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ISSN: 3028-8983
102
Artículo de investigación
La igualdad de derechos dentro del ámbito laboral de la mujer
ecuatoriana
Equal rights in the labor field of ecuadorian women
Fredy Roberto Hidalgo Cajo*
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
fhidalgo@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6873-7250
Cinthya Stefanía Montesdeoca Parra
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba – Ecuador
cinthya.montesdeoca@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-0465-4760
Yarelita Noemí Carrasco Benavides
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba – Ecuador
yarelita.carrasco@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-7411-2377
Karen Esthefanny Atupaña Aucancela
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba – Ecuador
karen.atupana@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-0801-6529
*Correspondencia:
cinthya.montesdeoca@unach.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Hidalgo, F., Montesdeoca, C., Carrasco, Y.,
& Atupaña, K. (2026). La igualdad de
derechos dentro del ámbito laboral de la
mujer ecuatoriana. Perspectivas Sociales y
Administrativas, 4(2), 102-115.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i2.173
Recibido: 8 de junio de 2026
Aceptado: 10 de julio de 2026
Publicado: 17 de julio de 2026
Resumen: A pesar de los avances constitucionales en materia de igualdad de género, la
discriminación laboral contra las mujeres en Ecuador persiste como una problemática
estructural que limita su autonomía económica y afecta el ejercicio efectivo de sus
derechos fundamentales, manifestándose principalmente mediante brechas salariales,
segregación ocupacional y desigualdades asociadas a las condiciones laborales y de
maternidad. Ante esta realidad, el objetivo general de la investigación fue analizar
críticamente la eficacia del marco jurídico e institucional ecuatoriano en la garantía del
derecho a la igualdad laboral de las mujeres y en la erradicación de prácticas
discriminatorias por razón de género. Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque
cualitativo de alcance descriptivo-explicativo, con un diseño jurídico-documental de
carácter dogmático, sustentado en los métodos analítico-sintético, exegético, histórico-
lógico y comparado, aplicados al examen sistemático de fuentes normativas, estadísticas
e institucionales. Los hallazgos principales evidenciaron una brecha significativa entre
las garantías formales reconocidas por el ordenamiento jurídico y su materialización
efectiva en el mercado laboral, mostrando que los sesgos de género continúan presentes
en los procesos de contratación, remuneración y distribución del trabajo no remunerado.
Del mismo modo, se identificó que la normativa laboral ecuatoriana, pese a su desarrollo
progresivo, presenta limitaciones en los mecanismos institucionales de fiscalización y
aplicación efectiva para garantizar la igualdad salarial en la práctica. Se concluye que la
protección efectiva de las mujeres trabajadoras trasciende la positivación normativa y
requiere el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de supervisión y control
que permitan hacer efectivo el mandato constitucional y promover condiciones laborales
equitativas y verificables.
Palabras clave: Brecha salarial, derechos laborales, discriminación de género, igualdad
laboral, mujer ecuatoriana.
Abstract: Despite constitutional advances in gender equality, labor discrimination against
women in Ecuador remains a structural problem that limits their economic autonomy and affects
the effective exercise of their fundamental rights, mainly through wage gaps, occupational
segregation, and inequalities associated with working conditions and maternity. This study aimed
to critically analyze the effectiveness of the Ecuadorian legal and institutional framework in
guaranteeing women’s right to labor equality and in eliminating discriminatory practices based
on gender. Methodologically, the research adopted a qualitative approach with a descriptive-
explanatory scope and a dogmatic legal-documentary design, supported by analytical-synthetic,
exegetical, historical-logical, and comparative methods applied to the systematic examination of
legal, statistical, and institutional sources. The findings revealed a significant gap between the
formal guarantees recognized by the legal system and their effective implementation in the labor
market, demonstrating that gender biases continue to influence hiring processes, remuneration,
and the unequal distribution of unpaid work. Likewise, it was identified that Ecuadorian labor
regulations, despite their progressive development, present limitations in institutional oversight
and enforcement mechanisms to ensure effective wage equality in practice. It is concluded that
the effective protection of women workers goes beyond the formal recognition of rights and
requires strengthening institutional monitoring and control mechanisms to transform
constitutional mandates into equitable and verifiable working conditions.
Keywords: Ecuadorian women, gender discrimination, labor rights, wage gap, workplace
equality.
Copyright: Derechos de autor 2026 Fredy
Roberto Hidalgo Cajo, Cinthya Stefanía
Montesdeoca Parra,
Yarelita Noemí
Carrasco Benavides,
Karen Esthefanny
Atupaña Aucancela.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
El reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos en el ámbito laboral constituye uno de los
pilares del Estado de derecho contemporáneo y un indicador relevante del desarrollo
socioeconómico de las naciones. A nivel internacional, este principio se encuentra respaldado por
diversos instrumentos jurídicos vinculantes, entre ellos el Convenio N.º 111 de la OIT sobre la
discriminación en el empleo y la ocupación, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y el Convenio N.º 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo.
