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Vol. 4 N° 1, enero-junio 2026 (175-186)
ISSN: 3028-8983
175
Artículo de investigación
Contratación pública y transparencia: desafíos en la práctica
nacional
Public procurement and transparency: challenges in national practice
Nelson Xavier Paz Viteri*
Firma legal NEXO GROUP Abogados &
Consultores
Riobamba - Ecuador
nelsonpazviteri@outlook.com
https://orcid.org/0009-0000-1814-0026
Silvia del Carmen Pacheco Logroño
Firma legal NEXO GROUP Abogados &
Consultores
Riobamba - Ecuador
silvypacheco@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0003-9739-8747
María Elena Zúñiga Silva
Consejo de la Judicatura
Riobamba - Ecuador
mariaelenazu@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0009-9644-8240
Luis Antonio Zurita Avalos
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba - Ecuador
lzurita397@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6988-5431
*Correspondencia:
nelsonpazviteri@outlook.com
Cómo citar este artículo:
Paz, N., Pacheco, S., Zúñiga, M., & Zurita, L.
(2026).
Contratación pública y
transparencia: desafíos en la práctica
nacional. Persp
ectivas Sociales y
Administrativas, 4(1), 175-186.
https://doi.org/10.61347/psa.v4i1.139
Recibido: 13 de enero de 2026
Proceso de evaluación:
16 de enero al 24 de febrero de 2026
Aceptado: 27 de febrero de 2026
Publicado: 5 de marzo de 2026
Resumen:
La contratación pública constituye uno de los principales mecanismos
mediante los cuales el Estado adquiere bienes, servicios y obras para el cumplimiento de
sus funciones, configurándose como un instrumento relevante para el desarrollo
económico y social. En este contexto, la transparencia se posiciona como un principio
fundamental de la gestión pública, ya que garantiza el acceso a la información, fortalece
la rendición de cuentas y contribuye a la prevención de la corrupción en el uso de los
recursos públicos. El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la
contratación pública y la transparencia, identificando los principales desafíos en su
aplicación en el contexto ecuatoriano. La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cualitativo, de carácter documental y analítico, mediante la revisión del marco normativo
vigente, el análisis de literatura científica especializada y la identificación de casos
relevantes de contratación pública. Los resultados evidencian la existencia de
problemáticas estructurales, entre las que destacan la corrupción y los sobreprecios en
los procesos contractuales, la insuficiencia de los mecanismos de control institucional, la
prevalencia de intereses particulares sobre el interés colectivo, la limitada participación
ciudadana y las dificultades en el acceso a información clara y oportuna, lo que refleja la
existencia de una brecha significativa entre lo establecido en la normativa y su aplicación
en la práctica administrativa. En conclusión, si bien el Ecuador cuenta con un marco
jurídico orientado a garantizar la transparencia en la contratación pública, su
implementación presenta limitaciones que afectan la efectividad de dichos principios,
por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos de control, mejorar la accesibilidad
y claridad de la información pública, y promover una cultura ética y de participación
ciudadana, con el fin de consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y
orientada al interés general.
Palabras clave: Corrupción, gestión pública, participación ciudadana, recursos públicos,
rendición de cuentas.
Abstract: Public procurement constitutes one of the main mechanisms through which the State
acquires goods, services, and works to fulfill its functions, thus becoming a relevant instrument
for economic and social development. In this context, transparency emerges as a fundamental
principle of public management, as it guarantees access to information, strengthens
accountability, and contributes to the prevention of corruption in the use of public resources. The
objective of this study is to analyze the relationship between public procurement and
transparency, identifying the main challenges in their application within the Ecuadorian context.
