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Vol. 4 N° 2, julio-diciembre 2026 (157-168)
ISSN: 3028-8983
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Artículo de revisión
Protección integral de mujeres víctimas de violencia de género
en Ecuador: un abordaje interdisciplinario desde el Trabajo
Social, la Psicología y el Derecho
Comprehensive protection of women victims of gender-based violence in
Ecuador: An interdisciplinary approach from Social Work, Psychology, and
Law
Carlos Javier Herrera Barros*
Fundación Nosotras con Equidad
Riobamba - Ecuador
charlitosherrera@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-2609-2474
Wilian Gustavo Suarez Novillo
Unidad de Investigación de Violencia
Contra la Mujer o Miembros del Núcleo
Familiar de Chimborazo - Policía Nacional
Riobamba - Ecuador
wilian.suarez@uisek.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-5894-2510
Tatiana Pamela Gómez Vargas
Casa de Acogida TAO
Baños de Agua Santa - Ecuador
tatianapamela1996@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0006-0723-088X
Lizbeth Nicole López Guevara
Casa de Acogida TAO
Baños de Agua Santa - Ecuador
nicolelopez2107@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-4181-9797
*Correspondencia:
charlitosherrera@hotmail.com
Cómo citar este artículo:
Herrera, C., Suarez, W., Gómez, T., &
López, L. (2026). Protección integral de
mujeres víctimas de violencia de género en
Ecuador: un abordaje interdisciplinario
desde el Trabajo Social, la Psicología y el
Derecho. Perspectiva
s Sociales y
Administrativas, 4(2), 157-168.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i2.177
Recibido: 24 de junio de 2026
Aceptado: 28 de julio de 2026
Publicado: 6 de agosto de 2026
Resumen: La violencia de género contra las mujeres constituye un problema de derechos
humanos, salud pública y desarrollo social que requiere respuestas institucionales integrales.
El objetivo de la presente revisión integrativa de literatura fue analizar la protección integral
de las mujeres víctimas de violencia de género en Ecuador desde una perspectiva
interdisciplinaria, identificando los aportes del Trabajo Social, la Psicología y el Derecho, así
como los desafíos asociados con la articulación institucional. Se desarrolló una revisión
integrativa con enfoque cualitativo que incluyó artículos científicos, tesis académicas y
documentos institucionales publicados entre 2022 y 2026, complementados con normativa
nacional e instrumentos internacionales. Los resultados evidenciaron que el Trabajo Social
contribuye al fortalecimiento de redes de apoyo, gestión de recursos e intervención
comunitaria; la Psicología aporta mediante la evaluación especializada, intervención
terapéutica y valoración pericial del daño psicológico; mientras que el Derecho proporciona
garantías para la prevención, protección, acceso a la justicia y reparación integral. Se
identificaron limitaciones relacionadas con la coordinación interinstitucional, implementación
de políticas públicas y aplicación efectiva de mecanismos de protección. Se concluye que la
protección integral requiere un modelo interdisciplinario basado en la articulación social,
psicológica y jurídica, reconociendo a las mujeres como sujetos de derechos cuya dignidad,
autonomía y proyecto de vida deben constituir el eje central de las respuestas institucionales.
Palabras clave: Derecho, Ecuador, protección integral, psicología, trabajo social, violencia
contra la mujer.
Abstract: Gender-based violence against women constitutes a human rights, public health, and social
development issue that requires comprehensive institutional responses. The objective of this integrative
literature review was to analyze the comprehensive protection of women victims of gender-based
violence in Ecuador from an interdisciplinary perspective, identifying the contributions of Social Work,
Psychology, and Law, as well as the challenges associated with institutional coordination. An
integrative review with a qualitative approach was conducted, including scientific articles, academic
theses, and institutional documents published between 2022 and 2026, complemented by national
regulations and international instruments. The results showed that Social Work contributes to
strengthening support networks, resource management, and community intervention; Psychology
contributes through specialized assessment, therapeutic intervention, and expert evaluation of
psychological harm; while Law provides guarantees for prevention, protection, access to justice, and
comprehensive reparation. Limitations related to interinstitutional coordination, public policy
implementation, and the effective application of protection mechanisms were identified. It is concluded
that comprehensive protection requires an interdisciplinary model based on social, psychological, and
legal articulation, recognizing women as rights-holders whose dignity, autonomy, and life projects
must constitute the central focus of institutional responses.
