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Vol. 4 N° 1, enero-junio 2026 (410-422)
ISSN: 3028-8983
410
Artículo de revisión
Alcances y límites de la etnoeducación afroecuatoriana frente al
reclutamiento infantojuvenil en Guayaquil
Scope and limits of afro-ecuadorian ethnoeducation in response to child and
adolescent recruitment in Guayaquil
Cristian David Soto Cajamarca*
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
cristian.soto@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-0388-8783
María Josse Ramos Castillo
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
josse.ramos@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-0459-1926
Wendy Pilar Romero Noboa
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
wendy.romero@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8550-2864
Jorge Eudoro Romero Oviedo
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
eudoro.romero@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-1474-1106
*Correspondencia:
cristian.soto@unach.edu.ec
Cómo citar este artículo:
Soto, C., Ramos, M., Romero, W., & Romero,
J. (2026).
Alcances y límites de la
etnoeducación afroecuatoriana frente al
reclutamiento infantojuvenil en Guayaquil.
Perspectivas Sociales y Administrativas, 4(1),
410-422.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i1.162
Recibido: 1 de mayo de 2026
Proceso de evaluación:
4 de mayo al 8 de junio de 2026
Aceptado: 10 de junio de 2026
Publicado: 19 de junio de 2026
Resumen: El reclutamiento infantojuvenil por grupos de delincuencia organizada en
Ecuador constituye una manifestación de violencia estructural y una vulneración del
mandato estatal de protección integral. El objetivo de este estudio fue analizar
documental y jurídicamente el potencial y los límites de la etnoeducación
afroecuatoriana como estrategia de prevención del reclutamiento de NNA
afroecuatorianos en el Suburbio Oeste de Guayaquil. La investigación se desarrolló bajo
un enfoque jurídico descriptivo, cualitativo y de revisión documental, mediante la
aplicación de los métodos teórico-jurídicos, exegéticos y analítico-sintéticos, orientados
al examen de la normativa constitucional, las políticas educativas y los documentos
institucionales. Los hallazgos evidenciaron que, si bien la etnoeducación fortalece la
identidad cultural, la memoria histórica, el pensamiento crítico, la permanencia escolar
y la pertenencia comunitaria, no constituye por sí sola una medida suficiente ni
autosuficiente de prevención. Se concluye que la
eficacia preventiva frente al
reclutamiento criminal depende de la implementación con trazabilidad presupuestaria,
de un currículo transversal efectivo y de la consolidación como política de educación
intercultural antirracista con proyección nacional (enfoque “casa afuera”).
Palabras clave: Etnoeducación afroecuatoriana, Guayaquil, interculturalidad, protección
integral, reclutamiento infantojuvenil, violencia territorial.
Abstract: Child and adolescent recruitment by organized crime groups in Ecuador constitutes a
manifestation of structural violence and a violation of the State’s mandate of comprehensive
protection. The objective of this study was to analyze, through documentary and legal approaches,
the potential and limitations of Afro-Ecuadorian ethnoeducation as a strategy for preventing the
recruitment of Afro-Ecuadorian children and adolescents in the Western Suburb of Guayaquil.
The research was developed under a descriptive legal, qualitative, and documentary review
approach, through the application of theoretical-legal, exegetical, and analytical-synthetic
methods, aimed at examining constitutional regulations, educational policies, and institutional
documents. The findings revealed that, although ethnoeducation strengthens cultural identity,
historical memory, critical thinking, school retention, and community belonging, it is not, by
itself, a sufficient or self-sufficient preventive measure. It is concluded that preventive
effectiveness against criminal recruitment depends on implementation with budgetary
traceability, an effective cross-curricular framework, and consolidation as an anti-racist
intercultural education policy with national scope (the “casa afuera” approach).
Keywords: Afro-Ecuadorian ethnoeducation, comprehensive protection, child and adolescent
recruitment, Guayaquil, interculturality, territorial violence.
Copyright: Derechos de autor 2026 Cristian
David Soto Cajamarca, María Josse Ramos
Castillo, Wendy Pilar Romero Noboa, Jorge
Eudoro Romero Oviedo.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
En América Latina y el Caribe, el reclutamiento y la explotación de niñas, niños y adolescentes (NNA)
por grupos de delincuencia organizada (GDO) constituyen una grave crisis regional de derechos
humanos. Diversos organismos internacionales han advertido sobre esta doble victimización: los NNA
son captados en contextos de violencia, desplazamiento y débil presencia estatal para aprovechar su
vulnerabilidad y los vacíos legales existentes (Albuja, 2024; UNICEF, 2024; Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2023).
Afrontar este fenómeno exige abandonar los enfoques adultocéntricos tradicionales y articular
respuestas interdisciplinarias centradas en la restitución integral de derechos (Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito México, 2025; Albuja, 2024). En este sentido, el reclutamiento
infantojuvenil se comprende como una expresión de violencia estructural asociada a la desigualdad,
exclusión educativa, gobernanza criminal y ausencia de oportunidades (Taguenca et al., 2025).