The research was conducted under a qualitative, documentary, and analytical approach, through
the review of the current regulatory framework, the analysis of specialized scientific literature,
and the identification of relevant public procurement cases. The results reveal the existence of
structural problems, including corruption and overpricing in procurement processes, insufficient
institutional control mechanisms, the prevalence of private interests over the collective interest,
limited citizen participation, and difficulties in accessing clear and timely information, which
reflects a significant gap between the regulatory framework and its practical implementation. In
conclusion, although Ecuador has a legal framework aimed at ensuring transparency in public
procurement, its implementation presents limitations that affect the effectiveness of these
principles; therefore, it is necessary to strengthen control mechanisms, improve the accessibility
and clarity of public information, and promote an ethical culture and citizen participation, in
order to consolidate a more transparent, efficient, and public-interest-oriented management of
public resources.
Keywords: Accountability, citizen participation, corruption, public management, public
resources.
Copyright: Derechos de autor 2026 Nelson
Xavier Paz Viteri, Silvia del Carmen Pacheco
Logroño, María Elena Zúñiga Silva, Luis
Antonio Zurita Avalos.
Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0.
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1. Introducción
La contratación pública constituye el mecanismo mediante el cual el Estado adquiere bienes, servicios
y ejecuta obras necesarias para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus fines institucionales.
En América Latina, esta actividad adquiere especial relevancia al configurarse como un instrumento
estratégico para el desarrollo económico y social, ya que permite canalizar recursos públicos hacia la
generación de bienestar colectivo y la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo.
En este sentido, una gestión transparente y regulada de la contratación pública contribuye a mejorar
la eficiencia administrativa, promover la competencia entre proveedores y prevenir prácticas de
corrupción. Esto se logra mediante la aplicación de marcos normativos y la intervención de organismos
de control que garantizan procesos equitativos y verificables (Faz et al., 2023).
En este contexto, la contratación pública se vincula estrechamente con la gestión del presupuesto
estatal, el cual constituye una herramienta fundamental para la administración eficiente de los recursos
públicos. El presupuesto, entendido como una estimación financiera orientada a satisfacer necesidades
institucionales mediante la adquisición de bienes y servicios, cumple una función referencial dentro
de los procesos de contratación.
Asimismo, el presupuesto sustenta la planificación de las compras públicas en función de las
prioridades institucionales y permite desarrollar mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
Estos mecanismos facilitan determinar la viabilidad técnica, financiera y administrativa de los procesos
contractuales entre el Estado y los proveedores (Álvarez, 2020).
Desde el punto de vista institucional, en Ecuador la contratación pública se estructura a partir de la
interacción de tres actores principales. En primer lugar, el Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP), en su calidad de órgano rector, es responsable de regular, dirigir y establecer las políticas
y normativas del sistema a nivel nacional (SERCOP, 2018).
En segundo lugar, las entidades contratantes pertenecientes al sector público gestionan los procesos
de adquisición de bienes, servicios y obras conforme a sus necesidades institucionales y a la normativa
vigente. Finalmente, los proveedores del Estado, personas naturales o jurídicas registradas en el
Registro Único de Proveedores (RUP), participan ofertando bienes y servicios al sector público.
La interacción entre estos actores permite garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios
destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad. De esta manera, la contratación pública se
consolida como un instrumento de gestión estatal que incide directamente en la ejecución de políticas
públicas y en la administración eficiente del gasto público (Bajaña & Fajardo, 2019).
Por otra parte, la contratación pública se desarrolla a través de un proceso estructurado en
diversas etapas. La fase de planificación o preparación corresponde al ámbito interno de la entidad
contratante, donde se definen las necesidades institucionales, el presupuesto disponible, los estudios
previos y los pliegos de contratación.
Esta fase se desarrolla en concordancia con el Plan Anual de Contratación y culmina con la
aprobación y publicación del proceso. Posteriormente, la etapa precontractual comprende la
convocatoria a los oferentes, la presentación de propuestas, la absolución de consultas y la evaluación
técnica y económica de las ofertas hasta la adjudicación.
La etapa contractual incluye la suscripción del contrato y la definición de sus condiciones de
ejecución. Posteriormente, la fase postcontractual permite verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y las garantías establecidas, garantizando así la correcta ejecución de los procesos de
contratación pública (Ramírez, 2023; SERCOP, 2022).