Keywords: Comprehensive protection, Ecuador, law, psychology, social work, violence against women.
Copyright: Derechos de autor 2026 Carlos
Javier Herrera Barros, Wilian Gustavo
Suarez Novillo, Tatiana Pamela Gómez
Vargas, Lizbeth Nicole López Guevara.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative
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1. Introducción
La violencia de género contra las mujeres constituye una problemática multidimensional que afecta
los derechos fundamentales, el bienestar psicológico y las relaciones sociales de quienes la
experimentan. Sus manifestaciones pueden presentarse en diferentes ámbitos y adoptar formas físicas,
psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales, por lo que su abordaje requiere superar
intervenciones exclusivamente centradas en la sanción del agresor. En este sentido, la respuesta
institucional debe incorporar acciones de prevención, atención, protección y reparación integral que
consideren las necesidades particulares de las mujeres víctimas de violencia de género. En Ecuador,
diversos estudios evidencian avances normativos e institucionales orientados a enfrentar esta
problemática; sin embargo, persisten limitaciones asociadas con la aplicación efectiva de las políticas
públicas y la articulación de los servicios de atención (Játiva et al., 2024; Vásquez, 2022).
En el contexto ecuatoriano, la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres se encuentra
sustentada en un marco jurídico que reconoce la obligación de prevenir y erradicar este fenómeno,
así como de garantizar mecanismos de protección y reparación para sus víctimas. La Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), establece un modelo de
actuación que involucra diferentes instituciones y niveles de intervención. Sin embargo, la existencia
de disposiciones normativas no garantiza por sí misma una protección efectiva. La literatura
evidencia dificultades relacionadas con la implementación de políticas públicas, la coordinación
institucional, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los servicios para responder de manera
oportuna y sostenida a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia (Mendieta, 2022; Castro,
2022).
En este escenario, el Trabajo Social aporta herramientas orientadas a la intervención individual,
familiar y comunitaria, el acompañamiento social, el fortalecimiento de redes de apoyo y la articulación
de las mujeres con los recursos disponibles en su entorno. La intervención comunitaria constituye una
estrategia relevante para la prevención de la violencia de género y el fortalecimiento de respuestas
sociales frente a sus causas y consecuencias (Nivicela-Cedillo et al., 2023; Espinales, 2024). Desde el
ámbito psicológico, la evaluación profesional permite identificar y aportar elementos técnicos
relevantes para los procesos de reparación integral. En particular, la pericia psicológica adquiere
importancia dentro de los procedimientos institucionales y judiciales al proporcionar elementos
especializados para la valoración de las afectaciones experimentadas por las víctimas (Baquero et al.,
2024; Arboleda, 2025). Por su parte, el Derecho proporciona los fundamentos normativos para
garantizar el acceso a la justicia, establecer medidas de protección y desarrollar mecanismos de
reparación frente a las vulneraciones de derechos (Marín, 2024).
La complementariedad entre estas disciplinas adquiere especial importancia ante los riesgos de
revictimización y las dificultades que pueden surgir durante los procesos institucionales de atención.
La literatura señala la existencia de barreras relacionadas con la coordinación institucional, la
aplicación de protocolos, la capacitación especializada y la continuidad en la atención, factores que
pueden afectar la experiencia de las mujeres durante su contacto con los diferentes servicios (Ortiz,
2025; Holguín, 2022). De igual manera, la evaluación y la intervención especializada adquieren
relevancia para identificar afectaciones psicológicas y sociales que pueden pasar inadvertidas cuando
la respuesta institucional se limita a la dimensión jurídica del problema (Acurio & Rodríguez, 2026;
Ramírez & Panchi, 2024). En consecuencia, una respuesta integral requiere la articulación de
intervenciones jurídicas, psicológicas y sociales bajo un enfoque centrado en las necesidades, derechos
y condiciones particulares de las mujeres víctimas de violencia.
