas afectadas por violencia. Por
otra parte, el Art. 66 numeral 3 garantiza el derecho a la integridad personal en sus dimensiones física,
psíquica, moral y sexual, así como el derecho a una vida libre de violencia en los ámbitos público y
privado, estableciendo la obligación estatal de adoptar medidas preventivas y sancionatorias frente a
cualquier forma de agresión (CRE, 2008).
En desarrollo del mandato constitucional, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres establece mecanismos orientados a la prevención, atención y protección
de las víctimas. Esta normativa reconoce diferentes tipos de violencia y regula medidas administrativas
de protección inmediata destinadas a reducir situaciones de riesgo, evitar nuevas agresiones y
garantizar procesos de reparación integral desde una perspectiva que supera el enfoque
exclusivamente sancionador (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, 2018).
Desde el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal tipifica los delitos relacionados con la
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, estableciendo sanciones para las agresiones
físicas, psicológicas y sexuales. Además, contempla medidas de protección destinadas a preservar la
seguridad e integridad de las víctimas durante los procedimientos judiciales, tales como boletas de
auxilio, prohibición de acercamiento y otras disposiciones orientadas a reducir el riesgo de nuevas
vulneraciones (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014).
Desafíos jurídicos en la aplicación práctica de la protección integral
A pesar de los avances normativos orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género,
la evidencia científica demuestra que persisten dificultades relacionadas con la aplicación efectiva de
los mecanismos de protección integral. Entre los principales desafíos destacan la distancia entre el
reconocimiento jurídico y su implementación práctica, las limitaciones institucionales, la falta de
seguimiento de las medidas de protección, las barreras de acceso a la justicia y la persistencia de
procesos de revictimización. Estas condiciones pueden reducir la capacidad de respuesta estatal y
mantener a las víctimas expuestas a nuevos episodios de violencia.
En este contexto, la protección integral requiere superar una visión exclusivamente normativa y
fortalecer la articulación entre las instituciones responsables de prevención, atención, protección y
reparación. La literatura evidencia que la existencia de leyes y mecanismos jurídicos no garantiza por
sí misma una respuesta efectiva, debido a que su impacto depende de factores como la capacidad
institucional, disponibilidad de recursos, capacitación de operadores de justicia y coordinación
interdisciplinaria. La tabla 2 sintetiza los principales desafíos identificados en investigaciones recientes
y sus efectos sobre la garantía efectiva de derechos.
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Tabla 2
Principales desafíos jurídicos para la protección integral de víctimas de violencia de género
Autor Desafío jurídico Descripción de la problemática
Manifestación práctica y
consecuencias para las víctimas
Mejía (2025)
Limitaciones en la
protección integral e
inclusión de víctimas
necesidades específicas de diferentes
vulnerabilidad.
Persisten barreras de acceso a la
justicia, exclusión de ciertos
grupos y continuidad de
condiciones de vulnerabilidad.
Tapia et al.
(2025)
Brecha entre normativa
y aplicación práctica
mecanismos jurídicos de protección,
sociales y culturales que reducen su
efectividad.
El miedo, la dependencia
económica y la presión social
pueden favorecer el abandono de
denuncias y la continuidad de la
violencia.
Calva-Guaman
y Villacrés-
López (2025)
Limitaciones
institucionales para
garantizar protección
efectiva
La existencia de normas no asegura
institucional.
Incremento del riesgo de
revictimización, dificultades
procesales y limitada garantía del
derecho a una vida libre de
violencia.
Bayas y
Medina (2025)
Debilidad institucional y
falta de debida
diligencia
que afectan la capacidad estatal de
respuesta.
Las víctimas enfrentan obstáculos
para ejercer sus derechos y
acceder oportunamente a
mecanismos de protección.
Arias (2026)
Ineficacia en la ejecución
y seguimiento de
medidas de protección
cumplimiento efectivo.
La ausencia de seguimiento puede
mantener a las víctimas expuestas
al agresor y reducir la función
preventiva de las medidas.
