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Vol. 41, enero-junio 2026 (243-264)
ISSN: 3028-8983
243
Artículo de revisión
Salud mental y territorio: una deuda pendiente en la atención
integral comunitaria
Mental health and territory: a pending debt in comprehensive community care
Gilson Fabricio Bolaños Artos*
Universidad Técnica del Norte
Ibarra-Ecuador
gfbolanosa@utn.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-1756-3649
Brayan Raúl Montenegro Cuaran
Universidad Técnica del Norte
Ibarra-Ecuador
brmontenegroc@utn.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-8704-6531
Alexandra Belén Sánchez Coyago
Universidad Técnica del Norte
Ibarra-Ecuador
absanchezc@utn.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-4223-232X
Paola Mishel Valverde Yacelga
Universidad Técnica del Norte
Ibarra-Ecuador
pmvalverdey@utn.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-4888-3256
Carlos Andrés Escobar Baldeón
Universidad Técnica del Norte
Ibarra - Ecuador
caescobarb@utn.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-0891-0095
*Correspondencia:
gilson20176h@gmail.com
Cómo citar este artículo:
Bolaños, G., Montenegro, B.,nchez, A.,
Valverde, P., & Escobar, C. (2026). Salud
mental y territorio: una deuda pendiente en la
atencn integral comunitaria. Perspectivas
Sociales y Administrativas, 4(1), 243-264.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i1.144
Recibido: 25 de febrero de 2026
Proceso de evaluación:
27 de febrero al 29 de marzo de 2026
Aceptado: 30 de marzo de 2026
Publicado: 8 de abril de 2026
Resumen: La atención integral comunitaria en salud mental constituye una deuda
pendiente en Ecuador, donde factores como la pobreza, el desempleo y la violencia
configuran desigualdades territoriales que no son abordadas adecuadamente por
enfoques clínicos tradicionales. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo
analizar las brechas en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-
FCI) en el primer nivel de atención,
destacando la necesidad de integrar perspectivas territoriales y comunitarias para
superar limitaciones estructurales del sistema. Se realizó una revisión bibliográfica de
carácter integrador, que sintetiza evidencia sobre determinantes sociales, oferta de
servicios en el MAIS-FCI, brechas territoriales y estrategias preventivas; además, se
incluyó el análisis de tablas comparativas entre el marco normativo y su aplicación en la
práctica, junto con la descripción de intervenciones psicosociales comunitarias desde un
enfoque cualitativo. Los resultados evidencian que la pobreza incrementa la prevalencia
de trastornos mentales comunes en un 2,15 %, y que existe un déficit aproximado de 2.056
profesionales especializados, con apenas 2,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes;
asimismo, se registran tiempos de espera de hasta 102 días para la atención especializada,
lo que limita la continuidad del cuidado. En población migrante, el 74 % reporta síntomas
de estrés o depresión, con mayor prevalencia en mujeres (40 %) en comparación con
hombres (30 %). En conclusión, la salud mental requiere un abordaje intersectorial que
priorice la inversión en talento humano capacitado en enfoques psicosociales y
comunitarios, así como el fortalecimiento del empoderamiento comunitario, con el fin de
reducir brechas territoriales y consolidar un MAIS-FCI más equitativo, accesible y
culturalmente pertinente, superando el modelo clínico individual.
Palabras clave: Brechas comunitarias, determinantes sociales, MAIS-FCI, salud mental,
territorio.
Abstract: Comprehensive community-based mental health care remains an unmet need in
Ecuador, where factors such as poverty, unemployment, and violence create territorial
inequalities that are not adequately addressed by traditional clinical approaches. In this context,
the present study aims to analyze the gaps in the implementation of the Comprehensive Family,
Community, and Intercultural Health Care Model (MAIS-FCI) at the primary care level,
highlighting the need to integrate territorial and community perspectives to overcome structural
limitations of the system. An integrative literature review was conducted, synthesizing evidence
on social determinants, service provision within the MAIS-FCI, territorial gaps, and preventive
strategies; additionally, a comparative analysis between the regulatory framework and its
practical application was included, along with a qualitative description of community-based
psychosocial interventions. The results show that poverty increases the prevalence of common
mental disorders by 2.15%, and that there is an estimated shortage of 2,056 specialized
professionals, with only 2.8 psychiatrists per 100,000 inhabitants; likewise, waiting times of up
to 102 days for specialized care were identified, limiting continuity of care. Among the migrant
population, 74% report symptoms of stress or depression, with higher prevalence in women
(40%) compared to men (30%). In conclusion, mental health requires an intersectoral approach
that prioritizes investment in human resources trained in psychosocial and community-based
approaches, as well as the strengthening of community empowerment, to reduce territorial gaps
and consolidate a more equitable, accessible, and culturally appropriate MAIS-FCI, moving
beyond the individual clinical model.
Keywords: Community gaps, MAIS-FCI, mental health, social determinants, territory.
Copyright: Derechos de autor 2026 Gilson
Fabricio Bolaños Artos,
Brayan Raúl
Montenegro Cuaran,
Alexandra Belén
Sánchez Coyago, Paola Mishel Valverde
Yacelga, Carlos Andrés Escobar Baldeón.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
La salud mental constituye un componente esencial del bienestar integral y del desarrollo humano,
cuya comprensión en la actualidad exige trascender los enfoques biomédicos tradicionales para
incorporar una perspectiva social, territorial y comunitaria. En este sentido, los trastornos mentales
deben situarse dentro de un entramado de determinantes sociales como la pobreza, el desempleo y la
desigualdad. Estas condiciones incrementan el riesgo de depresión y ansiedad, además de limitar el
acceso y continuidad del tratamiento. En contextos como el ecuatoriano, esto evidencia la necesidad
de fortalecer modelos integrales de atención (World Health Organization, 2021; Oliveros et al., 2022).
En los últimos años, la investigación en salud mental ha avanzado hacia la comprensión de los
determinantes sociales como factores clave del malestar psicosocial. La pobreza y la exclusión social se
asocian directamente con un mayor riesgo de trastornos mentales, afectando especialmente a
poblaciones vulnerables. Asimismo, la precariedad laboral y el desempleo prolongado deterioran la
estabilidad emocional e incrementan conductas de riesgo. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de
un abordaje estructural e interdisciplinario (Thomson et al., 2023; Marrone & Swarbrick, 2020).
A ello se suman fenómenos como la violencia estructural y de género, que generan efectos
profundos en la salud mental, especialmente en mujeres expuestas a situaciones de violencia. Estas
presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y afectación en su calidad de vida. Estas
problemáticas reflejan desigualdades persistentes y limitaciones en los sistemas de protección social.
Por tanto, es fundamental incorporar enfoques de género y derechos humanos en las intervenciones
(Meneses et al., 2024; World Health Organization, 2021).
A pesar de estos avances, persisten brechas en la implementación de estrategias efectivas de
atención en salud mental, especialmente en el primer nivel. Entre las principales limitaciones se
encuentran la escasez de profesionales, la fragmentación de servicios y el estigma social. Estas
dificultades se agravan en zonas rurales, fronterizas y en contextos de movilidad humana. Esto
evidencia la distancia entre la normativa y su aplicación real en el territorio (Reyes & Santos, 2024;
World Health Organization, 2021).