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A pesar de la existencia de literatura ecuatoriana sobre violencia de género, protección jurídica,
intervención social y atención psicológica, estos aportes se encuentran frecuentemente abordados
desde perspectivas disciplinares particulares, lo que puede limitar una comprensión integrada de las
condiciones que favorecen o dificultan la protección de las víctimas. Además, problemáticas específicas
como la violencia vicaria, la violencia contra mujeres indígenas y las consecuencias psicosociales
derivadas de estas experiencias evidencian la necesidad de fortalecer enfoques interdisciplinarios que
consideren la complejidad del fenómeno (Berrones & Reyes, 2026; Flores-Luisa & Mayorga-Mayorga,
2026).
En este sentido, un abordaje interdisciplinario permite reconocer la complementariedad entre la
intervención social, la atención psicológica y la protección jurídica, así como identificar las brechas
existentes en su articulación institucional. Bajo este enfoque, la presente revisión integrativa de
literatura tiene como objetivo analizar la protección integral de las mujeres víctimas de violencia de
género en Ecuador desde una perspectiva interdisciplinaria, identificando los aportes del Trabajo
Social, la Psicología y el Derecho, así como los principales desafíos institucionales que condicionan la
articulación y efectividad de las respuestas de protección.
2. Metodología
En el presente artículo se desarrolló una revisión integrativa de literatura con enfoque cualitativo,
orientada a analizar la evidencia disponible sobre la protección integral de mujeres víctimas de violencia
de género en Ecuador desde una perspectiva interdisciplinaria. El proceso metodológico comprendió la
búsqueda, selección, organización y análisis temático de literatura académica relacionada con el
fenómeno de estudio. La información seleccionada fue examinada considerando su pertinencia respecto
al contexto ecuatoriano, su contribución a las dimensiones social, psicológica y jurídica, así como su
aporte a la comprensión de los procesos de prevención, atención, protección y reparación integral.
Criterios de elegibilidad de los artículos
Tabla 1
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión Exclusión
Artículos científicos, revisiones de literatura, tesis
académicas y documentos institucionales relacionados con
el objeto de estudio, publicados durante el periodo
comprendido entre 2022 y 2026.
Artículos científicos, revisiones de literatura y tesis
académicas publicados fuera del periodo establecido.
Publicaciones que abordaron la violencia de género contra
las mujeres como fenómeno de estudio.
Publicaciones que abordaron formas de violencia sin
relación con la violencia de género contra las mujeres.
Investigaciones desarrolladas en Ecuador o estudios
internacionales que aportaron elementos conceptuales o
analíticos pertinentes para la comprensión
interdisciplinaria del fenómeno.
Investigaciones que no presentaron relación con las
dimensiones de prevención, atención, protección,
reparación integral, acceso a la justicia, intervención social,
evaluación psicológica o articulación institucional.
Estudios vinculados con la participación o aportes del
Trabajo Social, la Psicología o el Derecho en la atención y
protección de mujeres víctimas de violencia de género.
Estudios que no guardaron relación con los aportes del
Trabajo Social, la Psicología o el Derecho frente a la violencia
de género.
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Los documentos normativos y oficiales indispensables para contextualizar el marco jurídico e
institucional ecuatoriano fueron incorporados como fuentes complementarias, independientemente
del periodo temporal establecido, debido a su relevancia para la interpretación del contexto
normativo vigente.
Fuentes y estrategias de búsqueda de información
La búsqueda bibliográfica se realizó durante el periodo comprendido entre 2022 y 2026 mediante
plataformas académicas, repositorios institucionales de acceso abierto y fuentes documentales
especializadas, incluyendo Google Académico, Dialnet y repositorios institucionales nacionales e
internacionales pertinentes. Se priorizaron publicaciones con disponibilidad de acceso completo y
relevancia contextual respecto a la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género en
Ecuador. La delimitación temporal respondió al propósito de incorporar evidencia reciente y actualizada
para analizar las condiciones contemporáneas de atención, protección y respuesta institucional.