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En este marco, la transparencia se posiciona como uno de los principios fundamentales que
orientan la contratación pública. Este principio implica el acceso a información clara, oportuna y
verificable sobre las actuaciones del Estado, así como la participación de la ciudadanía en el control
de la gestión pública.
Diversos estudios evidencian que la corrupción se manifiesta en distintos ámbitos de la
administración pública, afectando la credibilidad institucional y el uso adecuado de los recursos
públicos. Dentro de este escenario, la contratación pública se considera uno de los sectores
particularmente vulnerables a prácticas de corrupción (Gudiño, 2022).
En consecuencia, el control social y la participación ciudadana constituyen mecanismos
fundamentales para fortalecer la rendición de cuentas y consolidar prácticas democráticas en la gestión
pública. Estos mecanismos permiten vigilar el uso de los recursos estatales y promover una gestión
pública más transparente y responsable.
En esta línea, la transparencia se concibe como uno de los principales mecanismos para prevenir la
corrupción, debido a que los actos corruptos se caracterizan por la opacidad y la falta de control
público. Mientras la transparencia promueve conductas éticas orientadas al cumplimiento de los fines
del Estado, la corrupción implica desviaciones en el ejercicio de la administración pública (Lee, 2024).
Estas desviaciones suelen estar dirigidas a intereses particulares que afectan el bienestar colectivo
y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por tanto, la ausencia de
transparencia limita la capacidad del sistema de contratación pública para prevenir prácticas
indebidas en la gestión estatal.
De esta manera, la transparencia en la contratación pública se configura como un elemento clave
para fortalecer la confianza ciudadana, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de los
recursos públicos. Su implementación permite garantizar un manejo responsable del gasto público y
reducir los riesgos asociados a prácticas de corrupción (Ochoa, 2024).
Además, la transparencia promueve el acceso a la información, la participación ciudadana y el
desarrollo de una administración pública abierta y responsable. Estos elementos fortalecen la
legitimidad institucional y favorecen la consolidación de prácticas democráticas en la gestión pública.
No obstante, a pesar de la existencia de un marco normativo que regula la contratación pública
en Ecuador, persisten desafíos significativos en su aplicación. Entre estos se destaca el
incumplimiento recurrente de la normativa y de los procedimientos establecidos en las diferentes
fases del proceso contractual (Arroyo, 2022).
Esta situación se ve agravada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento, así
como por una limitada cultura organizacional orientada al cumplimiento de normas y a la
transparencia en la gestión pública. Estas condiciones pueden generar vulnerabilidades dentro del
sistema de contratación estatal.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) establece principios
orientadores que garantizan la correcta aplicación de los procesos contractuales. Entre estos
principios destacan la legalidad, igualdad, trato justo, calidad, oportunidad, concurrencia,
transparencia y publicidad.
Asimismo, el principio de vigencia tecnológica promueve el uso de herramientas digitales para
mejorar la eficiencia del sistema, mientras que la participación nacional fomenta la inclusión de
proveedores locales en los procesos de contratación pública (Viscarra, 2021).
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Sin embargo, diversos estudios evidencian que existe una brecha significativa entre lo establecido
en el marco normativo y su aplicación efectiva en la práctica administrativa, lo que limita la efectividad
de los principios de transparencia, control y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Esta situación evidencia la necesidad de profundizar en el análisis de los factores que inciden en la
transparencia de los procesos de contratación pública en el contexto ecuatoriano. En este contexto, el
objetivo del presente estudio es analizar la relación entre la contratación pública y la transparencia,
identificando los principales desafíos que afectan su aplicación en el Ecuador.
De manera específica, se busca examinar el marco normativo que regula la contratación pública,
identificar problemáticas relacionadas con la transparencia en los procesos contractuales y analizar los
desafíos señalados en la literatura científica, con el propósito de evidenciar la brecha existente entre la
normativa y su aplicación práctica en la gestión de los recursos públicos.
2. Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante un método documental
y analítico, orientado al estudio de la transparencia en la contratación pública y los principales desafíos
que enfrenta en la práctica ecuatoriana. El objetivo del estudio consiste en analizar el marco normativo
y su aplicación práctica para identificar las limitaciones que afectan la garantía del principio de
transparencia en los procesos de contratación pública.
Para ello, se empleó el método jurídico, a través del análisis de la normativa vigente en el Ecuador,
incluyendo la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su reglamento, y otras disposiciones legales relacionadas. Este análisis permitió
identificar los principios, mecanismos de control y obligaciones institucionales vinculadas con la
transparencia en la gestión contractual del sector público.
Adicionalmente, se realizó una revisión documental de literatura científica, informes institucionales
y publicaciones de organismos internacionales, con el propósito de examinar los principales desafíos
asociados a la transparencia en la contratación pública. Entre estos se destacan la corrupción, la
insuficiencia de mecanismos de control, la brecha entre la normativa y su aplicación práctica, las
limitaciones en el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos de control social.
Asimismo, se incorporó el análisis de casos relevantes de contratación pública en el contexto
ecuatoriano, los cuales permitieron evidenciar la aplicación práctica del marco normativo y las
limitaciones existentes en el cumplimiento efectivo de los principios de transparencia. Este análisis
contribuyó a ilustrar cómo determinadas debilidades institucionales pueden afectar la correcta
ejecución de los procesos contractuales.
El análisis de la información se desarrolló mediante un enfoque categorial, organizando los
hallazgos en función de las principales problemáticas identificadas en la literatura y en el marco
normativo. Este procedimiento permitió contrastar el contenido de la normativa con la realidad de su
aplicación en la gestión pública.
De esta manera, la investigación busca generar una comprensión integral de los desafíos que
enfrenta la transparencia en la contratación pública, evidenciando la existencia de una brecha
significativa entre lo establecido en el marco jurídico y su implementación efectiva en la práctica
administrativa del sector público.
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3. Desarrollo
Análisis jurídico de la contratación pública
La transparencia en la contratación pública en el Ecuador se fundamenta en el marco constitucional,
particularmente en la Constitución de la República del Ecuador (2008), la cual reconoce el derecho de
acceso a la información pública (Art. 18) y establece que la administración pública debe regirse por
principios como transparencia, eficiencia, responsabilidad y rendición de cuentas (Arts. 226 y 227). Este
marco constitucional garantiza que la gestión de los recursos públicos sea accesible, verificable y sujeta
a control social.
En este contexto, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008), publicada
en el Suplemento del Registro Oficial N.º 395 de 4 de agosto de 2008, establece la obligatoriedad de que
las instituciones del sector público realicen sus procesos de contratación a través del portal oficial de
compras públicas. Asimismo, incorpora principios como transparencia, publicidad, igualdad y
concurrencia, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la correcta utilización de los
recursos estatales.
El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública desarrolla
estos principios al establecer la obligación de publicar todas las fases del proceso de contratación,
incluyendo convocatorias, pliegos, ofertas, adjudicaciones y contratos. Este mecanismo permite
asegurar la trazabilidad de los procesos contractuales y fortalecer el acceso a la información por parte
de la ciudadanía.
Por su parte, la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
regula el funcionamiento del portal de compras públicas, estandariza los procedimientos y define
lineamientos para la publicación de información contractual, lo que contribuye a fortalecer la
transparencia y el control en los procesos de contratación del Estado.
Adicionalmente, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP,
2004) establece la obligación de las instituciones públicas de difundir información relevante sobre su
gestión, permitiendo a los ciudadanos ejercer control social sobre el uso de los recursos públicos.
A su vez, el Código Orgánico Administrativo (2017) y la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado (2002) refuerzan el principio de transparencia mediante la exigencia de motivación de los actos
administrativos y la implementación de mecanismos de control y auditoría. Por otra parte, el Código
Orgánico Integral Penal (2014) sanciona los actos de corrupción vinculados con la gestión pública,
consolidando un marco jurídico orientado a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la
contratación pública.