En este contexto, las respuestas estatales han tendido a enfoques securitarios y punitivos, los cuales
resultan insuficientes para abordar las causas estructurales del fenómeno. Por ello, emergen estrategias
educativas y culturales como la etnoeducación afroecuatoriana, que busca fortalecer la identidad, la
memoria histórica y los factores protectores comunitarios frente a contextos de violencia territorial.
En Ecuador, este fenómeno constituye una manifestación crítica de violencia territorial. La provincia
del Guayas registra altos niveles de afectación, con una tasa de homicidios de adolescentes (12 a 18
años) de 35,8 por cada 100.000 habitantes en 2024, junto con un incremento nacional del 521,5 % de
muertes violentas infantiles desde 2021 (UNICEF Ecuador, 2025). Este escenario se agrava por la
convergencia de exclusión educativa, pobreza y racismo estructural, configurando un contexto donde
la captación criminal debe entenderse como un fenómeno estructuralmente condicionado.
El Estado, por acción u omisión, no logra garantizar plenamente la protección integral de NNA. La
falta de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas genera condiciones de marginalidad
que facilitan la captación por grupos delictivos (Parrales Correa & Cedeño Delgado, 2025). Aunque el
reclutamiento forzoso está tipificado en el CONA y el COIP, la respuesta institucional es limitada, lo
que ha derivado en la criminalización de adolescentes y la insuficiencia de rutas de reparación.
En el caso de los NNA afroecuatorianos, el análisis requiere una lectura situada. Según el Ministerio
de Educación (2025), el 4,8 % de la población se autoidentifica como afroecuatoriana, con concentración
en Esmeraldas, Guayas y Pichincha, mientras que en el sistema educativo solo el 1,46 % del
estudiantado se reconoce como afrodescendiente, evidenciando subrepresentación estructural.
La discriminación racial influye en la relación de los NNA afroecuatorianos con la escuela, la
comunidad y el Estado, manifestándose mediante estereotipos, invisibilización y desigualdad
estructural (Ministerio de Educación, 2025). En este marco, la etnoeducación afroecuatoriana se
presenta como una estrategia para fortalecer la identidad cultural, la memoria histórica y los saberes
ancestrales, disputando narrativas educativas excluyentes.
El Modelo Etnoeducativo Afroecuatoriano (METAFE) define la etnoeducación como una respuesta
política, social y cultural frente a estructuras coloniales que han invisibilizado la diversidad. Retoma
la propuesta de Juan García Salazar, entendiendo la educación desde la memoria histórica y la
identidad cultural, aplicada en todos los niveles educativos bajo un enfoque intercultural (SEIBE,
2024a).
Sin embargo, su implementación enfrenta límites estructurales. Aunque el METAFE puede
contribuir a la prevención del reclutamiento mediante el fortalecimiento de factores protectores, su
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efectividad depende de presupuesto, articulación institucional, formación docente y evaluación de
resultados. La evidencia sugiere que su implementación ha sido parcial y no plenamente consolidada
en el sistema educativo.
Asimismo, el currículo nacional evidencia inserciones puntuales de contenidos interculturales, sin
constituir aún una transformación estructural del sistema educativo. Esto limita el alcance real de la
etnoeducación afroecuatoriana como política pública integral.
Diversos estudios evidencian que la historia afroecuatoriana ha sido históricamente invisibilizada
en el sistema educativo, lo que refuerza la necesidad de una incorporación curricular más profunda y
estructural. No obstante, su implementación ha sido marginal y desigual.
La persistencia del reclutamiento de NNA y el incremento de la violencia contra esta población
evidencian la necesidad de estrategias preventivas integrales más allá del enfoque securitario. En este
contexto, surge la pregunta de investigación: ¿en qué medida la etnoeducación afroecuatoriana puede
contribuir a la prevención del reclutamiento de NNA afroecuatorianos en contextos de violencia
territorial en Guayaquil y cuáles son sus límites?
El objetivo de este estudio es analizar documental y jurídicamente el potencial y los límites de la
etnoeducación afroecuatoriana como estrategia de prevención del reclutamiento de NNA
afroecuatorianos en el Suburbio Oeste de Guayaquil.
2. Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló una investigación jurídica de alcance
descriptivo y enfoque cualitativo, sustentada en la revisión documental de fuentes normativas,
doctrinarias, institucionales y de política pública. El análisis se estructuró a partir de tres métodos
complementarios: en primer lugar, el método teórico-jurídico permitió fundamentar los derechos,
garantías y principios aplicables a niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en el interés
superior, la protección integral, la igualdad, el derecho a la educación y la identidad cultural.
En segundo lugar, mediante el método exegético, se examinaron las disposiciones normativas de la
Constitución de la República del Ecuador (CRE), el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), así
como los instrumentos estatales en materia de etnoeducación afroecuatoriana y prevención del
reclutamiento. Finalmente, la aplicación del método analítico-sintético permitió contrastar el
reconocimiento formal de dicha etnoeducación con sus condiciones materiales de implementación, con
el propósito de valorar críticamente sus alcances y límites como estrategia de prevención.