La estrategia de búsqueda se estructuró mediante la combinación de descriptores relacionados con
las principales dimensiones del objeto de estudio, entre ellos: “violencia de género”, “violencia contra
la mujer”, “protección integral”, “intervención social”, “Trabajo Social”, “Psicología”, “Derecho”,
“medidas de protección”, “atención integral”, “reparación integral” y “articulación institucional”.
Estos términos fueron combinados con el descriptor “Ecuador” y operadores booleanos cuando fue
necesario para ampliar o delimitar los resultados obtenidos.
A su vez, se revisaron las referencias bibliográficas de las publicaciones consideradas pertinentes
con el propósito de identificar fuentes adicionales relacionadas con el objeto de estudio. Las fuentes
recuperadas mediante motores de búsqueda fueron verificadas posteriormente a través de sus
publicaciones originales, identificadores DOI, repositorios institucionales o sitios editoriales
correspondientes, con el fin de garantizar la trazabilidad y disponibilidad de la información analizada.
Las publicaciones recuperadas fueron sometidas inicialmente a un proceso de revisión de títulos y
resúmenes, seguido de la lectura del texto completo de aquellas fuentes que presentaron
correspondencia con los objetivos y criterios de elegibilidad establecidos. Finalmente, los estudios
seleccionados fueron organizados de acuerdo con su pertinencia temática, disciplina de procedencia y
contribución al análisis interdisciplinario de la protección integral de mujeres víctimas de violencia de
género.
3. Resultados
Comprensión del fenómeno de la violencia contra la mujer
La comprensión de la violencia contra la mujer ha experimentado una transformación significativa
durante las últimas décadas, pasando de ser considerada un asunto privado a reconocerse como una
vulneración de los derechos humanos que compromete la responsabilidad de los Estados. Este cambio
respondió al desarrollo progresivo del sistema internacional de derechos humanos, particularmente a
partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que estableció obligaciones estatales orientadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres (Naciones Unidas, 1979).
En este mismo sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) reconoció el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
y consolidó la obligación estatal de implementar políticas integrales de prevención, atención y
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protección (Convenio Belém do Pará, 1995). Los resultados de la revisión evidenciaron que este cambio
conceptual permitió comprender la violencia de género como un fenómeno multidimensional que
requiere respuestas articuladas desde diferentes sistemas institucionales.
La Organización Mundial de la Salud reconoce la violencia contra la mujer como un problema de
salud pública y derechos humanos debido a sus consecuencias físicas, psicológicas, sexuales,
reproductivas y sociales. Los estudios analizados coinciden en que su origen responde a factores
individuales, familiares, comunitarios y estructurales, por lo que las respuestas exclusivamente
sancionatorias resultan insuficientes para abordar la complejidad del fenómeno (OMS, 2026).
En Ecuador, los resultados muestran que la evolución conceptual de la violencia de género se reflejó
en el fortalecimiento progresivo del marco jurídico nacional. La Constitución de la República del
Ecuador [CRE] (2008), estableció la obligación estatal de garantizar la protección de los derechos
fundamentales, mientras que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (2018) consolidó un sistema orientado a la prevención, atención, protección y reparación
integral de las víctimas.
No obstante, la evidencia revisada identificó una brecha persistente entre el reconocimiento
normativo y la efectividad de las respuestas institucionales. Aunque Ecuador cuenta con políticas
públicas y mecanismos jurídicos orientados a enfrentar la violencia de género, continúan presentándose
dificultades relacionadas con la implementación, coordinación institucional, disponibilidad de recursos
y capacidad operativa de los servicios especializados (Vásquez, 2022; Játiva et al., 2024).