Este último ha sido incorporado progresivamente en los marcos normativos latinoamericanos,
aunque su implementación efectiva aún enfrenta desafíos institucionales y sociales (Organización
Internacional del Trabajo [OIT], 2019b).
En Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador [CRE] (2008) reconoció estos principios
como derechos fundamentales. Sus artículos 11, 33, 326 y 328 establecen la igualdad de trato, la
prohibición de discriminación por razón de sexo o género y el derecho a una remuneración igualitaria
por trabajo de igual valor. Desde la perspectiva del derecho laboral ecuatoriano, estos principios
reflejan una evolución normativa hacia la igualdad sustantiva; sin embargo, la existencia de garantías
jurídicas no ha eliminado completamente las barreras estructurales que afectan la participación,
permanencia y desarrollo profesional de las mujeres en el mercado laboral (Andrés-Oleas, 2015).
La literatura científica ecuatoriana y latinoamericana ha documentado esta problemática desde
diferentes enfoques. Desde una perspectiva socioeconómica, Lamelas y Aguayo (2010) señalaron que
las desigualdades de género en América Latina se relacionan con diferencias persistentes en desarrollo
humano, participación económica y acceso a oportunidades laborales. Estos autores evidencian que
las brechas de género responden a factores estructurales que trascienden la regulación formal y
requieren intervenciones integrales para su reducción.
En Ecuador, Albuja-Echeverría y Enríquez-Rodríguez (2018), mediante la aplicación de la
descomposición de Blinder-Oaxaca, identificaron que para 2016 persistía una diferencia salarial neta
del 4,5 % atribuible a factores asociados con discriminación por sexo, después de controlar variables
relacionadas con capital humano y productividad. Por otra parte, Pachano-Zurita y Molina-Torres
(2022) señalaron que la discriminación laboral no se limita únicamente a las diferencias salariales, sino
que también se manifiesta en la menor presencia de mujeres en cargos directivos y en la existencia de
condiciones contractuales menos favorables.
Desde una perspectiva jurídica, Urrutia-Guevara et al. (2025) sostienen que, pese a la existencia de
garantías constitucionales y disposiciones normativas orientadas a proteger la igualdad laboral en
Ecuador, persisten dificultades relacionadas con la aplicación efectiva de estos mecanismos. Esta
situación evidencia una brecha entre la igualdad formal reconocida por el ordenamiento jurídico y la
igualdad material experimentada por las trabajadoras, constituyendo uno de los principales desafíos
para la efectividad del derecho laboral ecuatoriano.
Desde una perspectiva comparada, la OIT (2023) documentó que la segregación ocupacional y las
diferencias en participación laboral por razones de género constituyen fenómenos estructurales
presentes en diversas economías latinoamericanas. En este sentido, la existencia de normas igualitarias
resulta necesaria, pero insuficiente para transformar las condiciones materiales del empleo femenino.
Urquidi et al. (2023) demostraron que, aunque la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres
en Ecuador presentó una reducción entre 2000 y 2021, permaneció un componente no explicado por
variables observables, asociado a posibles sesgos estructurales.
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De manera complementaria, Frisancho et al. (2023) identificaron que los techos de cristal y la
segregación ocupacional limitan la progresión laboral femenina incluso cuando las mujeres cuentan
con formación profesional y participación en empleos formales. La revisión de la literatura evidencia
que los estudios existentes han abordado la desigualdad laboral principalmente desde perspectivas
separadas: análisis normativos, mediciones estadísticas o evaluación de mecanismos institucionales.
Esta fragmentación limita una comprensión integral de la relación entre el marco jurídico, las
condiciones reales del mercado laboral y la capacidad institucional para garantizar la igualdad
efectiva. Por ello, resulta necesario desarrollar un análisis que articule el estudio del derecho positivo
con la evidencia empírica sobre las brechas laborales de género y con la evaluación de los instrumentos
administrativos orientados a garantizar su cumplimiento.
En este contexto, el presente artículo propone un análisis integrado de la igualdad laboral femenina
en Ecuador, vinculando la dimensión constitucional con la efectividad de los mecanismos
institucionales de protección y fiscalización laboral. El objetivo general del estudio es analizar
críticamente la eficacia del marco jurídico e institucional ecuatoriano en la garantía del derecho a la
igualdad laboral de las mujeres y en la prevención de prácticas discriminatorias por razón de género.
Para alcanzar este propósito, el artículo se estructura en tres apartados: el primero examina el
reconocimiento jurídico del principio de igualdad laboral; el segundo analiza las brechas existentes
entre la regulación normativa y la realidad del mercado laboral; y el tercero aborda las limitaciones de
los mecanismos institucionales de fiscalización y plantea elementos orientados al fortalecimiento de la
igualdad sustantiva en el empleo.