3. Resultados y Discusión
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como fenómeno de violencia estructural y voluntad
condicionada
Desde una perspectiva jurídico-constitucional, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA)
constituye una afectación grave y multidimensional a derechos fundamentales como la vida, la
integridad física y psíquica, la educación, la identidad, la dignidad y el derecho a desarrollarse en
entornos familiares, escolares y comunitarios seguros y afectivos. Esta afectación compromete de
manera directa el principio de interés superior, la prioridad absoluta y la protección integral, en tanto
el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de garantizar condiciones efectivas para el
ejercicio pleno de estos derechos (CRE, 2008, Arts. 35, 44 y 45; CONA, 2003, Arts. 1 y 15).
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En este marco, el reclutamiento de NNA debe comprenderse como una forma de violencia
estructural que excede la acción directa de los grupos de delincuencia organizada, al insertarse en
dinámicas más amplias de exclusión social, pobreza, deserción escolar y debilitamiento de la
protección territorial. En estos contextos, las organizaciones criminales instrumentalizan condiciones
preexistentes de vulnerabilidad, ofreciendo de manera engañosa pertenencia, reconocimiento
simbólico y alternativas de subsistencia frente a la ausencia o debilidad estatal
Aunque el ordenamiento jurídico reconoce la autonomía progresiva de los menores y su derecho a
ser escuchados, en territorios marcados por precariedad estructural dicha autonomía se encuentra
materialmente condicionada por factores como el miedo, la presión del entorno y la necesidad de
supervivencia. En consecuencia, reducir la captación a una decisión individual autónoma puede
conducir a procesos de criminalización del adolescente como sujeto plenamente responsable; por el
contrario, su comprensión como expresión de violencia estructural permite evidenciar una falla del
sistema de protección integral (CRE, 2008, Art. 46). Esto implica reorientar la respuesta estatal hacia la
prevención, la restitución de derechos y la persecución de los actores que explotan dichas condiciones
de vulnerabilidad.
La magnitud de esta problemática ha motivado la adopción de respuestas institucionales como el
Decreto Ejecutivo 21 (Presidencia de la República del Ecuador, 2025), mediante el cual se declaró como
prioridad nacional la prevención del reclutamiento y se creó el Comité para la Prevención y
Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUUNNA).
Esta institucionalidad responde a un contexto de violencia creciente, en el que UNICEF Ecuador (2024)
reporta un incremento del 640 % en la tasa de homicidios de menores en un periodo de cuatro años,
mientras que el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2025) registra un aumento
intersemestral del 68 % en muertes violentas de adolescentes.
No obstante, estas respuestas estatales se desarrollan en un escenario de tensión entre enfoques
preventivos y tendencias de corte punitivo. Ejemplo de ello son los debates legislativos de 2026
orientados al incremento de penas por captación y a la discusión sobre la reducción de la edad de
imputabilidad penal (Loaiza, 2026). En este contexto, la efectividad de los mecanismos institucionales
de prevención puede verse limitada si las políticas públicas se subordinan exclusivamente a lógicas de
criminalización. Una respuesta integral exige reconocer que la captación criminal está fuertemente
condicionada por factores socioeconómicos estructurales, lo que obliga al Estado a priorizar la
restitución de derechos y el fortalecimiento de entornos protectores (Morales, 2025).
En el caso de los NNA afroecuatorianos, el análisis requiere incorporar de manera específica la
dimensión de la identidad cultural y la discriminación estructural. El reclutamiento no recae sobre
sujetos abstractos, sino sobre personas situadas en territorios históricamente atravesados por
desigualdades. En este sentido, la exclusión de la memoria afroecuatoriana, la persistencia de
estereotipos raciales y la limitada presencia de referentes culturales positivos pueden debilitar los
factores protectores que favorecen la construcción de identidad, autoestima colectiva y proyectos de
vida alejados de contextos de violencia.
Este escenario evidencia la necesidad de profundizar el análisis sobre el papel de la etnoeducación
afroecuatoriana como posible estrategia de fortalecimiento de dichos factores protectores, así como de
examinar sus alcances y limitaciones reales en contextos de violencia territorial como el Suburbio Oeste
de Guayaquil.
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El marco constitucional y legal de protección integral de niñas, niños y adolescentes
afroecuatorianos
Una vez comprendido el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) como un fenómeno de
violencia estructural y de voluntad condicionada, corresponde analizar el marco constitucional y legal
que sustenta su protección integral, con especial énfasis en la población afroecuatoriana. En el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, la niñez y adolescencia no puede ser concebida como objeto pasivo
de asistencia estatal, sino como sujeto pleno de derechos, titular de garantías reforzadas y destinatario
de protección prioritaria. Esta concepción se deriva del modelo de Estado constitucional de derechos
y justicia, intercultural y plurinacional, que impone al Estado el deber de garantizar el ejercicio efectivo
de derechos sin discriminación, promover la diversidad y asegurar condiciones de seguridad integral
(CRE, 2008, Arts. 1 y 3).