Desde esta perspectiva, los resultados evidenciaron que las principales limitaciones no se
encuentran únicamente en la ausencia de normativa, sino en la aplicación efectiva de los mecanismos
establecidos. La literatura analizada señala que la respuesta institucional requiere superar
intervenciones fragmentadas y avanzar hacia modelos coordinados que integren acciones jurídicas,
sociales y psicológicas (Mendieta, 2022).
Aportes del Trabajo Social en la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género
Los resultados identificaron al Trabajo Social como una disciplina fundamental dentro de los sistemas
de protección integral, debido a su intervención sobre factores sociales, familiares y comunitarios
asociados con la violencia de género. Su contribución comprende procesos de diagnóstico social,
acompañamiento, gestión de recursos, fortalecimiento de redes de apoyo y articulación con
instituciones orientadas a la restitución de derechos.
En este sentido, la evidencia revisada destacó que el Trabajo Social no se limita a la atención
posterior al hecho violento, sino que desarrolla acciones preventivas dirigidas a transformar
condiciones sociales que favorecen la reproducción de la violencia. Santana et al. (2026) señalan que
esta disciplina integra estrategias de prevención, intervención y seguimiento, fortaleciendo la
respuesta institucional frente a las necesidades de las víctimas.
Asimismo, Espinales (2024) evidenció que la intervención social desarrollada desde espacios
universitarios y comunitarios contribuye al fortalecimiento del conocimiento sobre derechos,
sensibilización y generación de entornos protectores. De manera complementaria, Nivicela-Cedillo et
al. (2023) resaltan que la erradicación de la violencia requiere la participación articulada de
instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía.
Sin embargo, los resultados también mostraron limitaciones relacionadas con el predominio de
modelos asistenciales frente a enfoques preventivos y comunitarios. Holguín (2022) identificó que los
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Servicios de Protección Integral en Ecuador mantienen prácticas centradas principalmente en la
atención de situaciones emergentes, reduciendo las posibilidades de desarrollar procesos sostenidos
de promoción, prevención y empoderamiento.
En consecuencia, la revisión evidencia que el fortalecimiento del Trabajo Social requiere ampliar la
coordinación interdisciplinaria, consolidar estrategias comunitarias y promover intervenciones
orientadas a la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género (Santana et al., 2026).
Aportes de la Psicología en la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género
Los resultados evidenciaron que la Psicología constituye un componente esencial dentro de la
protección integral debido a su contribución en la identificación, evaluación e intervención sobre las
consecuencias emocionales, cognitivas y sociales derivadas de la violencia de género. Las
investigaciones revisadas identificaron afectaciones frecuentes relacionadas con ansiedad, depresión,
disminución de autoestima, deterioro de relaciones interpersonales y dificultades para reconstruir el
proyecto de vida (Ramírez & Panchi, 2024).
La evaluación psicológica se posicionó como una herramienta fundamental para determinar la
magnitud del daño, identificar factores de riesgo y protección, y orientar procesos terapéuticos
ajustados a las necesidades individuales de cada víctima (Riofrío, 2026). Estos procesos adquieren
relevancia tanto en contextos clínicos como institucionales, especialmente cuando las mujeres
atraviesan procedimientos judiciales o administrativos.
Los resultados también evidenciaron la importancia de las intervenciones cognitivo-conductuales
como estrategias dirigidas al manejo de síntomas depresivos, ansiedad, fortalecimiento de habilidades
de afrontamiento y recuperación emocional. No obstante, la evidencia señala que la atención
psicológica debe desarrollarse bajo un enfoque integral que evite la revictimización secundaria durante
los procesos institucionales (Ortiz, 2025; Riofrío, 2026).
Desde la Psicología Jurídica y Forense, la revisión identificó que la pericia psicológica representa un
aporte relevante para la administración de justicia al proporcionar información técnica sobre la
existencia y repercusión del daño psicológico asociado con la violencia. Acurio y Rodríguez (2026)
destacan que la evaluación psicológica permite fundamentar procesos de reparación integral, mientras
que Baquero et al. (2024) señalan su importancia como elemento técnico dentro de los procedimientos
judiciales.