Casos que evidencian problemas de transparencia en la contratación pública
La experiencia ecuatoriana demuestra que, a pesar de la existencia de un marco normativo orientado
a garantizar la transparencia, persisten problemas estructurales en su aplicación práctica. En este
sentido, el caso Odebrecht en Ecuador constituye uno de los ejemplos más representativos de
corrupción en la contratación pública, en el cual se evidenciaron pagos de sobornos para la
adjudicación de contratos de infraestructura pública.
Este caso refleja cómo los intereses particulares pueden prevalecer sobre el interés colectivo, así
como las limitaciones existentes en los mecanismos de control y supervisión, evidenciando una
marcada brecha entre lo establecido en la normativa y su aplicación efectiva.
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De acuerdo con Hidalgo et al. (2020), Odebrecht implementó una amplia red de corrupción para
asegurar contratos públicos, pagando aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en once
países de América Latina con el fin de obtener más de 100 proyectos de infraestructura. En Ecuador,
la empresa habría pagado alrededor de 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016 a funcionarios
públicos y empresarios para obtener beneficios en procesos de contratación pública.
Entre los proyectos vinculados con estas irregularidades se encuentran la Hidroeléctrica San
Francisco y el Poliducto Pascuales–Cuenca, donde se utilizaron empresas con ventajas fiscales y
estructuras financieras paralelas para canalizar pagos ilícitos, empleando intermediarios para asegurar
la adjudicación de contratos en sectores estratégicos.
De manera similar, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 se registraron
diversas irregularidades en procesos de contratación pública, especialmente en la adquisición de
insumos médicos y equipos de bioseguridad. El estudio de Álvarez (2020) señala que la contratación
pública en Ecuador durante la emergencia sanitaria estuvo afectada por sobreprecios significativos,
registrándose contrataciones sobrevaloradas en comparación con los precios reales del mercado, lo que
generó impactos negativos en la eficiencia del gasto público.
En particular, se identificaron irregularidades en la adquisición de mascarillas N95 y trajes de
protección, los cuales fueron adquiridos a precios considerablemente superiores a su valor comercial,
evidenciando debilidades en los mecanismos de control y supervisión en contextos de emergencia. Por
su parte, Escobar et al. (2020) señalan que la contratación pública en Ecuador enfrenta desafíos
significativos durante los estados de excepción, debido a vacíos normativos y a la discrecionalidad en
la toma de decisiones administrativas.
Entre los principales problemas identificados se encuentra la falta de una distinción clara entre los
conceptos de “urgencia” y “emergencia” dentro del marco legal, lo cual permite la omisión de
procedimientos esenciales en los procesos de contratación, generando condiciones propicias para
irregularidades y actos de corrupción. En el ámbito de las empresas públicas, los procesos
contractuales vinculados a Petroecuador han sido objeto de múltiples investigaciones por presuntas
irregularidades, incluyendo direccionamiento de contratos y sobreprecios en obras y servicios.
De acuerdo con Carrera & Albán (2025), Petroecuador ha estado involucrada en diversos escándalos
de corrupción en los últimos años, en los cuales funcionarios y ejecutivos habrían recibido sobornos a
cambio de favorecer contratos relacionados con la adquisición de bienes y servicios, así como con la
manipulación de precios en procesos contractuales.
Por otra parte, informes de la Contraloría General del Estado han identificado reiteradas
irregularidades en procesos de contratación pública en distintos niveles de gobierno, relacionadas con
deficiencias en la planificación, ausencia de estudios técnicos adecuados y problemas en la ejecución
de contratos. Estas observaciones evidencian una persistente brecha entre el marco normativo y la
práctica administrativa, así como limitaciones en los mecanismos de control institucional y en el acceso
a información clara y oportuna.