Desde esta perspectiva, la prevención del reclutamiento de NNA afroecuatorianos no puede
limitarse a enfoques penales o de seguridad, sino que compromete el núcleo del sistema constitucional
de protección de derechos. La Constitución reconoce a NNA como grupo de atención prioritaria, lo
que implica la obligación de una atención especializada en los ámbitos público y privado,
especialmente en contextos de riesgo y vulnerabilidad múltiple (CRE, 2008, Art. 35). Esta disposición
adquiere especial relevancia en el caso de NNA afroecuatorianos, donde pueden converger edad,
pertenencia étnico-cultural, exclusión educativa, discriminación racial, inseguridad territorial y riesgo
de captación por estructuras criminales.
El principio de interés superior constituye el eje interpretativo de todas las decisiones relacionadas
con NNA. La Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar su
desarrollo integral, asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y priorizar su protección, considerando
que sus derechos prevalecen sobre los de las demás personas. Asimismo, define el desarrollo integral
como un proceso de crecimiento y maduración en entornos familiares, escolares, sociales y
comunitarios de afectividad y seguridad, articulado mediante políticas intersectoriales (CRE, 2008, Art.
44). Bajo este mandato, cualquier estrategia de prevención del reclutamiento que se limite
exclusivamente a la respuesta penal resulta insuficiente, en tanto omite la intervención estructural
sobre los entornos de desarrollo.
En esta misma línea, el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) refuerza la condición de NNA
como sujetos de derechos y garantías, titulares de protección integral para su desarrollo en condiciones
de libertad, dignidad y equidad (CONA, 2003, Arts. 1 y 15). En consecuencia, la prevención del
reclutamiento debe reorientarse desde una lógica centrada en la peligrosidad del adolescente hacia un
enfoque basado en la garantía, protección y restitución de derechos.
Dentro del sistema de protección integral, los principios de igualdad y no discriminación cumplen
un rol estructural, al prohibir cualquier forma de distinción basada en origen étnico, condición social
o cultural que limite el ejercicio de derechos (CRE, 2008, Art. 11; CONA, 2003, Art. 6). Sin embargo, la
igualdad jurídica no implica homogeneización cultural. El ordenamiento reconoce el derecho de los
NNA afroecuatorianos a desarrollarse en su propia identidad cultural, a preservar su memoria
histórica y a fortalecer sus prácticas culturales en un marco de interculturalidad (CRE, 2008, Art. 21;
CONA, 2003, Arts. 7 y 34). Bajo este enfoque, la invisibilización de la historia afroecuatoriana en el
sistema educativo no constituye únicamente una limitación pedagógica, sino una afectación directa al
derecho constitucional a la identidad cultural.
El derecho a la educación, en este contexto, adquiere una dimensión estructural en la prevención
del reclutamiento. La Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental, un deber
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ineludible del Estado y un eje prioritario de la política pública (CRE, 2008, Art. 26). Además, establece
que la educación debe ser intercultural, inclusiva, democrática, diversa y orientada al desarrollo
integral del ser humano (CRE, 2008, Art. 27). Desde esta perspectiva, la etnoeducación afroecuatoriana
se articula con el mandato constitucional de garantizar una educación pertinente, intercultural y
orientada al ejercicio efectivo de derechos.
El Código de la Niñez y Adolescencia profundiza esta obligación al establecer el derecho de NNA
a una educación de calidad, con acceso y permanencia, pertinencia cultural y adecuación territorial,
así como recursos suficientes para un entorno educativo adecuado (CONA, 2003, Art. 37). Asimismo,
dispone que los programas educativos deben promover la paz, la no discriminación, la participación,
el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad cultural (CONA, 2003, Art. 38). Estas disposiciones
permiten vincular directamente la educación con la prevención del reclutamiento, en tanto fortalecen
factores protectores institucionales y comunitarios.
No obstante, la protección integral no se agota en el acceso a la educación formal. El marco jurídico
establece la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la garantía de derechos, así como
el principio de prioridad absoluta en la asignación de recursos públicos. En este contexto, la efectividad
de la etnoeducación afroecuatoriana como estrategia de prevención depende de su implementación
material, su financiamiento sostenido, la formación docente especializada y su articulación con
políticas de protección territorial. De lo contrario, su reconocimiento normativo pierde capacidad de
incidencia real en la prevención del reclutamiento.