Por otro lado, la evidencia muestra que no basta con la atención individual si no se intervienen los
factores del entorno. El empleo precario, la desigualdad social y la baja cohesión comunitaria afectan
negativamente la salud mental. En contraste, las redes de apoyo social actúan como factores
protectores relevantes. Sin embargo, persiste una brecha entre las recomendaciones internacionales y
su implementación local (Oliveros et al., 2022; Marrone & Swarbrick, 2020).
En este contexto, es necesario profundizar el análisis de la salud mental desde una perspectiva
territorial que permita comprender la interacción entre los determinantes sociales y las dinámicas
comunitarias. No basta con reconocer factores como pobreza o violencia, sino analizar su expresión en
contextos específicos. Esto condiciona tanto el bienestar psicológico como el acceso a los servicios de
salud. Por ello, se requieren estrategias integrales, sostenibles y culturalmente pertinentes (World
Health Organization, 2021; Reyes & Santos, 2024).
En este marco, el presente estudio tiene como objetivo general analizar la relación entre los
determinantes sociales, las brechas territoriales y la atención en salud mental en la comunidad. Como
objetivos específicos, se plantean identificar los principales determinantes sociales que influyen en la
salud mental de la población; describir las brechas territoriales en el acceso a servicios de salud mental,
especialmente en zonas rurales, fronterizas y poblaciones en situación de movilidad humana; analizar
las limitaciones del primer nivel de atención en la provisión de servicios de salud mental dentro del
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MAIS-FCI; y, finalmente, describir acciones comunitarias y el involucramiento social orientados a la
promoción y prevención de la salud mental.
2. Metodología
El presente artículo se enmarcó en un enfoque cualitativo de tipo revisión bibliográfica, con el
propósito de analizar las brechas en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) para la salud mental en el primer nivel de atención,
así como la relación entre los determinantes sociales, las brechas territoriales y la atención en salud
mental en la comunidad.
El estudio se sustentó en la revisión, interpretación y síntesis de información proveniente de
literatura científica de los últimos cinco años, documentos normativos e informes técnicos, lo cual
permitió comprender fenómenos sociales y sanitarios complejos (Hernández Sampieri & Mendoza,
2018). Se trató de una investigación no experimental, dado que no se manipularon variables, sino que
se observaron y analizaron tal como se presentaron en la realidad documental. Asimismo, se adoptó
un diseño de revisión integrativa, que permitió incluir diferentes tipos de estudios empíricos, teóricos
y normativos con el fin de obtener una visión amplia y multidimensional del fenómeno investigado
(Salazar et al., 2019).
Las fuentes consultadas incluyeron bases de datos académicas de acceso internacional y regional
como Scopus, PubMed, SciELO, Redalyc, Dialnet y Google Scholar. Adicionalmente, se revisaron
documentos oficiales de la World Health Organization (se eliminó duplicación) y normativas
nacionales emitidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2013), con especial énfasis
en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI).
Para la búsqueda se emplearon palabras clave en español e inglés, combinadas con operadores
booleanos (AND, OR), tales como: "salud mental" AND "determinantes sociales", "mental health" AND
"social determinants", "MAIS-FCI" AND "atención primaria", "brechas territoriales" AND "salud
mental", "community mental health" AND "primary care", "desempleo" AND "salud mental" y "violencia
de género" AND "salud mental". El periodo de búsqueda comprendió publicaciones entre 2018 y 2026,
con el fin de abarcar información actualizada sobre la implementación del MAIS-FCI y los avances
recientes en salud mental comunitaria.
El proceso de selección se realizó en varias etapas. En primer lugar, se eliminaron los documentos
duplicados y se revisaron títulos y resúmenes para verificar la pertinencia temática. Posteriormente,
se procedió a la lectura completa de los textos preseleccionados, evaluando su relevancia y calidad
metodológica. Finalmente, se seleccionaron los documentos que cumplían con los criterios de inclusión
para el análisis final.
Se incluyeron artículos originales, revisiones sistemáticas o integrativas, informes técnicos y
documentos normativos relacionados con salud mental, determinantes sociales, MAIS-FCI, atención
primaria y brechas territoriales, publicados en español, inglés o portugués, y revisados por pares o
provenientes de organismos oficiales. Se excluyeron documentos duplicados, literatura gris sin
respaldo académico y estudios centrados exclusivamente en aspectos clínicos o farmacológicos sin
vinculación con determinantes sociales, territorio o políticas públicas.
El análisis se estructuró organizando las fuentes según autor, año, país, metodología, principales
hallazgos y aportes al campo de la salud mental comunitaria. Posteriormente, se aplicó un análisis
temático que permitió identificar categorías emergentes organizadas en torno a los objetivos
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específicos del estudio: determinantes sociales asociados a la salud mental (pobreza, violencia,
desempleo y género); brechas territoriales en el acceso a servicios de salud mental; limitaciones del
primer nivel de atención en el marco del MAIS-FCI; y estrategias comunitarias orientadas a la
promoción y prevención.
Adicionalmente, se realizó un análisis comparativo entre la oferta normativa establecida por el
MAIS-FCI y las limitaciones reales identificadas en la literatura, utilizando tablas comparativas para
visualizar las discrepancias. La triangulación de fuentes (artículos científicos, documentos normativos
e informes técnicos) permitió reforzar la validez y confiabilidad de los resultados, al contrastar
información proveniente de diferentes tipos de documentos y contextos.
Al tratarse de una revisión bibliográfica, este estudio presentó limitaciones inherentes a este tipo de
diseño. La disponibilidad y accesibilidad de algunos documentos, especialmente informes técnicos
locales y datos desagregados por territorio pudieron restringir el alcance de la revisión. No obstante,
la selección sistemática de fuentes y la triangulación de información contribuyeron a minimizar estos
sesgos y fortalecieron la validez de los hallazgos.
3. Desarrollo
Determinantes sociales y salud mental
La salud mental contemporánea exige un enfoque integral que trascienda los servicios clínicos
tradicionales, incorporando las realidades sociales y territoriales en las que se desarrolla la vida
humana. En este marco, los determinantes sociales se configuran como ejes explicativos clave del
bienestar psicosocial, ya que factores como la pobreza, el desempleo, la violencia y las brechas de
género no solo incrementan el riesgo de trastornos mentales, sino que también condicionan las
posibilidades de acceso, tratamiento y recuperación. De este modo, su análisis resulta coherente con el
objetivo del estudio, al permitir comprender las desigualdades en salud mental desde una perspectiva
estructural (Ridley et al., 2020; Kirkbride et al., 2024).
Pobreza y exclusión social
La estabilidad económica, que incluye la seguridad laboral y los ingresos, constituye un determinante
crítico de la salud mental. La inseguridad financiera se asocia significativamente con un mayor riesgo
de desarrollar trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y consumo de sustancias (American
Psychiatric Association, s. f.). Según Thomson et al. (2022), la pobreza tiene un impacto estimado del
2,15 % en la prevalencia de trastornos mentales comunes en la población trabajadora, afectando con
mayor severidad a las mujeres.
La evidencia en salud pública ha demostrado que vivir en contextos marcados por la
discriminación, la inseguridad comunitaria y la escasa cohesión social incrementa el riesgo de estrés
crónico y deterioro psicológico. Estos factores interactúan entre sí de manera interseccional, generando
impactos desiguales en mujeres, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. En este sentido, la
pobreza no solo limita recursos materiales, sino que también afecta las capacidades de afrontamiento
y adaptación social (Ridley et al., 2020).