Principales desafíos en la contratación pública
La corrupción y los sobreprecios constituyen uno de los principales problemas en la contratación
pública, debido a la elevada cantidad de recursos que se gestionan en estos procesos. Prácticas como
la colusión entre proveedores, el direccionamiento de contratos y la manipulación de precios generan
un uso ineficiente de los fondos públicos y afectan directamente el interés colectivo.
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En particular, los sobreprecios evidencian fallas en la planificación, en los estudios de mercado y en
los mecanismos de supervisión, lo que incrementa el riesgo de actos de corrupción y reduce la
eficiencia del gasto público. El estudio de Araujo et al. (2025) señala que la corrupción en la contratación
pública constituye una barrera estructural, manifestándose en prácticas como el soborno, el tráfico de
influencias y la colusión en licitaciones, lo cual puede incrementar los costos de las compras públicas
entre un 10 % y un 30 %.
Otro desafío importante es la insuficiencia de mecanismos de control, que se manifiesta en la
limitada capacidad institucional para supervisar de manera preventiva los procesos de contratación.
En muchos casos, los controles son de carácter posterior, es decir, se realizan una vez ejecutado el
contrato, lo que dificulta la detección temprana de irregularidades y reduce la capacidad preventiva
del sistema de control.
Asimismo, la falta de coordinación entre las instituciones de control, la escasez de recursos
técnicos y humanos, y la débil aplicación de sanciones contribuyen a la persistencia de prácticas
inadecuadas dentro del sistema de contratación pública. Según Yomona et al. (2025), la ausencia de
mecanismos efectivos de control y supervisión favorece prácticas poco éticas, como la selección de
contratistas sin criterios técnicos sólidos o la deficiente verificación de la calidad de las obras y
servicios contratados.
Otro problema relevante es la prevalencia del lucro individual sobre el interés colectivo, situación
que se presenta cuando los procesos de contratación son utilizados para beneficiar intereses
particulares en lugar de satisfacer necesidades públicas. Esta problemática se relaciona directamente
con la corrupción y la discrecionalidad administrativa, lo que debilita la confianza ciudadana en las
instituciones y compromete la eficiencia del gasto público.
Díaz (2019) sostiene que la corrupción busca el mayor beneficio económico particular con el menor
esfuerzo, lo cual evidencia que la motivación principal de los actores corruptos es el lucro individual,
generalmente en detrimento del interés público. La brecha entre la normativa y la práctica constituye
también un desafío estructural en la contratación pública ecuatoriana. Aunque existe un marco legal
robusto que promueve la transparencia, la igualdad y la eficiencia, su aplicación no siempre se
materializa en la práctica administrativa.
Factores como la falta de capacitación continua de los servidores públicos, la débil supervisión
institucional y la complejidad burocrática dificultan el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
En este sentido, Chicaiza & Carriel (2025) señalan que la falta de capacitación permanente en los
servidores públicos limita su capacidad de adaptación a nuevos requisitos normativos y tecnológicos,
lo cual resulta crítico en un entorno institucional en constante transformación.
El acceso a la información constituye otro aspecto clave en materia de transparencia. Aunque la
normativa exige la publicación de los procesos de contratación, en la práctica la información suele
presentarse de forma incompleta, dispersa o en formatos técnicos poco accesibles para la ciudadanía.
Esta situación limita el control social y dificulta la identificación de posibles irregularidades,
reduciendo el impacto de la transparencia como mecanismo de prevención de la corrupción.
De acuerdo con Jara et al. (2024), la ciudadanía demanda información más detallada sobre los
procesos de contratación, incluyendo expedientes completos, especificaciones de proveedores
adjudicados, informes de denuncias y anexos contractuales, lo que evidencia una brecha entre la
información publicada por las instituciones y las necesidades informativas de la sociedad.
Finalmente, la participación ciudadana en los procesos de contratación pública continúa siendo
limitada. Aunque existen mecanismos formales para el acceso a la información y la presentación de
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denuncias, factores como el desconocimiento de los procedimientos, la complejidad técnica de la
información y la limitada cultura de control social reducen la intervención efectiva de la ciudadanía.