En consecuencia, el marco constitucional y legal ecuatoriano permite afirmar que la prevención del
reclutamiento de NNA afroecuatorianos exige una respuesta integral, intercultural y territorialmente
situada. La etnoeducación afroecuatoriana encuentra sustento en el derecho a la identidad cultural, la
educación intercultural, el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior, la prioridad
absoluta y la protección integral. Sin embargo, este mismo marco obliga a evaluar críticamente si
dichas disposiciones se traducen en condiciones materiales efectivas que garanticen su impacto
preventivo real. En este sentido, el Derecho no solo legitima la etnoeducación afroecuatoriana, sino
que también proporciona los criterios para analizar sus alcances y límites en contextos de violencia
estructural.
Fundamento histórico y pedagógico de la etnoeducación afroecuatoriana
La etnoeducación afroecuatoriana no surge como una concesión administrativa del Estado, sino como
resultado de un proceso histórico de resistencia, reivindicación y reconstrucción de la memoria
colectiva del pueblo afroecuatoriano. Su emergencia responde a la necesidad de disputar narrativas
educativas históricamente construidas desde matrices coloniales, mestizantes y excluyentes, en las
cuales la presencia afrodescendiente ha sido sistemáticamente minimizada, distorsionada o
invisibilizada. En este sentido, la etnoeducación afroecuatoriana se configura como una propuesta
pedagógica, cultural y política orientada a restituir el lugar del pueblo afroecuatoriano en el sistema
educativo nacional, no únicamente como objeto de conocimiento, sino como sujeto epistémico
productor de saberes, prácticas, tecnologías, espiritualidades y formas de organización comunitaria.
Desde una perspectiva histórica, este proceso se vincula de manera directa con los aportes de Juan
García Salazar y con las experiencias organizativas impulsadas por docentes, líderes y lideresas
afroecuatorianas en territorios como Esmeraldas, Imbabura y Carchi. En esta línea, De Jesús (2021)
sostiene que la etnoeducación afroecuatoriana se origina en reflexiones comunitarias guiadas por dicho
referente, consolidándose como una propuesta contrahegemónica estructurada en dos dimensiones:
“casa adentro” y “casa afuera”. La primera se orienta a la reconstrucción del ser afrodescendiente
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desde la recuperación de prácticas, saberes, filosofías y memorias ancestrales; la segunda proyecta
dichos conocimientos hacia el sistema educativo y la sociedad en general, con el propósito de avanzar
hacia un Estado efectivamente intercultural.
La etnoeducación afroecuatoriana no se limita a la incorporación de contenidos culturales dentro del
currículo formal, sino que implica una problematización de las formas de producción del conocimiento
en el sistema educativo. En este sentido, Aguas Herrera (2025) señala que la historia afroecuatoriana ha
sido históricamente invisibilizada en los relatos oficiales, siendo reducida frecuentemente a
representaciones parciales vinculadas a la esclavitud, la música o el deporte. Esta situación evidencia que
su incorporación al sistema educativo no constituye una concesión pedagógica, sino una deuda histórica
orientada a la construcción de un modelo educativo más equitativo e inclusivo.
El Plan Estratégico Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana 2020-2025 constituye el principal
instrumento de institucionalización de este enfoque, al traducir sus fundamentos históricos y
pedagógicos en política pública. Elaborado mediante procesos participativos entre el Estado y el
pueblo afroecuatoriano, este instrumento no se limita a una propuesta cultural aislada, sino que
articula dimensiones clave como acceso, calidad educativa, currículo, formación docente y producción
de información estadística (Ministerio de Educación, 2020). Esta orientación fue reforzada en el Plan
Estratégico Institucional 2021-2025 del Ministerio de Educación (2022), el cual incorpora la
etnoeducación como un componente de planificación orientado a garantizar derechos colectivos e
interculturalidad dentro del Sistema Nacional de Educación, bajo principios de autonomía, pertinencia
territorial y enfoque de derechos.
Desde el plano pedagógico, la etnoeducación afroecuatoriana cuestiona la universalización de
modelos educativos de matriz eurocéntrica o nortecéntrica como únicas formas legítimas de
producción de conocimiento. De Jesús (2021) advierte que esta hegemonía epistemológica ha excluido
sistemáticamente saberes, prácticas y metodologías educativas de pueblos no hegemónicos,
reproduciendo desigualdades simbólicas dentro del sistema escolar. Esta crítica no implica el rechazo
de la pedagogía tradicional, sino la necesidad de reconocer la pluralidad de epistemologías en la
construcción del conocimiento educativo.
En consecuencia, el fundamento pedagógico de la etnoeducación afroecuatoriana se articula con la
recuperación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de la identidad cultural, la valoración de
saberes ancestrales, la articulación escuela-comunidad y la formación de sujetos críticos. El Plan
Estratégico Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana 2020-2025 establece que este enfoque debe ser
integral, horizontal y orientado a la construcción de procesos educativos que fortalezcan el sentido de
pertenencia, la autonomía y la organización comunitaria desde la educación propia.