Asimismo, la pobreza experimentada desde etapas tempranas de la vida, incluso durante el período
prenatal, se asocia con malnutrición y exposición prolongada a factores de estrés, lo que impacta
negativamente en el desarrollo cognitivo y aumenta la probabilidad de trastornos mentales en la
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adultez. Este hallazgo refuerza la necesidad de intervenciones tempranas y preventivas, alineadas con
un enfoque de curso de vida (Ridley et al., 2020).
Violencia estructural y comunitaria
Burgess (2023) cuestiona la fragmentación de la dimensión social en el abordaje de la salud mental,
señalando que su análisis en categorías aisladas limita la comprensión integral del sufrimiento
humano. En este sentido, se evidencia que los enfoques reduccionistas dificultan abordar condiciones
estructurales como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, que inciden directamente en el
malestar psicosocial.
Asimismo, se critica el predominio de enfoques biomédicos centrados exclusivamente en los
síntomas, los cuales suelen desvincularse de los contextos sociales, institucionales y comunitarios
donde se originan los problemas de salud mental (Burgess, 2023). Esta limitación resulta relevante
frente al objetivo del estudio, ya que evidencia la necesidad de modelos más integrales en el primer
nivel de atención.
Ridley et al. (2020) proponen la adopción de una topología social” basada en la interseccionalidad,
orientada a reconocer la complejidad de las realidades sociales. Este enfoque permite comprender
cómo la discriminación, la inseguridad y la falta de cohesión social generan estrés y trastornos
psicológicos, promoviendo intervenciones centradas en la justicia social.
En consecuencia, las personas que viven en contextos sociales adversos presentan una mayor
probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. Abordar estas problemáticas trasciende el
ámbito sanitario, configurándose como una responsabilidad ética y un compromiso con la equidad y
la justicia social (Kirkbride et al., 2024).
Desempleo y precariedad laboral
El empleo remunerado se reconoce como un factor protector de la salud mental, especialmente en
personas con enfermedades mentales graves; sin embargo, el desempleo de larga duración constituye
un factor de riesgo frecuentemente subestimado por los sistemas de salud (Marrone & Swarbrick,
2020).
Situaciones como la inseguridad laboral, el subempleo o el cierre de empresas impactan
significativamente en la salud física y mental, al generar incertidumbre y estrés prolongado. Asimismo,
los desincentivos asociados a la pérdida de beneficios sociales limitan la inserción laboral de personas
en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el desempleo se asocia con mayor riesgo de consumo
de alcohol y dependencia a la nicotina (Marrone & Swarbrick, 2020).
Adicionalmente, la disminución de ingresos restringe la capacidad de planificación y control sobre
el proyecto de vida, afectando el bienestar subjetivo. Oliveros et al. (2022) evidencian que el deterioro
de las redes sociales y la percepción negativa de la realidad se asocian con problemas de salud mental,
mientras que las relaciones sociales positivas actúan como factores protectores.
En síntesis, la evidencia reciente demuestra que el desempleo y la precariedad laboral se asocian de
manera consistente con un mayor malestar psicológico, incluso en contextos con sistemas de salud
universales. Esto refuerza la necesidad de integrar estos factores en las políticas públicas y estrategias
de intervención en salud mental (Alegría et al., 2018).
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Género y vulnerabilidad
Machuca y Pérez (2023) evidencian que las desigualdades de género influyen de manera determinante
en la salud mental, afectando especialmente a las mujeres. A partir del análisis de diversos estudios,
se identifica una mayor prevalencia de trastornos como depresión y ansiedad, así como un mayor
consumo de psicofármacos en comparación con los hombres.
Por su parte, Meneses et al. (2024) analizaron la relación entre salud mental y calidad de vida en
mujeres ecuatorianas expuestas a violencia de género. Los resultados evidencian que las víctimas
presentan mayor deterioro en dimensiones físicas, psicológicas, sociales y ambientales, en
comparación con aquellas que no han experimentado violencia.
Asimismo, factores como la edad, el nivel socioeconómico, la escolaridad y el estado civil influyen
significativamente en la magnitud del impacto, evidenciando la complejidad del fenómeno. Estos
hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales con enfoque de género,
orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida.
En este contexto, resulta clave que los servicios de salud mental integren de manera sistemática los
determinantes sociales y de género en la evaluación y el abordaje clínico, reconociendo su impacto
estructural en la salud mental. De este modo, se contribuye directamente al cumplimiento del objetivo
del estudio, al vincular evidencia empírica con necesidades de intervención (Marrone & Swarbrick, 2020).
La tabla 1 sistematiza la relación entre cuatro ejes críticos: pobreza, violencia, precariedad laboral y
desigualdad de género, detallando cómo cada uno deteriora el bienestar emocional (causando
ansiedad, depresión o trauma). La figura 1 ilustra el camino causal entre el entorno social y la salud
mental. Muestra cómo los determinantes (pobreza, género, desempleo y violencia) operan a través de
mecanismos sociales (como la discriminación) y se profundizan mediante la interseccionalidad (etnia,
migración, nivel socioeconómico).
Tabla 1
Síntesis de los determinantes sociales y su impacto en la salud mental
Determinante
social
Impacto en salud
mental
Poblacn más
afectada
Nivel de intervencn
Pobreza y
exclusión social
Incrementa la probabilidad de
presentar depresión, ansiedad,
estrés persistente y consumo de
sustancias, como consecuencia de
la inestabilidad económica, las
condiciones habitacionales
deficientes y la escasez de
oportunidades sociales
Personas de bajos
ingresos, mujeres, niños
y comunidades con
escaso acceso a recursos.
Individual:
Acceso a atención psicológica y a servicios
de salud mental.
Comunitario:
Desarrollo de programas de apoyo
social y fortalecimiento de redes comunitarias de
apoyo.
Estructural:
Implementación de políticas públicas
orientadas a la reducción de la pobreza.
Violencia
estructural y
comunitaria
Genera trauma psicológico,
ansiedad, estrés postraumático y
deterioro del bienestar emocional.
Mujeres, niños, minorías
sociales y comunidades
con alta violencia social.
Individual:
Atención psicológica y acompañamiento.
Comunitario:
Programas de prevención de violencia.
Estructural:
Políticas públicas de seguridad y
protección social.
Desempleo y
precariedad
laboral
Provoca pérdida de autoestima,
incertidumbre económica y mayor
riesgo de consumo de alcohol o
tabaco.
Adultos en edad laboral,
personas con bajo nivel
educativo o empleos
informales.
Individual:
Orientación laboral y apoyo psicológico.
Comunitario: Programas de inserción laboral.
Estructural: Políticas de empleo digno.
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Desigualdad de
género y
vulnerabilidad
Mayor prevalencia de depresión,
ansiedad y consumo de
psicofármacos en mujeres debido a
la sobrecarga de cuidados,
violencia y desigualdad laboral.
Mujeres expuestas a
violencia de género y
desigualdad
socioeconómica.
Individual:
Atención psicológica y apoyo social.
Comunitario:
Programas de prevención de violencia
de género.
Estructural:
Políticas de igualdad y protección de
derechos.