Aportes del Derecho en la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género
Los resultados evidenciaron que el Derecho constituye el marco estructural para garantizar la
protección integral mediante normas orientadas a la prevención, atención, protección, acceso a la
justicia y reparación integral. En Ecuador, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (2018), representa el principal instrumento jurídico para organizar la
respuesta estatal frente a esta problemática.
La revisión identificó que el aporte jurídico trasciende la sanción del agresor, debido a que incorpora
mecanismos de protección inmediata, garantías de no repetición y medidas orientadas a restituir los
derechos vulnerados. Castro (2022) señala que el acceso a la justicia constituye un elemento esencial
para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a las mujeres.
Asimismo, los resultados mostraron que las medidas de protección representan instrumentos
fundamentales para reducir riesgos y evitar la continuidad de la violencia. Marín (2024) y Ayala y
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Reyes (2024) destacan que su efectividad depende de la aplicación oportuna, la coordinación
institucional y la incorporación del enfoque de género en las actuaciones de las autoridades
competentes.
Sin embargo, la evidencia revisada confirma que la principal dificultad del sistema jurídico
ecuatoriano no radica únicamente en la existencia de normas, sino en la capacidad institucional para
garantizar su cumplimiento efectivo. Mendieta (2022) identifica problemas relacionados con la
implementación de políticas públicas, recursos limitados y coordinación insuficiente entre
instituciones responsables.
Finalmente, los resultados evidenciaron nuevos desafíos relacionados con la protección de grupos
en condiciones de mayor vulnerabilidad, como mujeres indígenas y víctimas de violencia vicaria.
Flores-Luisa y Mayorga-Mayorga (2026) resaltan la necesidad de incorporar enfoques interculturales,
mientras que Berrones y Reyes (2026) señalan la importancia de fortalecer la protección jurídica frente
a nuevas manifestaciones de violencia. En conjunto, la evidencia demuestra que la protección integral
requiere una articulación efectiva entre Derecho, Psicología y Trabajo Social para garantizar respuestas
institucionales más humanas, coordinadas y sostenibles.
4. Discusión
La presente revisión de literatura evidenció que la violencia de género contra las mujeres constituye
un fenómeno multidimensional que supera las explicaciones centradas exclusivamente en una sola
disciplina y requiere una interpretación articulada desde perspectivas sociales, psicológicas y jurídicas.
Los estudios analizados coinciden en señalar que la violencia genera procesos interrelacionados de
vulnerabilidad social, afectación psicológica y limitación del ejercicio efectivo de derechos, lo que
demuestra la necesidad de respuestas institucionales integrales.
En este sentido, Holguín (2022) identifica que los modelos institucionales de atención en Ecuador
mantienen una orientación predominantemente asistencial, enfocada en resolver situaciones
emergentes, lo que puede limitar el desarrollo de acciones preventivas y procesos sostenidos de
fortalecimiento comunitario. Esta perspectiva coincide con Santana et al. (2026), quienes destacan
que el Trabajo Social desempeña un papel estratégico en la articulación institucional, la consolidación
de redes de apoyo y el acompañamiento social como elementos esenciales para una protección
integral.
Desde la dimensión psicológica, Ramírez y Panchi (2024) evidencian que las consecuencias de la
violencia de género trascienden la presencia aislada de síntomas como ansiedad o depresión, afectando
el funcionamiento emocional, cognitivo, social y relacional de las víctimas. En concordancia, Riofrío
(2026) resalta que las intervenciones terapéuticas requieren continuidad y planificación especializada
para favorecer procesos de recuperación emocional y reconstrucción del proyecto de vida.