2. Metodología
El presente estudio adoptó un enfoque cualitativo, determinado por la naturaleza del objeto de análisis:
la eficacia del marco jurídico e institucional ecuatoriano en la garantía del derecho a la igualdad laboral
femenina. Esta elección respondió a la necesidad de comprender, interpretar y evaluar normas,
instrumentos administrativos y construcciones doctrinarias, antes que cuantificar variables. Bajo esta
lógica, el nivel de profundización fue descriptivo-explicativo. Fue descriptivo porque se identificaron
y caracterizaron los elementos constitutivos del principio de igualdad laboral en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano. Fue explicativo porque el análisis examinó los factores que sustentan la brecha
entre el reconocimiento formal del derecho y su implementación efectiva en el mercado laboral.
El diseño adoptado fue jurídico-documental de carácter dogmático y no experimental, debido a que
el fenómeno se estudió sin manipulación de variables ni intervención directa sobre sujetos de
investigación. Las unidades de análisis estuvieron constituidas por fuentes documentales, entre ellas
normas jurídicas, instrumentos administrativos, documentos de organismos internacionales y
producción académica arbitrada.
Cuatro métodos científicos articularon el examen de estas fuentes. El método analítico-sintético se
aplicó de forma transversal para descomponer los instrumentos jurídicos en sus elementos
constitutivos y reintegrarlos en una visión sistémica del problema. El método exegético permitió
determinar el sentido y alcance de cada disposición mediante su interpretación desde las dimensiones
literal, contextual y teleológica. El método histórico-lógico permitió reconstruir la evolución del
reconocimiento normativo de los derechos laborales de las mujeres en Ecuador.
Finalmente, el método comparado posibilitó contrastar la regulación nacional con los estándares de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019a; 2019b; 2023) y los datos regionales de la
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), así como identificar las
limitaciones existentes en la implementación de estos estándares dentro del contexto latinoamericano.
El procedimiento investigativo se estructuró en cinco fases secuenciales. La primera correspondió a
la planificación, etapa en la cual se delimitó el problema científico, se formularon los objetivos
generales y específicos y se establecieron los criterios de inclusión y exclusión de fuentes. La segunda
fase comprendió la búsqueda y selección bibliográfica sistemática en bases como SciELO, Redalyc y
Dialnet, además de repositorios oficiales de la OIT, la CEPAL y organismos normativos nacionales.
En esta fase se priorizaron publicaciones correspondientes al periodo 2015-2026; no obstante, se
incorporaron fuentes anteriores cuando constituyeron referentes doctrinales fundamentales para el
análisis del principio de igualdad y del derecho antidiscriminatorio. Se incluyeron artículos científicos
arbitrados, libros y capítulos académicos, tesis disponibles en repositorios institucionales, normativa
vigente, instrumentos administrativos, estadísticas oficiales e informes de organismos nacionales e
internacionales. Se excluyeron documentos sin autoría identificable, fuentes de divulgación no
especializadas y materiales que no presentaron trazabilidad documental suficiente.
La tercera fase correspondió al análisis normativo, en la cual se examinaron los artículos 11 numeral
2, 33, 326 y 328 de la Constitución de la República del Ecuador [CRE] (2008), el artículo 79 del Código
del Trabajo (2005), el Acuerdo Ministerial MDT-2025-006 (Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2025) y
la Resolución MDT-SCP-2023-0001 (Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2023). En cada instrumento se
identificaron su alcance jurídico, mecanismos de aplicación y limitaciones coercitivas. La cuarta fase
comprendió la revisión doctrinal y la contrastación empírica.
La literatura seleccionada fue analizada para identificar convergencias y divergencias en el
tratamiento del problema. Los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]
(2024) y del Banco Interamericano de Desarrollo (Urquidi et al., 2023) fueron utilizados como evidencia
de contraste para evaluar la distancia existente entre el mandato normativo y la realidad fáctica del
mercado laboral. La quinta fase correspondió a la síntesis e interpretación, donde la información
procesada se organizó en tres categorías analíticas: eficacia formal del principio de igualdad, brechas
entre normativa y realidad fáctica e insuficiencias institucionales de fiscalización.
Cada hallazgo fue sometido a un proceso de triangulación mediante la comparación de al menos
dos tipos diferentes de fuentes, lo que garantizó la consistencia interna de los argumentos. La
interpretación final se construyó mediante razonamiento jurídico, articulando los hallazgos
normativos, estadísticos e institucionales para elaborar conclusiones fundamentadas sobre la eficacia
del sistema de protección laboral femenino en Ecuador.
3. Resultados
El análisis documental permitió organizar los hallazgos en tres categorías analíticas vinculadas
directamente con el objetivo general del estudio: la eficacia formal del principio de igualdad laboral,
las brechas existentes entre el reconocimiento normativo y la realidad del mercado de trabajo, y las
limitaciones de los mecanismos institucionales destinados a garantizar su cumplimiento.