Figura 1
Interrelación de los principales determinantes sociales que influyen en la salud mental
Situación de la salud mental en el primer nivel
Oferta de servicios en el MAIS-FCI
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2024), a través del Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), plantea la garantía de acceso a servicios de salud integrales,
oportunos y de calidad en el primer nivel de atención. En este marco, la salud mental se incorpora como un
componente esencial de la atención primaria, mediante acciones orientadas a la promoción, prevención,
diagnóstico oportuno y seguimiento de los trastornos mentales. Asimismo, se contemplan procesos de referencia
y contrarreferencia hacia niveles especializados, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y la articulación
comunitaria. Sin embargo, la evidencia sugiere una brecha entre esta oferta normativa y su implementación
efectiva en el territorio (Ministerio de Salud Pública, 2018).
Déficit de profesionales especializados
La atención en salud mental presenta una alta demanda en el primer nivel, lo cual se ve agravado por la escasez
de psiquiatras y otros profesionales especializados. Esta limitación estructural genera sobrecarga en el personal
de atención primaria, así como inseguridad en el manejo de casos complejos y una mayor dependencia de los
servicios especializados (Rameez & Nasir, 2023).
En respuesta a esta problemática, se han propuesto estrategias como la implementación de guías clínicas
estandarizadas, entre ellas el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), adoptado
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en Ecuador. Además, se plantea la ampliación del rol de la enfermería en salud mental como una estrategia clave
para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel (Franca et al., 2025).
Acceso y tiempos de atención
El acceso a los servicios de salud mental continúa siendo limitado y fragmentado en diversos contextos,
especialmente en el primer nivel de atención. Un estudio realizado en Brasil evidencia problemas relacionados
con listas de espera prolongadas, financiamiento insuficiente y débil articulación entre niveles de atención (Dos
Santos Treichel et al., 2021).
En este sentido, los tiempos de espera para la atención especializada pueden extenderse por meses o incluso
años, lo que incrementa el riesgo de agravamiento de los trastornos y abandono del tratamiento (Edbrooke-
Childs & Deighton, 2020; Moroz et al., 2020). Esta situación refuerza el papel estratégico del primer nivel como
puerta de entrada al sistema de salud, aunque también evidencia sus limitaciones estructurales.
Estigmatización del trastorno mental
El estigma social se reconoce como una de las barreras más persistentes para el acceso a servicios de salud mental,
ya que influye negativamente en la búsqueda de ayuda y en la adherencia al tratamiento. Diversos estudios han
demostrado que las intervenciones comunitarias y los programas educativos contribuyen a reducir la
estigmatización, especialmente cuando incluyen testimonios y estrategias participativas en contextos educativos
y sociales (Hajizadeh et al., 2024).
No obstante, la persistencia del estigma refleja la necesidad de intervenciones sostenidas y culturalmente
pertinentes, orientadas a transformar percepciones sociales y fortalecer la inclusión. La tabla 2 presenta una
comparación entre la oferta normativa de los servicios de salud mental en el primer nivel, establecida por el
modelo MAIS-FCI, y las limitaciones observadas en su implementación real.
Tabla 2
Oferta Normativa de Servicios vs. Limitaciones Reales en Salud Mental
Aspecto Oferta normativa Limitaciones reales
Déficit de
especialistas
Disponibilidad teórica de al menos un profesional de salud
mental (psicólogo o psiquiatra) por establecimiento del
primer nivel, con cobertura universal en la Red Pública
Integral de Salud (RPIS).
Cobertura limitada en la práctica, con solo el 23,9 %
de los establecimientos que disponen de servicios de
salud mental; aproximadamente 174 psicólogos a
nivel nacional, concentrados en zonas urbanas (≈69
%).
Tiempos de
espera
Atención oportuna en el primer nivel
, con tiempos de
asignación de citas iguales o menores a 7 días.
Demoras prolongadas en la atención especializada,
que pueden extenderse por semanas o meses,
afectando la continuidad del tratamiento.
Continuidad de la
atención
Modelo integral y articulado entre el primer nivel, la atención
hospitalaria y el componente comunitario, conforme al MAIS-
FCI.
Fragmentación del sistema de atención
, con
desarticulación entre niveles y brechas territoriales,
especialmente en zonas rurales, indígenas y
fronterizas; solo 15 de 24 provincias cuentan con
servicios básicos de salud mental.
Estigmatización
Implementación de programas de sensibilización, educación
comunitaria y formación del personal de salud orientados a
reducir el estigma.
Persistencia de barreras socioculturales
, limitada
pertinencia intercultural,
ausencia de personal
bilingüe en territorios indígenas y subutilización de
servicios en áreas rurales (≈20 % de cobertura).
Nota. Adaptado de Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2024) y Moreno-Zambrano et al. (2023).
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Brechas Territoriales
Diferencias urbano rurales
El acelerado proceso de urbanización ha incrementado la exposición de la población a diversos riesgos para la
salud mental, asociados tanto al entorno social como al espacio físico en el que se desarrollan las personas. En
contextos socioculturales que integran visiones holísticas del ser humano, se ha evidenciado que las condiciones
territoriales influyen significativamente en el bienestar psicosocial.
Un estudio realizado en una metrópolis de Polonia mostró que los residentes urbanos presentaban mejores
índices de salud mental en comparación con aquellos que habitan en pueblos remotos y ciudades pequeñas
(Ochnik et al., 2024). Estos hallazgos permiten establecer un paralelismo con el contexto ecuatoriano, donde la
distribución de profesionales de salud mental es desigual, concentrándose en provincias urbanas como Pichincha
y Guayas, con escasa presencia en zonas rurales y fronterizas.
En relación con la disponibilidad de recursos humanos, datos del sistema público ecuatoriano evidencian la
existencia de aproximadamente 138 psiquiatras, distribuidos de manera inequitativa en el territorio nacional
(Wong-Ayoub, Andrés-Suárez, et al., 2022). Se identificó que varias provincias carecen de estos servicios, mientras
que la mayor concentración se encuentra en áreas urbanas centrales, con presencia mínima o nula en zonas rurales
y fronterizas. Esta distribución refleja una brecha estructural en el acceso a la atención en salud mental en el primer
nivel, en contradicción con los principios del MAIS-FCI (Wong-Ayoub, Andrés-Suárez, et al., 2022).
Asimismo, la evidencia sugiere que la urbanización actúa como un determinante transversal que influye en
múltiples dimensiones de la salud mental. El entorno físico urbano incide indirectamente a través de factores
como la cohesión social, el aislamiento y la calidad de vida, mientras que la organización territorial se relaciona
con condiciones de salud física y mental (Ochnik et al., 2024). En el caso ecuatoriano, estas desigualdades
territoriales se articulan con factores sociodemográficos y económicos, generando escenarios de inequidad que
afectan especialmente a poblaciones vulnerables.
En este sentido, condiciones sociodemográficas, epidemiológicas, económicas y culturales contribuyen a la
reproducción de desigualdades e injusticias sociales, incrementando el riesgo de trastornos mentales en grupos
como niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad (Guédez et al., 2023).
Este análisis refuerza la relación entre territorio y salud mental, evidenciando que las brechas geográficas no
solo limitan el acceso a servicios, sino que también condicionan los determinantes del bienestar psicológico. La
figura 2 es un gráfico de barras que muestra la distribución geográfica del número de psiquiatras en diferentes
tipos de territorios.