En este sentido, Saltos-Navarrete & Mantuano-Zambrano (2023) destacan que la participación
ciudadana constituye un elemento esencial para fortalecer la transparencia, ya que permite visibilizar
la gestión pública, promover la rendición de cuentas y detectar irregularidades en las distintas fases
de los procesos de contratación.
4. Discusión
Los resultados del estudio evidencian que la contratación pública en el contexto ecuatoriano enfrenta
diversos desafíos estructurales que limitan la efectividad del principio de transparencia. Entre los
principales problemas identificados se encuentran la corrupción y los sobreprecios, la insuficiencia de
los mecanismos de control, la prevalencia del lucro individual sobre el interés colectivo, la brecha entre
la normativa y su aplicación práctica, las limitaciones en el acceso a la información y la escasa
participación ciudadana.
Estos hallazgos permiten inferir que, a pesar de la existencia de un marco normativo orientado a
garantizar la transparencia, su implementación práctica presenta debilidades institucionales que
afectan la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
En este sentido, la persistencia de la corrupción y de los sobreprecios en los procesos de contratación
pública confirma que este ámbito continúa siendo uno de los más vulnerables dentro de la gestión
estatal. Molina & Arrias (2022) señalan que la corrupción ha estado históricamente vinculada a la
contratación administrativa, lo cual evidencia las dificultades estructurales para implementar
mecanismos de control eficaces en sistemas burocráticos complejos.
Este fenómeno se manifiesta en distintos niveles de la administración pública, pero adquiere
especial relevancia en los procesos de contratación, debido al alto volumen de recursos financieros que
se gestionan, lo que incrementa el riesgo de prácticas indebidas y conflictos de interés. En este contexto,
la contratación pública constituye un instrumento estratégico para el desarrollo económico y social,
por lo que las irregularidades en su gestión afectan directamente el bienestar colectivo y la eficiencia
del gasto público (Faz et al., 2023).
Por otra parte, la insuficiencia de los mecanismos de control emerge como uno de los factores que
favorecen la persistencia de irregularidades en los procesos contractuales. En la práctica, los controles
institucionales suelen aplicarse de forma posterior a la ejecución del contrato, lo que limita su
capacidad preventiva y reduce la posibilidad de detectar irregularidades en etapas tempranas del
proceso.
Esta situación se ve agravada por la limitada coordinación entre las instituciones responsables de la
supervisión y el control, así como por la falta de seguimiento sistemático en las distintas fases del
proceso contractual. En consecuencia, se configura un sistema vulnerable caracterizado por el
incumplimiento recurrente de la normativa y por la ausencia de una cultura organizacional orientada
al cumplimiento normativo y a la eficiencia institucional (Arroyo, 2022).
Asimismo, el predominio del lucro individual sobre el interés colectivo constituye una problemática
relevante en la gestión pública, especialmente en contextos donde los sistemas de control y supervisión
presentan debilidades estructurales. La ausencia de una cultura ética consolidada en la administración
pública contribuye a la persistencia de prácticas orientadas a la obtención de beneficios particulares en
detrimento del interés general.
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En este contexto, la transparencia, estrechamente vinculada con los principios de ética pública y
responsabilidad administrativa, debería orientar la actuación de los servidores públicos hacia la
protección del interés colectivo (Ochoa, 2024). Sin embargo, la prevalencia de intereses individuales
debilita la legitimidad de los procesos de contratación y afecta la confianza ciudadana en las
instituciones públicas.
Otro de los hallazgos relevantes del estudio es la existencia de una brecha significativa entre el
marco normativo y su aplicación efectiva en la práctica administrativa. Aunque la normativa
ecuatoriana establece principios fundamentales como la legalidad, la igualdad, la transparencia y la
concurrencia, orientados a garantizar procesos de contratación equitativos y eficientes (Viscarra, 2021),
su cumplimiento no siempre se materializa en la gestión pública.