Esta orientación pedagógica permite establecer un vínculo directo con la prevención del
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), en tanto los grupos de delincuencia organizada
(GDO) operan captando menores mediante la oferta de falsas redes de pertenencia, reconocimiento
simbólico, protección y estatus social. Frente a ello, una estrategia educativa que fortalezca la identidad
cultural, la memoria histórica, la autoestima colectiva y el sentido comunitario se configura como un
factor protector relevante. En este sentido, la evidencia sociológica sugiere que los entornos educativos
que integran los valores culturales de las comunidades favorecen el desarrollo de mayor cohesión
social y reducen la probabilidad de vinculación con conductas delictivas (Coons, 1995).
En términos generales, la etnoeducación afroecuatoriana posee un fundamento histórico y
pedagógico sólido: históricamente, emerge como un proceso de resistencia y reivindicación del pueblo
afroecuatoriano frente a la exclusión estructural; pedagógicamente, propone un modelo educativo
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integral, crítico, comunitario e intercultural orientado a la construcción de identidad y al
fortalecimiento del ser afrodescendiente. Sin embargo, precisamente por la relevancia de este
fundamento y su potencial incidencia en la prevención del reclutamiento, su análisis no puede
limitarse al plano declarativo o normativo, sino que debe considerar sus condiciones reales de
implementación y efectividad.
Alcances de la etnoeducación afroecuatoriana como factor protector frente al reclutamiento
El principal desafío analítico consiste en determinar si la etnoeducación afroecuatoriana, en sus
condiciones actuales de implementación, puede operar como estrategia preventiva frente al
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) en contextos de violencia territorial. Desde esta
perspectiva, la etnoeducación no debe ser entendida como una política de seguridad directa ni como
un mecanismo de contención policial frente a los grupos de delincuencia organizada (GDO). Su
naturaleza es distinta: constituye una estrategia de prevención indirecta orientada al fortalecimiento
de condiciones subjetivas, educativas, culturales y comunitarias que reducen los factores de
vulnerabilidad. En este sentido, su valor no radica en sustituir la acción estatal de protección o
persecución penal, sino en contribuir a la generación de factores protectores que disputen los espacios
simbólicos que las estructuras criminales ocupan al ofrecer falsas formas de reconocimiento,
pertenencia y estatus.
Este alcance preventivo se comprende de manera más clara al reconocer que el reclutamiento no
responde exclusivamente a la coerción física. UNICEF Ecuador (2025) señala que la vinculación de
NNA con los GDO está asociada a la búsqueda de identidad, reconocimiento y seguridad, así como a
la carencia de afecto, la exclusión socioeconómica y la normalización de contextos violentos. Este
planteamiento permite sostener que la prevención debe intervenir en dimensiones simbólicas,
emocionales, educativas y comunitarias, dado que en estos espacios se configuran las expectativas de
vida de los menores.
En este marco, la etnoeducación afroecuatoriana no se limita a la transmisión de contenidos
históricos, sino que busca fortalecer el sentido de pertenencia a una memoria colectiva históricamente
invisibilizada. Como plantea De Jesús (2021), constituye una estrategia de “re-existencia” mediante la
cual las comunidades afrodescendientes afirman su identidad frente a estructuras de exclusión
histórica. Este componente es relevante para la prevención, ya que los grupos criminales operan
mediante la construcción de identidades alternativas basadas en pertenencia y jerarquía. Para
contrarrestar estas dinámicas, la etnoeducación incorpora la oralidad, el territorio, la espiritualidad y
las prácticas comunitarias como formas legítimas de conocimiento. En esta línea, Aguas Herrera (2025)
destaca que la oralidad constituye un eje central para la recuperación de la tradición; al validar estos
saberes, se reduce la distancia entre el currículo escolar y la experiencia cotidiana, fortaleciendo el
vínculo protector entre escuela y comunidad.
Una de las principales condiciones que incrementa la vulnerabilidad es la desconexión del sistema
educativo. Factores como la desescolarización, la exclusión y los entornos escolares adversos contribuyen
a la salida de NNA del sistema educativo, facilitando su captación por redes criminales (UNICEF
Ecuador, 2025). Frente a ello, la etnoeducación tiene el potencial de transformar la escuela en un espacio
de inclusión y confianza institucional. Este alcance ha sido reconocido en el Plan Estratégico Nacional de
Etnoeducación Afroecuatoriana 2020-2025, que incorpora un eje orientado a garantizar el acceso,
permanencia y culminación de estudios mediante la reducción de la discriminación racial (Ministerio de
Educación, 2020). En este sentido, la etnoeducación se proyecta como una herramienta que garantiza el
derecho a la permanencia educativa y que actúa como un factor protector frente a la violencia territorial.
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Asimismo, la prevención del reclutamiento requiere la articulación de redes comunitarias más allá
del espacio escolar. La construcción participativa del Plan Estratégico, que incluyó encuentros con
actores sociales en Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio y Guayaquil (Ministerio de Educación, 2020),
evidencia esta necesidad. Desde esta perspectiva, experiencias como las Unidades Educativas
Guardianas de los Saberes, propuestas por De Jesús (2021), fortalecen la relación entre escuela y
comunidad. En contextos de violencia territorial, este vínculo resulta esencial, ya que los grupos
criminales operan a través de redes de proximidad y control social. En contraste, una escuela articulada
con su entorno comunitario puede identificar riesgos tempranos, ofrecer referentes positivos y
consolidar redes de protección efectivas.