Por otra parte, Castro (2022) plantea que la complejidad del fenómeno exige un sistema jurídico
orientado no únicamente a la sanción, sino también a la prevención, protección, acceso a la justicia y
reparación integral. En conjunto, estos hallazgos permiten interpretar que la efectividad de la respuesta
institucional depende de la capacidad de integrar los aportes sociales, psicológicos y jurídicos dentro
de un modelo coordinado de protección.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, la revisión demuestra que la protección integral no
implica únicamente la participación simultánea de diferentes profesionales, sino la construcción de
procesos articulados donde cada disciplina responde a dimensiones específicas del daño ocasionado
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por la violencia. El Trabajo Social contribuye mediante la identificación de factores de vulnerabilidad,
fortalecimiento comunitario y gestión de redes institucionales; mientras que la Psicología aporta la
evaluación especializada, intervención terapéutica y valoración del daño psicológico.
De manera complementaria, el Derecho proporciona el marco normativo que permite activar
mecanismos de protección, garantizar el acceso a la justicia y establecer medidas de reparación integral.
Sin embargo, Marín (2024) y Ayala y Reyes (2024) coinciden en que la existencia de estos instrumentos
jurídicos no garantiza por sí misma su efectividad, debido a que su impacto depende de la aplicación
oportuna, la coordinación institucional y la incorporación efectiva del enfoque de género.
Los hallazgos obtenidos son consistentes con los planteamientos internacionales que reconocen la
violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, salud pública e igualdad de
género. Naciones Unidas (1979) y la Convención de Belém do Pará (1995) establecen obligaciones
estatales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar esta problemática, mientras que la Organización
Mundial de la Salud señala que su origen responde a la interacción de factores individuales, familiares,
comunitarios y estructurales (OMS, 2026).
En este contexto, la evidencia ecuatoriana analizada confirma que el principal desafío no
corresponde al reconocimiento formal del problema, sino a la transformación de los compromisos
normativos en respuestas institucionales sostenibles, coordinadas y centradas en las necesidades de
las víctimas. Esta interpretación refuerza la necesidad de fortalecer modelos intersectoriales donde los
sistemas jurídico, psicológico y social trabajen de manera complementaria.
Otro aspecto relevante identificado corresponde a la brecha existente entre el fortalecimiento del
marco jurídico ecuatoriano y la efectividad de su implementación. Aunque la CRE (2008) y la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) representan avances
significativos en el reconocimiento de derechos, persisten limitaciones relacionadas con la capacidad
institucional para garantizar una protección efectiva y sostenida.
Mendieta (2022) señala que las restricciones presupuestarias, la débil coordinación interinstitucional
y las dificultades en la implementación de políticas públicas afectan la respuesta estatal frente a la
violencia de género. De manera similar, Játiva et al. (2024) evidencian que el incremento de
investigaciones y propuestas de intervención no siempre se traduce en mejoras sustanciales en la
atención institucional.
Asimismo, los resultados muestran la necesidad de incorporar enfoques diferenciales que
consideren las particularidades culturales y sociales de grupos históricamente vulnerabilizados. En
este sentido, Flores-Luisa y Mayorga-Mayorga (2026) destacan que la protección de mujeres indígenas
requiere integrar la perspectiva intercultural, mientras que Berrones y Reyes (2026) evidencian nuevos
desafíos jurídicos asociados a manifestaciones emergentes de violencia como la violencia vicaria.
Desde una perspectiva crítica, esta revisión permite establecer que la protección integral de las
mujeres víctimas de violencia de género en Ecuador requiere superar modelos fragmentados de
intervención y avanzar hacia sistemas colaborativos basados en la corresponsabilidad institucional. La
articulación entre Trabajo Social, Psicología y Derecho constituye una condición necesaria para
fortalecer la prevención, reducir la revictimización y promover procesos efectivos de reparación.
Finalmente, esta revisión presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar sus
resultados. En primer lugar, la búsqueda bibliográfica se concentró principalmente en estudios
relacionados con Ecuador, por lo que los hallazgos no pretenden generalizarse a otros contextos
socioculturales. Además, la heterogeneidad metodológica de las investigaciones analizadas y el
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predominio de estudios cualitativos limitaron la posibilidad de establecer comparaciones cuantitativas
sobre la efectividad de las estrategias implementadas.