Balladares-
Espinoza et al.
(2026)
Distancia entre garantías
constitucionales y
respuesta judicial
reconocimiento formal de derechos y
la capacidad real del sistema judicial
violencia grave.
Retrasos procesales, dificultades
probatorias y debilidades
institucionales pueden generar
inseguridad e impunidad.
Herrera et al.
(2026)
Débil articulación
interdisciplinaria
persisten respuestas fragmentadas.
Atención limitada, dificultades
para acceder a reparación integral
y afectación del proceso de
recuperación emocional.
Valdivia et al.
(2024)
Limitaciones en
valoración del riesgo
técnicos y jurídicos adecuados para
evitar errores.
Una valoración incorrecta puede
generar niveles insuficientes de
protección frente a nuevas
agresiones.
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4. Discusión
Los resultados de esta revisión evidenciaron que la violencia de género constituye una problemática
multidimensional en la que convergen factores psicológicos, sociales y jurídicos que condicionan la
protección integral de las víctimas. La evidencia analizada permitió identificar que sus consecuencias
trascienden el daño físico, generando alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales que afectan
la salud mental, la autonomía y la capacidad de reconstrucción del proyecto de vida. Estos hallazgos
confirman que la violencia de género debe comprenderse como un fenómeno complejo cuya atención
requiere intervenciones articuladas entre diferentes áreas del conocimiento (Hernández-Flórez et al.,
2024; Herrera et al., 2026).
Las investigaciones revisadas demostraron que las principales afectaciones psicológicas asociadas
a la violencia de género corresponden a ansiedad, depresión, estrés postraumático, miedo, baja
autoestima y dependencia emocional. Estas consecuencias no representan únicamente respuestas
individuales frente al trauma, sino que se encuentran relacionadas con procesos prolongados de
control, intimidación y desigualdad que limitan la autonomía de las víctimas. En este sentido, la
persistencia del daño psicológico evidencia que la violencia psicológica puede actuar como un
mecanismo de sometimiento continuo incluso después de finalizar la agresión directa (Tourné et al.,
2024; Pérez et al., 2026; Castillo-Gonzáles & Terán-Andrade, 2026; Lanchimba et al., 2026).
Los resultados también evidenciaron que los factores sociales y económicos influyen
significativamente en la permanencia de los ciclos de violencia. El miedo, la dependencia económica,
la presión social y el desconocimiento de los mecanismos de protección pueden dificultar la denuncia
y prolongar la exposición a situaciones violentas. Por ello, la recuperación psicológica no debe limitarse
exclusivamente a la intervención terapéutica, sino que requiere condiciones sociales e institucionales
que permitan fortalecer la autonomía, seguridad y capacidad de decisión de las víctimas (Tapia et al.,
2025).
Desde la dimensión jurídica, los hallazgos confirmaron que la violencia de género constituye una
vulneración de derechos humanos reconocida en instrumentos internacionales como la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención de Belém do Pará. Estos instrumentos establecen obligaciones estatales orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo mecanismos efectivos de
protección y reparación (ONU, 1979; OEA, 1994). En Ecuador, este marco se complementa con la
Constitución, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el
Código Orgánico Integral Penal, que establecen garantías y procedimientos destinados a proteger a las
víctimas.
Sin embargo, los resultados evidenciaron que la principal dificultad jurídica no se encuentra en la
ausencia de normativa, sino en la distancia existente entre el reconocimiento formal de derechos y su
aplicación efectiva. Diversos estudios identificaron problemas relacionados con la coordinación
institucional, limitaciones operativas, insuficiente capacitación de los actores responsables y barreras
de acceso a la justicia. Esta brecha entre la norma y la práctica puede generar procesos de
revictimización y mantener a las víctimas en escenarios de vulnerabilidad, afectando directamente sus
procesos de recuperación emocional (Tapia et al., 2025; Calva-Guaman & Villacrés-López, 2025; Bayas
& Medina, 2025).