A nivel cognitivo, la prevención exige que los NNA desarrollen capacidades críticas para interpretar
las falsas promesas de poder, consumo y reconocimiento que ofrecen las economías criminales.
UNICEF Ecuador (2025) advierte que la ausencia de alternativas educativas y sociales incrementa la
vulnerabilidad de los menores. En este contexto, la etnoeducación incide en la dimensión subjetiva del
proyecto de vida, al permitir que el estudiante se reconozca como heredero de una historia de
resistencia y dignidad, reduciendo la atracción hacia estructuras violentas. Esta formación de
pensamiento crítico se alinea con el mandato de protección integral del Código de la Niñez y
Adolescencia (CONA, 2003, Art. 38) y con los objetivos de permanencia escolar del sistema educativo
nacional (Ministerio de Educación, 2022).
Finalmente, este enfoque no debe ser interpretado como una política cerrada o aislada, sino como
un componente de transformación estructural del sistema educativo. De Jesús (2021) sostiene que la
visibilización de estas prácticas fortalece la identidad afroecuatoriana en diálogo con otros grupos
culturales del país. Este alcance resulta clave, ya que evita reducir la etnoeducación a un proceso de
autorreconocimiento interno, ampliando su dimensión “casa afuera” hacia la transformación de
imaginarios sociales más amplios.
La etnoeducación afroecuatoriana puede operar como un factor protector indirecto frente al
reclutamiento de NNA, al fortalecer la identidad, la memoria colectiva, la autoestima, el pensamiento
crítico, la permanencia escolar y la construcción del proyecto de vida. Su alcance preventivo no radica
en sustituir las políticas de seguridad, sino en intervenir en los vacíos simbólicos, educativos y
comunitarios que las estructuras criminales aprovechan. No obstante, precisamente por su relevancia
estratégica, sus límites deben analizarse críticamente en función de sus condiciones reales de
implementación, financiamiento, articulación curricular y evaluación institucional.
Límites de la etnoeducación afroecuatoriana como estrategia de prevención
La etnoeducación afroecuatoriana cuenta con reconocimiento normativo, planificación institucional,
recursos pedagógicos y asignaciones presupuestarias identificables; sin embargo, su existencia formal
no permite afirmar que constituya, por sí sola, una estrategia efectiva de prevención del reclutamiento
en contextos de violencia territorial. Desde una perspectiva jurídico-presupuestaria, las políticas
públicas orientadas a la protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNA) no deben evaluarse
únicamente por su incorporación en instrumentos de planificación o proformas presupuestarias, sino
por su ejecución material, cobertura territorial, grado de transformación curricular y resultados
verificables. Este criterio se alinea con el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA, 2003, Art. 8), que
establece la obligación estatal de garantizar recursos suficientes, estables y oportunos para la
protección efectiva de derechos.
En el plano presupuestario y operativo, la trazabilidad de los recursos evidencia una
implementación parcial y heterogénea. Aunque el Programa Anual de Inversiones 2024 del Ministerio
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de Economía y Finanzas (2024) incorporó el proyecto “Implementación de la Etnoeducación
Afroecuatoriana”, los informes de ejecución de la SEIBE (2024b) muestran un cumplimiento
aproximado del 50,63 %. Si bien se registran avances como la elaboración de materiales pedagógicos,
impresión de textos y procesos de capacitación docente, estas acciones reflejan una implementación de
escala limitada frente a los objetivos estructurales de la política.
Esta debilidad se intensifica al observar la planificación posterior. El Programa Anual de
Inversiones 2026 no registra una línea presupuestaria explícita destinada a la implementación de la
etnoeducación afroecuatoriana (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026), lo que dificulta su
seguimiento técnico y control ciudadano. Esta situación evidencia una brecha recurrente entre el
diseño normativo y la ejecución efectiva de políticas públicas. De manera ilustrativa, en el sector
educativo general se observa un fenómeno similar: aunque se anunció una inversión de 59 millones de
dólares en infraestructura escolar para 2026, los datos oficiales evidenciaron un presupuesto codificado
inferior (53,4 millones) y una ejecución del 7,1 % hasta abril del mismo año (Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura, como se citó en Sotaquira, 2026). Este patrón sugiere que, en ausencia de
trazabilidad presupuestaria clara, la política etnoeducativa enfrenta mayores restricciones para
consolidarse como intervención estructural.