Eficacia formal del principio de igualdad laboral
El análisis exegético de los artículos 11 numeral 2, 33, 326 y 328 de la CRE (2008) evidenció que el
ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce expresamente la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades sin distinción de sexo o género. Además, incorporó el principio de remuneración
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igualitaria por trabajo de igual valor. En concordancia, el artículo 79 del Código del Trabajo (2005)
estableció la prohibición de diferencias salariales fundamentadas en características personales del
trabajador, permitiendo únicamente aquellas relacionadas con criterios objetivos como especialización o
ejecución de funciones.
En el ámbito administrativo, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-006 (Ministerio del Trabajo del
Ecuador, 2025) representó un avance en la regulación operativa de la igualdad salarial entre mujeres y
hombres. Este instrumento estableció procedimientos de reporte y verificación orientados a fortalecer la
supervisión institucional sobre los empleadores. De manera complementaria, la Resolución Nro. MDT-
SCP-2023-0001 (Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2023) evidenció la existencia de mecanismos
administrativos de control y seguimiento dentro de las competencias del Ministerio del Trabajo.
Ambos instrumentos reflejan un proceso de transformación del principio constitucional de igualdad
hacia obligaciones administrativas concretas. Sin embargo, el análisis identificó que la existencia de
disposiciones normativas no garantiza por sí misma su cumplimiento efectivo, debido a la
dependencia de mecanismos adecuados de control y seguimiento.
Desde la perspectiva doctrinal, Ferrajoli (2009) planteó que la igualdad jurídica requiere tanto
prohibiciones contra la discriminación como obligaciones positivas del Estado para garantizar
condiciones reales de igualdad. Esta diferenciación permitió interpretar que, aunque Ecuador posee
un marco jurídico sólido en materia de igualdad laboral, persisten limitaciones relacionadas con la
transición desde la igualdad formal hacia la igualdad material.
De manera complementaria, Barrère y Morondo (2011) señalaron que los modelos tradicionales de
igualdad de trato presentan dificultades para enfrentar formas estructurales de subordinación. Desde
esta perspectiva, los resultados sugirieron que la regulación ecuatoriana constituye una condición
necesaria, pero insuficiente, para eliminar desigualdades laborales asociadas al género.
Asimismo, el Convenio N.° 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo (OIT, 2019b) amplió
el alcance de la protección laboral al incorporar un enfoque preventivo frente a situaciones de violencia
y discriminación por razones de género. Este instrumento reforzó la necesidad de que los Estados
adopten medidas institucionales que trasciendan la prohibición formal y promuevan mecanismos
efectivos de prevención y protección.
La tabla 1 permitió identificar que Ecuador cuenta con un sistema normativo multinivel compuesto
por disposiciones constitucionales, legales, internacionales y administrativas. Sin embargo, los
resultados mostraron que la densidad normativa no se traduce automáticamente en una mayor
capacidad de cumplimiento, debido a que la efectividad depende de la existencia de mecanismos de
seguimiento, inspección y respuesta institucional.
Tabla 1
Marco normativo del principio de igualdad laboral en Ecuador
Instrumento Ámbito Mandato central
Constitución de la República del
Ecuador (2008), Arts. 11 numeral 2,
33, 326 y 328
Constitucional
Reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades,
prohibición de discriminación y garantía de remuneración justa e
igualitaria por trabajo de igual valor.
Código del Trabajo (2005), Art. 79 Legal
Prohibición de diferencias salariales injustificadas y
establecimiento de criterios objetivos para la determinación de
remuneraciones.
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Convenio sobre la violencia y el
acoso, 2019 (núm. 190) de la OIT
Internacional
Prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo, con enfoque de género y protección contra prácticas
discriminatorias.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-
2025-006 (Ministerio del Trabajo del
Ecuador, 2025)
Administrativo
Regulación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas
con la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Resolución Nro. MDT-SCP-2023-
0001 (Ministerio del Trabajo del
Ecuador, 2023)
Administrativo
Establecimiento de procedimientos administrativos de
supervisión y control dentro de las competencias del Ministerio
del Trabajo.
Nota. Elaboración propia con base en los instrumentos normativos citados.
Brechas entre el Reconocimiento Normativo y la Realidad Fáctica del Mercado Laboral
La contrastación entre el marco normativo y la información estadística disponible evidenció diferencias
significativas entre la igualdad reconocida jurídicamente y las condiciones laborales experimentadas
por las mujeres en Ecuador. El INEC (2024) reportó indicadores laborales diferenciados por sexo para
el periodo enero-diciembre de 2023, cuyos resultados se presentan en la tabla 2.