Figura 2
Distribución psiquiatras en Salud Pública en el Ecuador (2022)
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Zonas fronterizas y de difícil acceso
El acceso a los servicios de salud mental resulta particularmente limitado en zonas fronterizas y
territorios de difícil acceso, donde convergen múltiples factores de vulnerabilidad. Un estudio
realizado en Tacna, Perú, identificó barreras como condiciones geogficas adversas, costos
económicos, escasez de personal capacitado y desinformación, las cuales restringen el acceso a
servicios de salud, incluida la atención en salud mental (Organización Panamericana de la Salud, 2025).
De manera complementaria, Kavanagh et al. (2023) señalan que las dificultades de acceso en áreas
rurales, regionales y remotas incrementan la carga de enfermedad mental, lo que pone de manifiesto
la necesidad de fortalecer estrategias que mejoren la cobertura y el uso efectivo de los servicios. Estos
hallazgos son consistentes con la realidad ecuatoriana, donde las brechas territoriales limitan la
implementación efectiva del modelo MAIS-FCI en contextos periféricos.
Impacto en la migracn y en la movilidad humana
La movilidad humana constituye un factor determinante en la salud mental, especialmente en
contextos de migración forzada o reubicación. La adaptación a un nuevo entorno sociocultural genera
altos niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, debido a cambios abruptos, barreras culturales
y dificultades de integración. En este contexto, un estudio analizó la relación entre movilidad humana
y salud mental en jóvenes venezolanos reubicados en Ecuador, evidenciando impactos asociados a la
separación familiar, la exclusión social y experiencias adversas (Reyes & Santos, 2024).
En Ecuador, la población migrante, particularmente de origen venezolano, enfrenta múltiples
riesgos psicosociales que incrementan su vulnerabilidad, incluyendo precariedad económica,
discriminación y acceso limitado a servicios de salud.
Estas condiciones aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos como ansiedad, depresión y
trastorno de estrés postraumático, evidenciando la necesidad de intervenciones integrales con enfoque
territorial e intercultural (World Vision Ecuador, 2024). La tabla 3 presenta una relación sistemática
entre los principales factores de riesgo asociados a contextos de vulnerabilidad social y migratoria y
sus correspondientes manifestaciones clínicas en salud mental
Tabla 3
Factores de riesgo y manifestaciones clínicas
Factores de riesgo Descripción principal Manifestaciones clínicas frecuentas
Ruptura de redes
culturales durante el desplazamiento.
Depresión (soledad persistente), ansiedad
(preocupación constante por seres
queridos).
Incertidumbre laboral
informalidad en el mercado laboral.
Ansiedad (inquietud por futuro
económico), estrés postraumático
(revivencias de precariedad).
Discriminación
comunidades de acogida
Depresión (baja autoestima), TEPT
(hipervigilancia por amenazas percibidas).
Violencia
Exposición a violencia en ruta, doméstica o
estructural (detenciones, abusos).
TEPT (flashbacks, pesadillas), ansiedad
(evitación de entornos), depresión
(desesperanza).
El 74 % de las personas migrantes experimenta síntomas de estrés, ansiedad o depresión,
acompañado de una baja búsqueda de ayuda profesional, lo que evidencia importantes barreras de
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acceso a los servicios de salud mental (Dialoguemos, 2024). En este contexto, la movilidad humana
constituye un factor determinante que impacta negativamente en la salud mental, especialmente en
jóvenes migrantes que enfrentan procesos de adaptación a nuevos entornos socioculturales, ruptura
de redes de apoyo y múltiples condiciones de vulnerabilidad.
Estas circunstancias generan una mayor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos,
observándose diferencias por sexo, con una mayor afectación en mujeres (40 %) en comparación con
hombres (30 %). Dicha situación se ve agravada por la limitada disponibilidad de oportunidades
educativas y laborales, así como por la incertidumbre respecto al futuro, factores que intensifican el
malestar psicológico y dificultan la integración social de esta población.
Estrategias comunitarias de prevención
Promoción de salud mental en las escuelas
Los programas de promoción de la salud mental en entornos educativos constituyen una estrategia clave
para el fortalecimiento del bienestar psicológico desde etapas tempranas. Estos programas fomentan
conductas saludables y habilidades socioemocionales; sin embargo, su efectividad se ve limitada por
diversos factores estructurales y operativos. Entre estos se incluyen la sobrecarga laboral docente, la falta
de capacitación específica, el tiempo insuficiente para su implementación, la rigidez curricular y la escasa
integración de estas iniciativas en los planes formativos institucionales (Pérez-Jorge et al., 2021).
En consecuencia, resulta necesario fortalecer el diseño e implementación de estas estrategias,
incorporando enfoques integrales, participativos e interculturales que permitan mejorar su impacto y
sostenibilidad en el sistema educativo. La figura 3 representa un modelo de prevención en salud
mental en el primer nivel de atención, organizado de manera jerárquica y secuencial desde la
comunidad hacia los servicios formales de salud. En la base se sitúa la participación social, entendida
como la implicación activa de la comunidad organizada y las familias en el cuidado de la salud. A
partir de este nivel, se articulan las redes comunitarias de apoyo, conformadas por líderes comunitarios
y organizaciones locales, que facilitan la cohesión social y la identificación temprana de necesidades.
Figura 3
Esquema Operativo
MODELO DE PREVENCIÓN PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN
PARTICIPACIÓN SOCIAL
(Comunidad organizada y familias)
REDES COMUNITARIAS DE APOYO
(líderes comunitarios, organizaciones locales)
ESCUELAS Y ENTORNOS EDUCATIVOS
(educación para la salud, promoción)
TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS
(brigadistas, promotores de salud, visitas domiciliarias)
CENTRO DE SALUD PRIMER NIVEL
(Atención primaria integral)
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La figura 4 ilustra un modelo escalonado de intervención en salud en el primer nivel de atención,
estructurado en tres etapas progresivas que priorizan la anticipación del riesgo y la acción temprana.
En primer lugar, se presenta la promoción de la salud, que incluye estrategias como la educación en
salud en entornos escolares, campañas comunitarias, la participación social y el empoderamiento
comunitario, así como la promoción de estilos de vida saludables; este nivel busca fortalecer
capacidades individuales y colectivas para el autocuidado.
Figura 4
Niveles de acción
La figura 5 representa un flujo continuo de atención en salud desde la comunidad hasta los niveles
especializados, estructurado de manera secuencial y orientado a la prevención y la atención oportuna.
El proceso inicia en la comunidad y las escuelas, consideradas espacios fundamentales para la
interacción social y la identificación de necesidades en salud. A partir de este punto, se desarrollan
acciones de promoción de la salud, enfocadas en fortalecer el conocimiento, los hábitos saludables y el
autocuidado en la población.