Las limitaciones financieras se trasladan directamente al ámbito curricular. El Currículo Priorizado
2025 evidencia que la inclusión del componente afroecuatoriano no se encuentra plenamente
transversalizada en todas las áreas del conocimiento, limitándose a destrezas específicas dentro de
asignaturas puntuales como Educación para la Ciudadanía (Ministerio de Educación Deporte y Cultura,
2025). Asimismo, los Lineamientos Pedagógicos para Docentes de los Centros y Unidades Educativas
Comunitarias Interculturales Bilingües (SEIBE, 2025) establecen que su implementación depende en gran
medida de recursos digitales, lo que genera desigualdades territoriales en su aplicación.
A ello se suma una limitación conceptual en la comprensión de la interculturalidad. Si la
etnoeducación no se proyecta como una política educativa de alcance nacional, existe el riesgo de
fortalecer únicamente la identidad del grupo históricamente excluido sin transformar los imaginarios
sociales que reproducen la discriminación. En términos preventivos, la consolidación de la identidad
afroecuatoriana pierde eficacia si el entorno social más amplio no reconoce la igualdad de dignidad y
derechos de estos sujetos.
Desde una perspectiva territorial, las limitaciones también son estructurales. El Plan Nacional de
Desarrollo 2025–2029 identifica a la provincia del Guayas como una de las zonas con mayor relación
entre pobreza por necesidades básicas insatisfechas e incidencia delictiva (Secretaría Nacional de
Planificación, 2025). Este contexto impide considerar que la etnoeducación, de manera aislada, pueda
operar como barrera suficiente frente al reclutamiento en territorios como el Suburbio Oeste de
Guayaquil. En contextos donde convergen exclusión social y control criminal, la promoción de
liderazgo juvenil y pensamiento crítico sin respaldo institucional integral puede incluso incrementar
la exposición al riesgo.
En consecuencia, los límites de la etnoeducación afroecuatoriana no derivan de su reconocimiento
normativo, sino de la discontinuidad de su ejecución, la limitada escala de sus intervenciones, la
ausencia de indicadores claros de impacto preventivo y su débil articulación con políticas de seguridad
y protección integral. En términos analíticos, la etnoeducación constituye una condición necesaria,
pero no suficiente. Su contribución al fortalecimiento de la identidad, la memoria histórica y el
proyecto de vida solo puede traducirse en un efecto preventivo real si se integra dentro de una política
pública más amplia que combine educación intercultural, protección social, atención psicosocial y
presencia territorial efectiva.
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4. Conclusiones
La presente investigación demuestra que la etnoeducación afroecuatoriana trasciende la mera
incorporación de contenidos culturales o folclóricos para constituirse en una estrategia jurídicamente
exigible, anclada en el derecho a la identidad cultural, la educación intercultural y la protección integral
de niñas, niños y adolescentes (NNA). En contextos de violencia territorial como el Suburbio Oeste de
Guayaquil, esta política posee un potencial relevante como factor protector indirecto frente al
reclutamiento infantojuvenil. Su aporte principal radica en el fortalecimiento de la memoria histórica,
la autoestima colectiva y el pensamiento crítico, elementos que permiten disputar el campo simbólico
a los grupos de delincuencia organizada (GDO), reduciendo la eficacia de las estrategias de captación
basadas en el falso reconocimiento, la pertenencia y el estatus.
No obstante, los hallazgos evidencian que dicho potencial se encuentra estrictamente condicionado
por limitaciones estructurales en su implementación. La evidencia normativa y documental analizada
muestra una brecha significativa entre el reconocimiento formal de la política y su ejecución material.
Aunque existen instrumentos como el Plan Estratégico Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana,
su eficacia preventiva se ve restringida por una débil trazabilidad presupuestaria, una implementación
fragmentada basada en recursos digitales y una limitada transversalización curricular en el sistema
educativo nacional. En contextos donde convergen pobreza, racismo estructural y violencia territorial,
estas restricciones impiden que la etnoeducación opere como una estrategia preventiva suficiente
cuando actúa de manera aislada.
En consecuencia, el principal hallazgo del estudio indica que la etnoeducación afroecuatoriana solo
puede constituirse en una verdadera herramienta de prevención frente al reclutamiento si se redefine
su alcance desde una lógica “casa afuera”, es decir, como una política intercultural de alcance nacional
que involucre a toda la comunidad educativa y no únicamente a la población afrodescendiente. El
fortalecimiento identitario resulta insuficiente si no se acompaña de la transformación de los
imaginarios sociales que reproducen racismo, exclusión y desigualdad estructural.
En definitiva, la etnoeducación afroecuatoriana representa una herramienta pedagógica necesaria
y jurídicamente respaldada, pero su capacidad preventiva frente al reclutamiento infantojuvenil
depende de su articulación con un sistema integral de protección de derechos, que incluya
financiamiento sostenible, cobertura territorial efectiva, atención psicosocial y transformación
estructural del currículo educativo.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Cristian David Soto Cajamarca: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
María Josse Ramos Castillo: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición.
Wendy Pilar Romero Noboa: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición.
Jorge Eudoro Romero Oviedo: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal,
investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción
- revisión y edición.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