Tabla 2
Indicadores laborales por sexo en Ecuador, período enero-diciembre 2023
Indicador laboral Hombres (%) Mujeres (%) Brecha de género (puntos porcentuales)
Empleo adecuado 42,1 28,3 13,8
Subempleo 20,4 15,6 4,8
Desempleo 3,0 4,8 -1,8
Nota. La brecha de género fue calculada como la diferencia entre el valor correspondiente a hombres y mujeres (hombres − mujeres). Los
valores positivos indican una mayor proporción masculina, mientras que los valores negativos reflejan una mayor proporción femenina.
Elaboración propia con base en INEC (2024).
La contrastación entre el marco normativo y la información estadística disponible evidenció
diferencias significativas entre la igualdad reconocida jurídicamente y las condiciones laborales
experimentadas por las mujeres en Ecuador. El INEC (2024) reportó indicadores laborales diferenciados
por sexo para el periodo enero-diciembre de 2023, cuyos resultados se presentan en la tabla 2.
Los datos evidenciaron que las mujeres presentaron una menor proporción de empleo adecuado y
una mayor tasa de desempleo respecto a los hombres. Aunque la tasa de subempleo femenino fue
inferior, este resultado no necesariamente representa una ventaja laboral, debido a que puede
relacionarse con una menor participación en determinadas actividades económicas.
Estos resultados fueron consistentes con los hallazgos de la OIT (2023), que identificó la segregación
ocupacional y las diferencias de participación laboral como fenómenos estructurales en América
Latina. En relación con la brecha salarial, Urquidi et al. (2023) identificaron que la diferencia de
ingresos laborales entre hombres y mujeres en Ecuador persistió durante el periodo 2000-2021 incluso
después de considerar variables observables como educación, experiencia y sector económico.
Este resultado sugiere la presencia de componentes no explicados asociados a posibles sesgos de
género dentro del mercado laboral. De forma complementaria, Laines-Álvarez et al. (2026) reportaron
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diferencias promedio de ingresos laborales entre hombres y mujeres, evidenciando que las reformas
normativas implementadas durante la última década no habían eliminado completamente las
desigualdades salariales existentes.
Los factores asociados a estas brechas fueron diversos. La CEPAL (2024) identificó que la
distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados constituye un elemento estructural que
limita la participación femenina en empleos formales. En esta línea, Frisancho et al. (2023) señalaron
que los techos de cristal, la segregación ocupacional y las diferencias en acceso a oportunidades
profesionales restringen la trayectoria laboral de las mujeres.
Asimismo, Pila-Guzmán y Déleg-Guazha (2023) evidenciaron que las mujeres profesionales
ecuatorianas continúan concentrándose en ocupaciones feminizadas y con menor remuneración
económica. Estos resultados sugirieron que la desigualdad laboral no puede explicarse exclusivamente
por diferencias individuales, sino por factores estructurales que reproducen patrones de
discriminación.
La tabla 3 sintetizó los principales factores asociados con la brecha laboral de género identificados
en la literatura analizada. Su interpretación conjunta permitió establecer que la desigualdad laboral
femenina en Ecuador responde a la interacción de múltiples factores económicos, sociales e
institucionales, por lo que requiere intervenciones integrales.
Tabla 3
Factores determinantes de la brecha de género en el mercado laboral ecuatoriano
Factor Manifestación concreta Fuente
Segregación ocupacional
horizontal
Concentración de mujeres en actividades económicas y ocupaciones
tradicionalmente feminizadas, caracterizadas por menores niveles de
remuneración y oportunidades de desarrollo profesional
Pila-Guzmán y
Déleg-Guazha (2023)
Brecha salarial por razón
de género
Persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres; una
proporción significativa de la brecha no se explica por variables
observables como educación, experiencia o productividad
Albuja-Echeverría y
Enríquez-Rodríguez
(2018)
Distribución desigual
del trabajo no
remunerado
Mayor participación femenina en actividades domésticas y de
cuidado, lo que limita su disponibilidad y permanencia en empleos
formales
CEPAL (2024);
Frisancho et al.
(2023)
Discriminación asociada
a la maternidad
Persistencia de vulnerabilidades laborales relacionadas con el
embarazo y periodo de lactancia, incluyendo situaciones de despido
y afectación de derechos laborales
Montero-Bonilla et
al. (2022)
Brecha de ingresos no
explicada
Diferencias de ingresos laborales que permanecen después de
controlar características observables del trabajador, lo que evidencia
posibles sesgos asociados al género
Urquidi et al. (2023);
Laines-Álvarez et al.
(2026)
Nota. Elaboración propia con base en las fuentes citadas.
Insuficiencias de los Mecanismos Institucionales de Fiscalización
El tercer hallazgo identificado correspondió a las limitaciones de los mecanismos institucionales
destinados a garantizar el cumplimiento del principio de igualdad laboral. El análisis del Acuerdo
Ministerial Nro. MDT-2025-006 (Ministerio del Trabajo del Ecuador, 2025) permitió identificar avances
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relacionados con procedimientos de reporte y supervisión, aunque también evidenció limitaciones
asociadas con la capacidad efectiva de control.