Figura 5
Flujo operativo simplificado
Los programas de educación y promoción de la salud en el ámbito escolar deben concebirse como
un compromiso social integral, que involucre no solo a la comunidad educativa, sino también a las
1. Promoción de la salud
- Educacn en salud en escuelas
- Campañas comunitarias
- Participación social y empoderamiento comunitario
- Actividades de estilos de vida saludables
2. Prevención primaria
- Vacunación
- Suplementación nutricional
- Consejería en salud sexual y reproductiva
- Control prenatal temprano
3. Detección temprana
- Tamizajes comunitarios
- Identificación de factores de riesgo
- Control de signos y síntomas iniciales
- Visitas domiciliarias por trabajadores comunitarios
4. Referencia
- Derivación al centro de salud
- Referencia a hospitales o segundo nivel
- Seguimiento del paciente en la comunidad
Comunidad / Escuelas
Promoción de la salud
Prevención primaria
Detección temprana (trabajadores comunitarios)
Centro de salud
Referencia a niveles superiores si es necesario
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familias y a los profesionales de la salud. Este enfoque trasciende el espacio exclusivamente escolar,
favoreciendo la construcción de entornos saludables y sostenibles. En este sentido, resulta fundamental
priorizar su inclusión en la planificación anual, estructurarlos de manera estratégica para garantizar
su eficacia y fortalecer la capacitación docente, de modo que los educadores actúen como líderes en la
promoción de hábitos saludables en el alumnado.
Redes comunitarias de apoyo
Las redes comunitarias de apoyo y los trabajadores de salud comunitarios (TSC) desempan un papel clave en
la promoción de la salud mental, debido a su cercanía con la población y al hecho de compartir idioma, creencias
y experiencias socioculturales. Estas características facilitan la generación de confianza y la aceptación de las
intervenciones, permitiendo promover estilos de vida saludables, vincular a las personas con servicios y recursos
disponibles, y fortalecer la resiliencia comunitaria a través de redes formales e informales (Yousefi Nooraie et al.,
2025).
Asimismo, las intervenciones comunitarias pueden orientarse a la difusión de información sanitaria mediante
canales de confianza, así como al fomento de la participación de la comunidad. Estas estrategias contribuyen a
mejorar la circulación de mensajes de salud y a potenciar su impacto, especialmente en contextos de
vulnerabilidad social.
Participación social en prevención
La Declaración de Alma-Ata, reafirmada enltiples resoluciones internacionales y regionales sobre el derecho
a la salud, establece la participación comunitaria como un pilar fundamental de los sistemas sanitarios. No
obstante, su implementación ha sido progresiva y, en muchos contextos, limitada, ya que la mera existencia de
mecanismos formales no garantiza una participación efectiva en la toma de decisiones ni en la gobernanza
sanitaria (Báscolo et al., 2024).
En consecuencia, es necesario fortalecer los procesos participativos, promoviendo mecanismos inclusivos,
representativos y sostenibles que permitan a las comunidades incidir activamente en la planificación, ejecución
y evaluación de las políticas de salud, especialmente en el ámbito de la prevención. La tabla 4 presenta un análisis
comparativo entre el marco internacional de la Atención Primaria de Salud, basado en los principios de la
Declaración de Alma-Ata y posteriores desarrollos, y su aplicación en el contexto ecuatoriano, destacando tanto
los avances como las limitaciones
Tabla 4
Cuadro analítico de participación social y su aplicación en el contexto nacional
Marco internacional (Alma-
Ata y posteriores)
Aplicación en Ecuador Avances
Limitaciones
Participación
comunitaria
Plena participación de indi-
viduos, familias y comuni-
dades en la planificación, eje-
cución y control de la aten-
ción; promoción de la auto-
rresponsabilidad.
Integración mediante redes
co
munitarias, instituciones
educativas y trabajadores de
salud comunitarios en espa-
cios como las Casas de la Sa-
lud.
Fortalecimiento de re-
des locales y desarrollo
de mecanismos de vigi-
lancia participa
tiva en
atención pri
maria de
salud (APS).
Implementación de-
sigual en zonas rurales;
baja sostenibilidad de-
bido a la dependencia
del financiamiento esta-
tal.
Acceso
universal y
equidad
La APS como primer nivel de
contacto, accesible y cercano
al lugar de residencia o
trabajo, con prioridad en
poblaciones vulnerables.
Implementación de estrate-
gias nacionales como progra-
mas de inmunizacn y con-
trol de enfermedades, lidera-
das por el Ministerio de Sa-
lud Pública.
Coberturas elevadas en
vacunación infantil y
avances en la reducción
de la mortalidad ma-
terna.
Persisten brechas de ac-
ceso en zonas rurales,
indígenas y amazónicas;
sobrecarga en el primer
nivel de atención.
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Enfoque
integral
Aborda educación en salud,
nutrición, agua y sanea-
miento, salud materno-in-
fantil, prevención de enfer-
medades endémicas y acceso
a medicamentos esenciales.
Implementación del modelo
de atención integral, familiar
y comunitario, con énfasis en
promoción y prevención en
el primer nivel.
Desarrollo de progra-
mas intersectoriales
(salud
educación) y
fortalecimiento de la
detección temprana de
enfermedades.
Fragmentación entre ni-
veles de atención; limi-
tada disponi
bilidad de
medicamentos en zonas
rurales.
Recursos y
sostenibilidad
Uso eficiente de recursos lo-
cales, costos asequibles y ar-
ticulación con el desarrollo
socioeconómico del país.
Financiamiento a través del
Ministerio de Salud Pública y
gobiernos autónomos des-
centralizados; implementa-
ción de brigadas comunita-
rias.
Expansión de unidades
básicas de salud y for-
mación de trabajadores
de salud comunitarios.
Financiamiento inesta-
ble; rotación del perso-
nal comunitario; persis-
tencia de inequidades
entre zonas urbanas y
rurales.
Intervención psicosocial comunitaria
Un estudio analizó la relación entre determinantes, estrategias y resultados de implementación en una
intervención psicosocial comunitaria dirigida a mujeres migrantes, refugiadas y comunidades de
acogida en localidades de Ecuador y Panamá. Los hallazgos evidenciaron que la participación de
actores comunitarios constituye un factor clave para el éxito de las intervenciones, junto con el diseño
continuo, la implementación en entornos comunitarios y la modalidad grupal. Asimismo, se destacó
la importancia de la capacitación y supervisión de facilitadores no especializados, así como el uso de
incentivos económicos mediante el reembolso de gastos, lo que favorece la adherencia y sostenibilidad
de las intervenciones (Greene et al., 2024).
Integración efectiva en el MAIS-FCI
Articulación intersectorial (educación, desarrollo social, justicia)
La incorporación de la salud mental en el Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar,
Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) requiere una articulación intersectorial efectiva que trascienda
la acción exclusiva del sistema sanitario. La evidencia reciente indica que los problemas de salud
mental están estrechamente vinculados a determinantes sociales, como el acceso a la educación, las
condiciones de vida y los mecanismos de protección jurídica, los cuales demandan respuestas
coordinadas entre múltiples sectores (World Health Organization, 2022).
Desde esta perspectiva, la intersectorialidad se consolida como un eje estratégico para la promoción
del bienestar psicológico, la prevención de trastornos mentales y la reducción de inequidades en salud,
especialmente en territorios caracterizados por pobreza, violencia y exclusión social (World Health
Organization, 2021). En ausencia de una coordinación efectiva entre los sectores de educación,
desarrollo social y justicia, el enfoque comunitario del MAIS-FCI tiende a fragmentarse, limitando su
impacto sobre los determinantes estructurales que condicionan el bienestar psicológico a lo largo del
curso de vida.
Modelos de atención integral en salud mental
En las últimas décadas, los modelos de atención en salud mental han evolucionado hacia enfoques
integrales, comunitarios y basados en derechos humanos, reconociendo que los trastornos mentales y
los malestares psicosociales deben abordarse considerando los contextos sociales, culturales y
territoriales en los que se desarrollan.