Como señala Faz (2025), el incumplimiento de principios como el equilibrio, la libertad y la igualdad
dentro de los procesos contractuales evidencia limitaciones en la autonomía y equidad de los actores
involucrados, lo que puede generar escenarios de discrecionalidad administrativa y desigualdad en
los procesos de adjudicación. Esta situación pone de manifiesto una discrepancia entre el marco
normativo y la realidad operativa, lo que debilita la transparencia institucional y compromete la
correcta gestión de los recursos públicos.
En este contexto, la transparencia en la contratación pública debe entenderse no solo como un
principio normativo, sino también como un elemento fundamental para la legitimidad y sostenibilidad
de la gestión estatal. No obstante, su implementación efectiva enfrenta múltiples limitaciones
institucionales, lo que genera una brecha entre los estándares jurídicos establecidos y la práctica
administrativa cotidiana.
Aunque la normativa promueve el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana, en la práctica persisten dificultades relacionadas con la comprensión de la información
pública, la limitada intervención social en los procesos de control y la debilidad de los mecanismos
institucionales de supervisión (Ochoa, 2024).
En consecuencia, los resultados del estudio evidencian que la transparencia no puede concebirse
únicamente como una obligación formal establecida en la normativa, sino como un proceso integral
que requiere el fortalecimiento institucional, la mejora de los mecanismos de control y la consolidación
de una cultura ética en la gestión pública.
Asimismo, resulta necesario promover la simplificación y accesibilidad de la información pública,
así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de incrementar el control
social y mejorar la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública.
Solo mediante la implementación articulada de estas estrategias será posible reducir la brecha entre
la normativa y la práctica, garantizando una contratación pública más transparente, eficiente y
orientada al interés general.
5. Conclusiones
La contratación pública en el Ecuador se sustenta en un marco normativo robusto que promueve
principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas, a
través de instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(2008) y su normativa complementaria. No obstante, los resultados del estudio evidencian la existencia
de una brecha significativa entre lo establecido en el marco normativo y su aplicación efectiva en la
práctica administrativa, lo que limita la materialización de dichos principios en la gestión pública.
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El análisis de casos relevantes permitió identificar la persistencia de problemáticas estructurales,
tales como la corrupción, los sobreprecios, la discrecionalidad en la toma de decisiones y la debilidad
de los mecanismos institucionales de control. Estas situaciones evidencian que el principio de
transparencia no siempre se implementa de manera efectiva en los procesos de contratación, lo que
afecta la eficiencia en el uso de los recursos públicos y debilita la confianza ciudadana en las
instituciones del Estado.
En cuanto a los principales desafíos identificados, destacan la insuficiencia de controles preventivos,
la limitada participación ciudadana en los procesos de control social, las dificultades en el acceso a
información clara, comprensible y oportuna, así como la prevalencia de intereses particulares sobre el
interés colectivo. Estos factores demuestran que, en muchos casos, la transparencia se mantiene en un
plano formal o normativo, sin garantizar un control efectivo sobre la gestión de los recursos públicos.
En consecuencia, se concluye que el fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública
requiere no solo del cumplimiento formal de la normativa vigente, sino también del fortalecimiento de
los mecanismos de control institucional, la mejora en la accesibilidad y claridad de la información
pública, la promoción de una cultura ética en la administración pública y el impulso de mecanismos
efectivos de participación ciudadana.
La implementación articulada de estas estrategias permitirá reducir la brecha existente entre la
normativa y la práctica, contribuyendo a consolidar un sistema de contratación pública más
transparente, eficiente y orientado al interés general.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Nelson Xavier Paz Viteri: Conceptualización, metodología, software, análisis formal, investigación,
gestión de datos, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición,
financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Silvia del Carmen Pacheco Logroño: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal,
investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos, supervisión.
María Elena Zúñiga Silva: Conceptualización, análisis formal, investigación, gestión de datos,
redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.
Luis Antonio Zurita Avalos: Validación, análisis formal, investigación, gestión de datos, visualización,
redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