En particular, se observó que la existencia de obligaciones administrativas requiere mecanismos de
seguimiento sistemático y respuestas institucionales proporcionales para generar efectos preventivos.
Esta situación adquiere relevancia porque la efectividad del principio de igualdad salarial depende de
la capacidad inspectiva del Ministerio del Trabajo y de la posibilidad real de activar mecanismos de
protección.
Cuando los controles institucionales son limitados, la carga de demostrar la discriminación puede
trasladarse hacia las trabajadoras afectadas, generando una situación de desigualdad procesal. Desde
otra perspectiva, Cárdenas (2016) identificó la persistencia del fenómeno del techo de cristal en
instituciones públicas ecuatorianas, evidenciando que las desigualdades laborales también pueden
reproducirse dentro de organizaciones sometidas a controles estatales.
De manera similar, Chimbo (2022) señaló que la distancia entre los derechos formalmente
reconocidos y las condiciones laborales reales constituye un fenómeno presente en diferentes sectores
productivos del país. Desde el plano teórico, Ferrajoli (2009) sostuvo que los derechos fundamentales
requieren garantías institucionales efectivas para evitar que permanezcan únicamente como
declaraciones normativas.
En concordancia, Barrère y Morondo (2011) plantearon que la eliminación de desigualdades
estructurales exige acciones orientadas a transformar las relaciones de poder que reproducen la
discriminación. En conjunto, los resultados permitieron identificar que la principal limitación del
sistema ecuatoriano no se encuentra en la ausencia de reconocimiento jurídico, sino en la capacidad
institucional para garantizar su aplicación efectiva.
En síntesis, los tres resultados muestran que Ecuador dispone de un marco normativo amplio para
proteger la igualdad laboral femenina; sin embargo, persisten brechas entre la regulación formal, las
condiciones reales del mercado laboral y la capacidad de fiscalización institucional.
4. Discusión
El hallazgo central de esta investigación, relacionado con la disociación entre el reconocimiento formal
del principio de igualdad laboral y su materialización efectiva en el mercado de trabajo, no constituye
una situación exclusiva del caso ecuatoriano, sino la expresión de una problemática estructural
ampliamente documentada en América Latina. Lo que este análisis aporta es la identificación del punto
de tensión existente en la relación entre norma, mercado e institución, donde las garantías jurídicas
enfrentan mayores dificultades para traducirse en condiciones reales de igualdad laboral.
El primer resultado, relativo a la solidez del marco normativo, coincide con los planteamientos de
Fares-Peñafiel et al. (2025), quienes señalaron que el principio de igualdad ha alcanzado un desarrollo
progresivo dentro del ordenamiento ecuatoriano, abarcando diferentes modalidades contractuales y
dimensiones de la relación laboral. Sin embargo, la diferencia principal entre ambos estudios radica en
el alcance del análisis: mientras Fares-Peñafiel et al. (2025) se concentraron en una modalidad
contractual específica, el presente estudio examinó el principio de igualdad desde una perspectiva
integral, incorporando normas constitucionales, legales e instrumentos administrativos recientes.
Este enfoque ampliado permitió identificar que los avances normativos requieren complementarse
con mecanismos institucionales capaces de garantizar su aplicación efectiva, debido a que
instrumentos como el Acuerdo MDT-2025-006, aunque representan un progreso en la regulación de la
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igualdad salarial, presentan desafíos relacionados con su capacidad de generar efectos preventivos
frente al incumplimiento. En este sentido, la diferencia con estudios previos no representa una
contradicción, sino una ampliación del análisis hacia la dimensión institucional de la protección
laboral.
El segundo resultado, relacionado con la persistencia de la brecha salarial y la segregación
ocupacional pese al desarrollo normativo, es consistente con la evidencia regional presentada por la
OIT (2023). Dicho organismo identificó que las diferencias en participación laboral y segregación
ocupacional por razón de género permanecen en gran parte de América Latina, incluso en países con
marcos jurídicos consolidados. De igual manera, la CEPAL (2024) señaló que las desigualdades
laborales están relacionadas con la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados, situación
que limita la participación femenina en empleos formales.
Estos resultados también coinciden con Frisancho et al. (2023), quienes identificaron que los techos
de cristal y la segregación ocupacional constituyen factores que restringen la trayectoria profesional
de las mujeres. El aporte del presente estudio consiste en evidenciar que, en el caso ecuatoriano, estas
desigualdades continúan manifestándose pese a la incorporación de instrumentos normativos
recientes, lo que sugiere que la reducción de las brechas laborales requiere intervenciones que superen
el ámbito estrictamente jurídico.
No obstante, la comparación con estudios como el de Laines-Álvarez et al. (2026) requiere
considerar diferencias en el enfoque analítico. Estos autores examinaron la brecha salarial desde una
perspectiva centrada en la evolución normativa y señalaron que la efectividad de las reformas depende
de su adecuada implementación. El presente estudio coincide con esta interpretación, pero amplía la
discusión al analizar el papel de los mecanismos institucionales encargados de convertir las
disposiciones legales en prácticas laborales verificables.