No obstante, la síntesis crítica desarrollada permite identificar tendencias relevantes sobre las
fortalezas y desafíos del modelo ecuatoriano de protección integral. Los resultados evidencian la
necesidad de promover futuras investigaciones empíricas que evalúen la eficacia de los modelos
interdisciplinarios de atención y permitan generar evidencia para fortalecer las políticas públicas
dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
5. Conclusiones
Esta revisión bibliográfica evidenció que la protección integral de las mujeres víctimas de violencia de
género constituye un proceso interdisciplinario cuya efectividad depende de la articulación entre el
Trabajo Social, la Psicología y el Derecho. La evidencia analizada demuestra que cada disciplina aborda
dimensiones específicas del fenómeno; sin embargo, ninguna intervención aislada resulta suficiente
para responder a la complejidad social, psicológica y jurídica de la violencia de género, por lo que se
requiere una acción coordinada entre instituciones y profesionales especializados.
Además, la revisión permitió identificar que Ecuador dispone de un marco jurídico e institucional
orientado a la prevención, atención, protección y reparación integral de las mujeres víctimas de
violencia. No obstante, persisten desafíos relacionados con la implementación efectiva de políticas
públicas, la coordinación interinstitucional, la disponibilidad de recursos y la consolidación de
modelos de atención centrados en las necesidades de las víctimas.
En este sentido, los hallazgos permiten concluir que el fortalecimiento del sistema de protección
requiere superar enfoques fragmentados y priorizar estrategias articuladas entre los sectores social,
sanitario y judicial. Estas acciones deben orientarse hacia intervenciones preventivas, humanizadas y
sostenibles que trasciendan respuestas exclusivamente reactivas frente a los episodios de violencia.
Otro aporte relevante de esta revisión radica en la integración de evidencia reciente desde una
perspectiva interdisciplinaria, permitiendo comprender la protección integral como un proceso
continuo de restitución de derechos y recuperación de la autonomía de las mujeres. Este proceso inicia
con la identificación de condiciones de vulnerabilidad, continúa con la atención especializada de las
consecuencias sociales y psicológicas, y se consolida mediante la aplicación efectiva de mecanismos
jurídicos de protección y reparación.
Desde esta perspectiva, las mujeres víctimas de violencia de género no deben ser comprendidas
únicamente como receptoras pasivas de medidas institucionales ni reducidas a su condición procesal
de víctimas, sino como sujetos titulares de derechos cuya dignidad, autonomía y proyectos de vida
requieren respuestas integrales y coordinadas. Esta comprensión constituye la principal contribución
conceptual del estudio, al destacar la necesidad de fortalecer modelos de atención centrados en la
persona.
En conclusión, la protección integral frente a la violencia de género en Ecuador requiere una visión
sistémica donde las intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas funcionen de manera
complementaria para garantizar respuestas más efectivas. El desarrollo de modelos interdisciplinarios
representa una vía necesaria para fortalecer la prevención, reducir la revictimización y avanzar hacia
la garantía efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
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Vol. 4 N° 2, julio-diciembre 2026 (157-168)
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Carlos Javier Herrera Barros
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)
Durante la elaboración de este artículo se utilizó inteligencia artificial como apoyo técnico y analítico
para la revisión lingüística, la corrección gramatical, la claridad expositiva, la organización de ideas y
el análisis de la información, bajo supervisión y validación humana permanente. No se empleó para
generar contenido científico original, argumentos, resultados, interpretar hallazgos o producir
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contenido final del estudio recae exclusivamente en quien o quienes suscriben el artículo.
Contribución de autoría
Carlos Javier Herrera Barros: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Wilian Gustavo Suarez Novillo: Validación, análisis formal, investigación, gestión de datos,
visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, recursos.
Tatiana Pamela Gómez Vargas: Conceptualización, metodología, software, investigación, gestión de
datos, visualización, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.
Lizbeth Nicole López Guevara: Conceptualización, investigación, gestión de datos, redacción - revisión
y edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