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De acuerdo con la World Health Organization, estos modelos deben priorizar la atención primaria, la
continuidad del cuidado, la participación comunitaria y la articulación intersectorial como pilares
fundamentales para garantizar el acceso equitativo y la calidad de los servicios (World Health
Organization, 2022). En este sentido, la salud mental deja de concebirse exclusivamente como un ámbito
especializado para integrarse de manera transversal en los sistemas de salud y en las poticas públicas.
Uno de los elementos centrales es el enfoque comunitario, el cual reconoce a la comunidad como un
actor activo en los procesos de promoción, prevención y recuperación en salud mental. Este enfoque
promueve intervenciones territorializadas, culturalmente pertinentes y orientadas al fortalecimiento
de redes de apoyo social, reduciendo la dependencia de servicios altamente especializados (World
Health Organization, 2021).
Asimismo, los modelos contemporáneos enfatizan la incorporación de un enfoque de derechos
humanos, reconociendo a las personas con sufrimiento psíquico como sujetos de derechos y no
únicamente como receptores de atención. Esta perspectiva busca combatir el estigma, la discriminación
y las prácticas coercitivas, promoviendo la autonomía, la inclusión social y la participación activa de
las personas y sus familias en los procesos de cuidado (World Health Organization, 2021).
En el contexto latinoamericano, estos enfoques han sido promovidos mediante estrategias centradas
en la atención primaria y la acción intersectorial, destacando la importancia de abordar factores
estructurales como la pobreza, la violencia y la desigualdad social. Esto implica fortalecer capacidades
locales y articular respuestas integrales que trasciendan el ámbito sanitario, con el fin de generar
impactos sostenibles en la salud mental comunitaria (World Health Organization, 2021).
El MAIS-FCI se alinea con estos modelos integrales contemporáneos; sin embargo, su
implementación efectiva depende de la capacidad del sistema para operacionalizar estos principios en
el territorio, integrando la salud mental de manera transversal en el primer nivel de atención y
adaptando las intervenciones a las realidades locales.
Seguimiento comunitario y continuidad del cuidado
El seguimiento comunitario y la continuidad del cuidado constituyen pilares fundamentales de los
modelos integrales en salud mental, especialmente en contextos donde los determinantes sociales
influyen significativamente en el bienestar psicológico. A diferencia de abordajes puntuales, el enfoque
comunitario promueve un acompañamiento continuo que fortalece las capacidades individuales,
familiares y comunitarias.
Según la World Health Organization, la continuidad del cuidado implica garantizar trayectorias de
atención coherentes, accesibles y articuladas entre los distintos niveles del sistema de salud,
priorizando la atención primaria como puerta de entrada y eje coordinador del proceso asistencial
(World Health Organization, 2022). En este marco, el seguimiento comunitario permite identificar de
manera temprana recaídas, factores de riesgo psicosocial y barreras de acceso, contribuyendo a la
prevención de complicaciones y a la reducción de hospitalizaciones evitables.
Desde el enfoque del MAIS-FCI, el seguimiento comunitario se concibe como una estrategia activa
que trasciende el espacio institucional, promoviendo la presencia territorial de los equipos de salud, la
atención domiciliaria y la articulación con actores comunitarios. De este modo, se reconoce que el
cuidado en salud mental se construye en el entorno cotidiano de las personas.
La continuidad del cuidado también se sustenta en el fortalecimiento de redes de apoyo formales e
informales, incluyendo la participación de la familia, líderes comunitarios, instituciones educativas y
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servicios sociales. Diversos estudios evidencian que estas redes mejoran la adherencia al tratamiento,
reducen el estigma y favorecen procesos de recuperación sostenibles (World Health Organization, 2021).
No obstante, en la práctica, el seguimiento comunitario enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la
sobrecarga del primer nivel de atención, la escasez de recursos humanos capacitados en salud mental
comunitaria y la fragmentación de los sistemas de información. Estas limitaciones dificultan la
implementación de estrategias continuas y debilitan la respuesta integral del sistema de salud
.
Recomendaciones de políticablica
El fortalecimiento de la salud mental desde un enfoque territorial y comunitario requiere políticas
públicas coherentes con los principios del MAIS-FCI. A partir del análisis realizado, se proponen las
siguientes recomendaciones:
Fortalecer la gobernanza territorial en salud mental, mediante la consolidación de liderazgos
locales y la creación de mesas intersectoriales permanentes que articulen salud, educación,
desarrollo social y justicia.
Integrar la salud mental de manera transversal en el primer nivel de atención, fortaleciendo las
capacidades en detección temprana, seguimiento comunitario y abordaje psicosocial.
Impulsar la articulación intersectorial como política operativa, estableciendo mecanismos
formales que permitan abordar los determinantes sociales de la salud mental (World Health
Organization, 2022).
Fortalecer el seguimiento comunitario y la continuidad del cuidado, priorizando estrategias
sostenidas, redes de apoyo y sistemas efectivos de referencia y contrarreferencia (World Health
Organization, 2021).
Incorporar el enfoque de derechos humanos y la reducción del estigma, promoviendo la
inclusión social, la participación comunitaria y el acceso equitativo a servicios culturalmente
pertinentes.
Mejorar los sistemas de información en salud mental, incorporando indicadores territoriales que
permitan evaluar el impacto de las intervenciones y orientar la toma de decisiones.
En síntesis, los modelos de atención integral en salud mental constituyen un marco fundamental
para el desarrollo de sistemas de salud más equitativos, centrados en las personas y sus comunidades.
Su implementación en el MAIS-FCI representa una oportunidad estratégica para fortalecer la atención
desde el territorio; sin embargo, requiere superar barreras estructurales, consolidar la articulación
intersectorial y garantizar la integración efectiva de la salud mental en la atención primaria.
4. Discusión
La presente investigación evidencia que la salud mental no puede ser comprendida exclusivamente
desde un enfoque clínico-individual, sino que requiere ser analizada desde una perspectiva integral
que incorpore los determinantes sociales. En este sentido, los hallazgos refuerzan la necesidad de
adoptar enfoques estructurales y preventivos, en concordancia con lo señalado por Kirkbride et al.
(2024), quienes destacan que las personas que viven en contextos sociales desfavorables presentan
mayor vulnerabilidad a lo largo del curso de vida, debido a su exposición continua a condiciones
estructurales que perpetúan las desigualdades.
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Los resultados indicaron que la inseguridad financiera y la pobreza constituyen determinantes clave
en la prevalencia de trastornos mentales comunes, afectando con mayor severidad a las mujeres. Este
patrón puede interpretarse desde una perspectiva de estratificación social, donde las desigualdades
económicas configuran una “topología social” que incrementa la exposición a factores de riesgo
psicosocial. Estos hallazgos se alinean con la propuesta de Kirkbride et al. (2024), quienes enfatizan la
necesidad de implementar marcos preventivos orientados a la reducción de inequidades estructurales.
Asimismo, los resultados mostraron que la inestabilidad laboral trasciende la dimensión económica,
influyendo directamente en el desarrollo de problemas de salud mental. El desempleo y la precariedad
laboral no solo limitan el acceso a recursos, sino que también afectan la identidad social, la estabilidad
emocional y el sentido de pertenencia. En concordancia con Sterud et al. (2025), se evidenció que el
desempleo incrementa los niveles de depresión, ansiedad y malestar psicológico en la población
adulta. Aunque el reempleo puede contribuir a mejorar la salud mental, la persistencia de condiciones
laborales precarias continúa representando un factor de riesgo significativo.