En este sentido, la evidencia obtenida permite sostener que la persistencia de desigualdades
laborales no responde únicamente a limitaciones del diseño normativo, sino también a factores
asociados con la capacidad institucional de supervisión, seguimiento y aplicación de las disposiciones
vigentes.
El tercer resultado, relacionado con las limitaciones de los mecanismos institucionales de
fiscalización, representa uno de los principales aportes analíticos del estudio. Investigaciones como las
de Albuja-Echeverría y Enríquez-Rodríguez (2018), Pachano-Zurita y Molina-Torres (2022) y Chimbo
(2022) documentaron la discriminación laboral desde diferentes dimensiones, incluyendo brechas
salariales, condiciones contractuales y desigualdades estructurales.
Sin embargo, la presente investigación profundiza esta discusión al examinar la relación entre
dichas desigualdades y la capacidad de los instrumentos administrativos para garantizar el
cumplimiento efectivo de los derechos laborales. El análisis identificó que los mecanismos vigentes
constituyen avances relevantes en la regulación institucional, aunque mantienen desafíos relacionados
con la supervisión efectiva, el seguimiento continuo y la existencia de respuestas suficientemente
proporcionales frente a los incumplimientos.
Este resultado desplaza la discusión desde la existencia de normas protectoras hacia la necesidad
de fortalecer los mecanismos que permiten su aplicación práctica. Desde esta perspectiva, los
planteamientos de Ferrajoli (2009) y Barrère y Morondo (2011) proporcionan un marco interpretativo
pertinente, debido a que ambos enfoques coinciden en que la igualdad jurídica requiere garantías
institucionales capaces de transformar los derechos reconocidos formalmente en condiciones efectivas
de protección.
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Los tres resultados permiten responder de manera articulada al objetivo general del artículo. El
marco jurídico ecuatoriano presenta un desarrollo significativo en el reconocimiento formal de la
igualdad laboral femenina; sin embargo, su efectividad material continúa condicionada por factores
institucionales y estructurales. La principal brecha identificada se ubica en la fase de implementación,
donde la capacidad de fiscalización determina la transición entre igualdad formal e igualdad
sustantiva.
Este diagnóstico posee implicaciones para diferentes actores. Para el legislador, los resultados
sugieren que la prioridad no debe centrarse exclusivamente en ampliar el reconocimiento normativo,
sino en fortalecer los mecanismos que permiten su cumplimiento efectivo. Para el Ministerio del
Trabajo, se plantea la necesidad de consolidar procedimientos inspectivos, sistemas de seguimiento y
mecanismos institucionales de respuesta frente a situaciones de desigualdad laboral.
Para los operadores de justicia, los hallazgos resaltan la importancia de interpretar las normas
laborales desde una perspectiva orientada a garantizar la igualdad material y prevenir tratamientos
diferenciados carentes de justificación objetiva. Para la literatura científica, el estudio aporta una
perspectiva integrada que articula las dimensiones normativa, estadística e institucional, permitiendo
analizar de manera conjunta la distancia entre reconocimiento jurídico y efectividad real de los
derechos laborales en contextos comparables de América Latina.
5. Conclusiones
El estudio permitió responder al objetivo que orientó el análisis: evaluar críticamente la eficacia del
marco jurídico e institucional ecuatoriano en materia de igualdad laboral femenina, evidenciando que
dicha eficacia presenta un mayor desarrollo en el plano formal que en su dimensión material. El
ordenamiento jurídico reconoce el principio de igualdad mediante un proceso normativo progresivo
que se extiende desde la Constitución hasta los instrumentos administrativos recientes. Sin embargo,
este reconocimiento jurídico no se ha traducido completamente en condiciones equivalentes de acceso,
remuneración y permanencia laboral para las mujeres. El núcleo del problema se relaciona con las
limitaciones existentes en los mecanismos institucionales encargados de garantizar la aplicación
efectiva de estas disposiciones.
El objetivo general de analizar críticamente dicha eficacia se alcanzó mediante la articulación de tres
dimensiones complementarias: normativa, estadística e institucional. El examen jurídico evidenció que
la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial y los instrumentos
administrativos vigentes configuran un marco orientado a prevenir la discriminación laboral,
garantizar la igualdad salarial y proteger los derechos laborales de las mujeres. El análisis estadístico
mostró que las trabajadoras ecuatorianas continúan enfrentando condiciones menos favorables en
diversos indicadores laborales, pese a la existencia de estas garantías normativas. Además, la
persistencia de una brecha salarial no explicada completamente por variables observables sugiere la
presencia de factores estructurales asociados al género dentro del mercado laboral. El análisis
institucional identificó que los mecanismos de fiscalización presentan desafíos relacionados con la
supervisión, seguimiento y aplicación efectiva de medidas frente al incumplimiento. En consecuencia,
la existencia de normas protectoras requiere complementarse con capacidades institucionales
suficientes para garantizar su cumplimiento efectivo.