Asimismo, la evidencia mostró que la ejecución y seguimiento de las medidas de protección
constituyen elementos críticos dentro de la respuesta institucional. La falta de monitoreo, las demoras
procesales y las dificultades probatorias pueden reducir la capacidad preventiva del sistema jurídico
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y aumentar el riesgo de nuevas agresiones. Por tanto, la efectividad de la protección integral no
depende únicamente de la existencia de mecanismos legales, sino de la capacidad institucional para
aplicarlos de manera oportuna, coordinada y centrada en las necesidades de las víctimas (Arias, 2026;
Balladares-Espinoza et al., 2026).
En este contexto, los resultados respaldan la necesidad de superar un modelo exclusivamente
sancionatorio y avanzar hacia una respuesta interdisciplinaria que articule Derecho, Psicología y
Trabajo Social. La protección efectiva requiere integrar evaluación del daño psicológico,
acompañamiento terapéutico, asistencia jurídica y procesos de reparación integral que consideren las
condiciones individuales y sociales de cada víctima. Desde esta perspectiva, la recuperación no puede
entenderse únicamente como la ausencia de violencia, sino como un proceso de reconstrucción de
autonomía, seguridad y bienestar integral (Herrera et al., 2026).
Finalmente, esta revisión presentó limitaciones relacionadas con la predominancia de estudios
cualitativos y documentales, lo que permitió comprender la complejidad del fenómeno, pero restringió
la posibilidad de establecer relaciones causales o medir la efectividad de intervenciones específicas.
Futuras investigaciones deberían incorporar estudios longitudinales y evaluaciones empíricas sobre la
aplicación de medidas de protección, con el propósito de diseñar modelos interdisciplinarios
orientados a la prevención, reparación integral y recuperación psicológica de la víctima.
5. Conclusiones
La revisión permitió establecer que la violencia de género constituye una problemática
multidimensional cuya afectación trasciende el daño inmediato, debido a que compromete la
estabilidad emocional, la autonomía personal y la capacidad de recuperación integral de las víctimas.
Los principales efectos psicológicos identificados fueron ansiedad, depresión, estrés postraumático,
miedo, baja autoestima y dependencia emocional, manifestaciones que pueden afectar la calidad de
vida, las relaciones sociales y la reconstrucción del proyecto personal.
Asimismo, el estudio evidenció que, aunque Ecuador dispone de un marco jurídico orientado a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género mediante instrumentos nacionales e
internacionales, persisten limitaciones relacionadas con la aplicación efectiva de las normas, la
coordinación institucional, el acceso oportuno a la justicia y el seguimiento de las medidas de
protección. En consecuencia, el principal desafío no radica únicamente en fortalecer la legislación
existente, sino en garantizar su implementación efectiva para reducir escenarios de vulnerabilidad y
evitar procesos de revictimización.
Finalmente, los hallazgos permitieron concluir que la protección integral de las víctimas requiere
superar enfoques centrados exclusivamente en la sanción del agresor y avanzar hacia modelos
interdisciplinarios que articulen Derecho, Psicología y Trabajo Social. Este enfoque integral resulta
indispensable para vincular la protección jurídica con la atención psicológica, la reparación del daño y
el fortalecimiento de la autonomía personal, favoreciendo procesos efectivos de recuperación y
garantía de derechos fundamentales.
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ISSN: 3028-8983
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, Edison Germánico Ruiz Moreta, Ana Patricia Arcos Bombón, Richard Wladimir Ruiz Viera
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Andrea Anabel Vicuña Pardo: Conceptualización, metodología, software, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Edison Germánico Ruiz Moreta: Conceptualización, metodología, validación, investigación,
visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, recursos, supervisión.
Ana Patricia Arcos Bombón: Validación, análisis formal, investigación, gestión de datos, visualización,
redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento.
Richard Wladimir Ruiz Viera: Investigación, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.