En relación con el enfoque de género, se evidenció que las mujeres en contextos de vulnerabilidad
socioeconómica presentan una mayor probabilidad de desarrollar trastornos como ansiedad y
depresión, lo cual puede explicarse por la intersección entre desigualdad económica, carga de cuidados
y exposición a violencia. En concordancia, Martínez-Galiano et al. (2024) señalan que las mujeres que
han experimentado violencia presentan una menor calidad de vida en comparación con aquellas que
no han sido expuestas a estas situaciones. Estos hallazgos subrayan la necesidad de incorporar un
enfoque de género en las políticas de salud mental.
En cuanto a la comparación entre la oferta normativa de servicios y las limitaciones reales, se identificó
una brecha significativa entre lo establecido en el MAIS-FCI y su implementación efectiva en el territorio.
Esta discrepancia evidencia limitaciones estructurales del sistema de salud, particularmente en contextos
rurales, donde la disponibilidad de servicios es restringida. Estos resultados coinciden con lo reportado
por Narez (2025), quien documenta problemáticas similares en el ámbito rural. En este sentido, no solo
se requieren ajustes normativos, sino también estrategias de implementación, financiamiento y
monitoreo que garanticen el cumplimiento efectivo de las políticas públicas.
Los datos obtenidos muestran que las áreas urbanas concentran la mayor proporción de
profesionales de salud mental (más del 70 %), mientras que las zonas rurales, amazónicas y fronterizas
presentan una disponibilidad limitada de recursos. Según Wong-Ayoub, San Andrés-Suárez, et al.
(2022), solo el 23,92 % de los establecimientos de salud ofrece servicios psicológicos o psiquiátricos, lo
que evidencia una cobertura insuficiente.
Estas disparidades pueden explicarse por la escasez de personal capacitado, particularmente con
competencias interculturales y dominio de lenguas indígenas, así como por la limitada disponibilidad
de medicamentos psicotrópicos en el primer nivel de atención, lo que agrava las barreras para una
atención oportuna y continua.
Finalmente, la urbanización se configura como un determinante relevante en la salud mental, al
influir tanto en la exposición a riesgos como en la distribución de recursos sanitarios. En el contexto
ecuatoriano, la concentración de profesionales en provincias como Pichincha y Guayas contrasta con
la escasez en zonas rurales y fronterizas, profundizando las inequidades territoriales.
Estudios recientes señalan que la ansiedad constituye uno de los principales factores de riesgo en
salud mental, influida indirectamente por el entorno físico, la cohesión social y el aislamiento.
Asimismo, las condiciones sociodemográficas, económicas y culturales interactúan de manera
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compleja, generando desigualdades que afectan de forma desproporcionada a grupos vulnerables,
como niños, mujeres y adultos mayores, lo que refuerza la necesidad de intervenciones territoriales e
intersectoriales integrales.
5. Conclusiones
El análisis desarrollado a lo largo de este artículo permite afirmar que la salud mental en el primer
nivel de atención no puede abordarse exclusivamente desde un modelo clínico tradicional, centrado
en el diagnóstico individual y la prescripción farmacológica. Por el contrario, los hallazgos evidencian
la necesidad de un enfoque integral, dado que los problemas de salud mental contemporáneos están
profundamente enraizados en determinantes sociales estructurales, tales como la pobreza, la
precariedad laboral y la violencia de género, los cuales desbordan las capacidades de respuesta de una
consulta médica aislada.
A partir de los resultados, se destaca la necesidad de adoptar un enfoque interseccional y
sociopolítico, que reconozca la complejidad de los contextos sociales y promueva modelos de atención
basados en la justicia social. Asimismo, se requiere la implementación de estrategias e intervenciones
viables y costo-efectivas, orientadas a fortalecer los sistemas de salud mental y reducir las
desigualdades en el acceso y la atención.
En comparación con el marco normativo establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador
(MSP, 2013) y los resultados obtenidos en este estudio, se evidencian brechas significativas en su
cumplimiento, lo que sugiere la necesidad de una reestructuración integral del sistema de salud
mental. En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo e implementación de políticas públicas
efectivas, acompañadas de indicadores de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento de
lo establecido.
Los determinantes sociales, como la pobreza, el desempleo y la violencia, configuran brechas
territoriales significativas en el acceso a servicios de salud mental bajo el MAIS-FCI. Estas se reflejan
en indicadores críticos, como la limitada disponibilidad de especialistas, los prolongados tiempos de
espera y la alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en poblaciones vulnerables,
particularmente en zonas rurales y fronterizas. Frente a este escenario, se hace necesario fortalecer las
capacidades del primer nivel de atención mediante herramientas como el mhGAP, así como impulsar
redes comunitarias intersectoriales, reducir el estigma y promover inversiones orientadas a la equidad
territorial, articulando acciones entre el sector salud, educación y políticas sociales.
La evidencia presentada a partir de la revisión bibliográfica resulta consistente en señalar múltiples
limitaciones estructurales del sistema ecuatoriano, entre las que destacan la fragmentación en el acceso
a servicios especializados, el déficit crítico de profesionales de salud mental en el primer nivel, las
persistentes barreras geogficas en zonas rurales y fronterizas y el estigma asociado a la salud mental,
presente tanto en la sociedad como en los propios equipos de salud. Estos factores configuran un
escenario en el cual la integración de los servicios propuesta por el MAIS-FCI no se materializa
plenamente en la práctica.
Frente a esta evidencia, se pone de manifiesto una deuda pendiente en materia de salud mental
comunitaria dentro de las políticas públicas. Para avanzar hacia su superación, es fundamental
fortalecer la intersectorialidad, mediante la construcción de mecanismos efectivos de articulación entre
los sectores de salud, educación, desarrollo social y justicia, de modo que las intervenciones actúen
directamente sobre los determinantes sociales del malestar psicosocial.
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En segundo lugar, se requiere priorizar la inversión estatal en talento humano, no solo
incrementando el número de especialistas, sino también fortaleciendo las competencias de los equipos
de atención primaria en abordajes psicosociales y comunitarios. En este contexto, iniciativas como el
programa mhGAP de la Organización Mundial de la Salud representan una oportunidad estratégica,
cuya implementación en Ecuador aún no ha sido plenamente aprovechada.
Finalmente, es imprescindible fortalecer las redes comunitarias de apoyo, reconociendo a los
usuarios, familias y líderes locales como actores activos en los procesos de cuidado y no únicamente
como receptores de servicios. Este enfoque permite avanzar hacia un modelo de atención más
participativo, equitativo y centrado en las necesidades reales de la población, consolidando así la
integración efectiva de la salud mental en el primer nivel de atención.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Gilson Fabricio Bolaños Artos: Conceptualización, software, validación, análisis formal, investigación,
redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos,
supervisión.
Brayan Raúl Montenegro Cuaran: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
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Alexandra Belén Sánchez Coyago: Conceptualización, validación, análisis formal, investigación,
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Paola Mishel Valverde Yacelga: Conceptualización, validación, análisis formal, investigación,
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administración del proyecto, recursos, supervisión.
Carlos Andrés Escobar Baldeón: Conceptualización, validación, análisis formal, investigación,
visualización, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.