La síntesis de los hallazgos confirma que la desigualdad laboral de género en Ecuador no puede
explicarse exclusivamente por una insuficiencia normativa, sino por la interacción entre factores
institucionales, sociales y económicos que limitan la aplicación práctica del derecho reconocido. El
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problema central reside en la fase de implementación que conecta el mandato constitucional con las
prácticas laborales cotidianas. Esta precisión constituye el principal aporte del estudio, porque traslada
el análisis desde la existencia formal de derechos hacia las condiciones institucionales necesarias para
convertirlos en garantías efectivas de igualdad material.
Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son relevantes para los diferentes actores vinculados
con la protección laboral. Para el Ministerio del Trabajo, los resultados sugieren la importancia de
fortalecer los mecanismos de inspección, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la igualdad laboral. Igualmente, resulta necesario consolidar
procedimientos institucionales que permitan detectar y corregir oportunamente situaciones de
desigualdad salarial o discriminación laboral. Para el legislador, los resultados indican que futuras
reformas deberían orientarse hacia el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación y control,
además del reconocimiento normativo existente. Para los operadores de justicia, la consolidación del
marco jurídico vigente refuerza la necesidad de interpretar las disposiciones laborales desde una
perspectiva orientada a garantizar la igualdad sustantiva y prevenir tratamientos diferenciados que
carezcan de justificación objetiva.
Este trabajo presentó limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. El
diseño jurídico-documental permitió examinar con rigurosidad las fuentes normativas, institucionales
y estadísticas disponibles; no obstante, no incorporó evidencia primaria obtenida directamente de las
experiencias de trabajadoras y empleadores del sector público y privado. Por otro lado, los indicadores
estadísticos empleados procedieron de fuentes secundarias previamente publicadas, sin que el estudio
generara datos propios. Estas limitaciones no afectan la consistencia del análisis realizado, pero
delimitan el alcance de las conclusiones al conjunto de evidencias documentales examinadas.
A partir de estas consideraciones, se proponen tres líneas de investigación futura que permitirían
profundizar los hallazgos obtenidos. En primer lugar, sería pertinente desarrollar estudios con
metodologías mixtas que integren el análisis jurídico con información primaria recopilada mediante
encuestas o entrevistas dirigidas a trabajadoras y empleadores del sector público y privado
ecuatoriano. En segundo lugar, resultaría relevante evaluar el impacto del Acuerdo Ministerial MDT-
2025-006 después de un periodo suficiente de implementación, mediante el análisis de nuevos datos
laborales provenientes de la ENEMDU. En tercer lugar, un análisis comparado con países de la región
que han logrado avances significativos en la reducción de brechas salariales, como Uruguay o Costa
Rica, podría contribuir a identificar prácticas institucionales susceptibles de adaptación al contexto
ecuatoriano.
En definitiva, la igualdad laboral de las mujeres en Ecuador constituye actualmente un desafío
asociado principalmente a la efectividad institucional del sistema de protección, más que a la ausencia
de reconocimiento jurídico del derecho. Mientras la consolidación normativa no esté acompañada de
mecanismos efectivos de supervisión, seguimiento y cumplimiento, continuará existiendo una
distancia entre la igualdad formal establecida en el ordenamiento jurídico y las condiciones laborales
experimentadas por las mujeres. Reducir esta brecha requiere fortalecer la capacidad institucional del
Estado para transformar los principios normativos en resultados verificables de igualdad sustantiva
dentro del mercado laboral.
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Referencias
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Agradecimiento
Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo por el apoyo
académico e institucional brindado durante el desarrollo de la investigación.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)
Durante la elaboración de este artículo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo
en la revisión y mejora del manuscrito, específicamente para la revisión lingüística, corrección
gramatical, optimización de la claridad expositiva y apoyo en la organización de ideas. La herramienta
no fue utilizada para generar contenido científico, formular argumentos, elaborar resultados,
interpretar hallazgos ni reemplazar el juicio científico de los autores. En consecuencia, los autores
mantienen la responsabilidad sobre la integridad, veracidad y contenido presentado en el estudio.
Contribución de autoría
Fredy Roberto Hidalgo Cajo: Conceptualización, metodología, validación, redacción - revisión y
edición, financiamiento, administración del proyecto, supervisión.
Cinthya Stefanía Montesdeoca Parra: Conceptualización, investigación, gestión de datos,
visualización, redacción - preparación del borrador original, financiamiento, recursos.
Yarelita Noemí Carrasco Benavides: Metodología, investigación, redacción - revisión y edición,
financiamiento, recursos.
Karen Esthefanny Atupaña Aucancela: Análisis formal, visualización, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
